miércoles, 20 de marzo de 2019

Dos Bocas

La refinería de Dos Bocas es una de las tantas mega-obras que la administración entrante se comprometió a levantar en tiempo récord y a precios tan bajos que parecen imposibles. Es también la cara más visible del llamado “rescate de PEMEX”, pilar fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel y su partido. Precisamente por eso llama muchísimo la atención todo lo que rodea a la obra y la historia que este lunes, en el aniversario de la expropiación petrolera, dio una nueva vuelta de tuerca. 

Si no le ha seguido la pista a la historia, permítame hacerle un recuento rápido: En septiembre del año pasado, antes de que el nuevo presidente entrara en funciones, las 222 hectáreas de terreno asignado para la obra en Dos Bocas, Tabasco, fueron limpiadas de vegetación (selva media, árboles de 15 a 30 metros de altura) sin ningún estudio de impacto ambiental ni los permisos correspondientes. En octubre se hizo público que una refinería de la capacidad prometida, necesitaba en realidad casi el doble de espacio. Incluso utilizando todo el terreno (no solamente la superficie limpiada) el sitio se quedaba corto y además ponía en riesgo a las comunidades aledañas. Pudiera ser necesaria la reubicación de la colonia Lázaro Cárdenas, por ejemplo, pero tampoco hay un estudio de impacto social para confirmarlo a pesar de que dichos estudios de impacto ambiental y social son obligatorios según el Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos.



Quedó en eso, hasta que el martes 12 de marzo, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, mencionó para el Financial Times que la obra se retrasaría para liberar recursos para aumentar la producción de PEMEX. Andrés Manuel salió a desmentirlo ese mismo día: "No hay retrasos en la construcción. Estamos muy bien y se va a construir la refinería, se va a terminar en tres años como se contempló y va a costar entre 6 mil a 8 mil millones de dólares". Ya saben, el tipo de señales claras que envía un gobierno unido y con rumbo firme.

El presidente aprovechó también para decir que se anunciaría la licitación el 18 de marzo. Sólo que lo que anunció el lunes no es una licitación abierta, sino por “invitación restringida”. Esto significa que sólo cuatro empresas, las que el gobierno definió como meritorias, podrán participar en la “licitación”. Andrés Manuel explica que esto es para evitar “otro caso Odebrecht”. Va, entonces ¿a quiénes les dio el visto bueno la cuarta transformación? Aquí es donde la cosa se pone aún más rara: 

Bechtel-Technic, una de las cuatro, se vio vinculada a un caso de corrupción por la justicia británica apenas en septiembre de 2018. La empresa Al Badie se declaró culpable de repartir sobornos en los Emiratos Árabes Unidos para obtener contratos de obra pública; Bechtel utilizó los servicios de Al Badie para ganar una licitación para construir una refinería de 600 millones de dólares en Abu Dabi. 

Sobre Worley Parsons-Jacobs pesó, en 2012, una investigación de la Policía Federal Australiana sobre pagos sospechosos realizados por funcionarios de Leighton para asegurar contratos de petróleo en Irak, según The Australian.

A la empresa con sede en Francia, Technip, el departamento de Justicia de Nigeria le abrió una averiguación por presuntos sobornos cometidos entre 1995 y 2004, para obtener contratos de Nigeria LNG Limited para la construcción de instalaciones para la producción de gas natural licuado, publicó el medio Contralínea en 2012.

Y finalmente, El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en febrero de 2012 que el exdirector general de servicios petroleros de KBR, Albert Stanley, fue condenado a 30 meses de prisión y a restituir 10.8 millones de dólares a su antigua empresa por el mismo caso de corrupción en Nigeria con el que estuvo vinculada Technip,

Dejando de lado la discusión de si la construcción de una refinería nueva es aconsejable o necesaria en un mercado que claramente apunta a una constante caída de la demanda de combustible en los próximos años; las formas en las que se está llevando a cabo todo su proceso de construcción obligan a por lo menos arquear la ceja y pedir explicaciones. ¿Por qué no existen los permisos que marca la ley? ¿Por qué no es una licitación abierta, como marca la ley? ¿A quién le creemos respecto a si hay o no hay lana, a Presidencia o a Hacienda? ¿Por qué el gobierno decide ignorar los historiales de corrupción de sus invitados a la “licitación”?

Hay mucho que desempacar en el tema de Dos Bocas y hay que estar atentos. No se sorprenda si resulta luego ser un caso clásico de corrupción y desvío de recursos en un megaproyecto.

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