El épico ridículo de la PGR

Ya habíamos tocado aquí el punto de que el caso Duarte era de vital importancia para la administración peñista. Que un expedito y transparente proceso harían maravillas por lavar (en parte) su legado en lo que a combate a la corrupción respecta y por reforzar la imagen de su partido de cara a 2018.

Esa era mi lectura del asunto, pero evidentemente la gente que decide piensa diferente.

En lo que fue el primer round de una batalla legal que promete ser larga (o quizá no, visto lo visto) la PGR hizo el absoluto ridículo en la audiencia inicial, o de imputación. En dicha audiencia, lo único que los tres agentes del ministerio público tenían que hacer era explicar por qué y con qué evidencia se demandaba a Javier Duarte; acaso responder algunas preguntas que la defensa pudiera tener para que ésta, en posteriores audiencias, pudiera preparar una defensa. No se pudo hacer ni eso.

La PGR acusa a Duarte del lavado de más de 438 millones de pesos. En la audiencia sólo pudo explicar con datos la salida de 38.5 millones de la Secretaría de Educación de Veracruz. ¿Y los desfalcos al seguro popular? ¿Y el montón de licitaciones amañadas para favorecer a empresas fantasmas y de prestanombres? Bien gracias.

Mientras el abogado defensor se frotaba las manos por el regalo envuelto que la Procuraduría le dejaba sobre la mesa; Gerardo Moreno García,  juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, apretaba los dientes. Los datos que presentaban los tres agentes del ministerio público ni siquiera coincidian con los que la propia Procuraduría le había facilitado hace unos meses, cuando solicitaron la orden de aprehensión.

“Cuando libré la orden de aprehensión, los fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben incongruencia”

Y es que esa es otra, es la tercera vez que la PGR presenta diferentes agentes del Ministerio Público en audiencias relacionadas con esta causa penal. Como si no hubiera una persona a cargo, y el caso símplemente se fuera deshaogando o rotando entre quien esté disponible en ese momento.

No está todo perdido, pero definitivamente es un tropiezo grave. Con veinte preguntas simples la defensa consiguió desbaratar los argumentos de la parte demandante. Ni siquiera necesitó presentar evidencia o documentos. ¿Así nos pide Gobernación que tengamos fe en la Procuraduría?

El sábado hay otra audiencia, esta vez para determinar si hay elementos suficientes para ir a juicio contra el exgobernador. Con este antecedente, si yo fuera mandamás, estaría verdaderamente preocupado (y ocupado) en no repetir el fiasco, en preparar a mis fiscales y armar un caso que pueda sostenerse. No debe ser tan difícil, cuestión de ordenar las ideas. El problema es ¿Lo harán? ¿O en lo que sería una terrible victoria para la impunidad el juicio del sexenio jamás llegará a tribunales? Habrá que esperar y ver.