La semana pasada decíamos que el gobierno lopezobradorista parecía estar olvidando su responsabilidad más crítica: la seguridad de los mexicanos y el imperio y la aplicación de la ley. Ayer martes, esa sospecha quedó preocupantemente confirmada.
La secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, mencionó ayer que el gobierno federal se encuentra “dialogando” con “muchos grupos” que les han “manifestado que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz”
Negociar con grupos criminales nunca ha sido una opción viable: Desde el punto de vista legal, es imposible. Ningún funcionario tiene la capacidad legal de decidir a quienes se les aplica la ley y a quienes no; por lo que los únicos términos aceptables para el estado mexicano es la rendición absoluta de los criminales y su entrega incondicional, seguida de juicios y su respectivas sentencias. Si usted fuera criminal, en libertad y ganando buen dinero por sus fechorías ¿se sujetaba a estos términos?
Desde el punto de vista moral es también complicadísimo de justificar. Estos criminales han apagado la vida de cientos de miles de mexicanos, destrozado familias y sembrado la inseguridad y el miedo en cientos de poblaciones. Hay gente que sigue buscando a sus desaparecidos y brigadas completas de voluntarios tocados por el crimen organizado que se dedican a buscar fosas comunes en la sierra, esperando encontrar los restos de sus familiares y un cierre a la incertidumbre y a la tragedia. ¿Se les va a negar la justicia a estas personas?
Asumamos, sin embargo, que el impedimento legal y moral no existe; que realmente se puede ofrecer una amnistía al crimen organizado. ¿Qué motivación pudieran tener los capos de la droga para aceptarla y abandonar su negocio? ¿Qué podría ofrecerles el gobierno que realmente interesara a estos criminales?
No le temen al Estado. Se han registrado ataques a la Guardia Nacional en Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Chiapas llevados a cabo por narcotraficantes, huachicoleros, robatrenes o contrabandistas. Tampoco le hacen feo a la sangre. Si la matanza los asustara, jamás recurrirían a ella en primer lugar. El dinero puede más y hasta el sicario más novato se está embolsando cinco o seis veces la friolera que el gobierno federal ofrece en sus programas sociales.
“Un sicario puede llegar a ganar hasta 30 mil pesos y un jefe de sicarios, dependiendo de cómo esté la plaza y cuánta gente tenga a su mando, puede recibir hasta 50 mil pesos al mes” Reveló un miembro del cartel Jalisco Nueva Generación
Por otro lado ¿Qué garantías puede ofrecerle el criminal al estado mexicano de que cumplirá cualquier clase de arreglo? Nada ata a estos personajes y si pueden llevar a cabo sus actividades criminales sin mayor contratiempo con las fuerzas del orden persiguiéndoles ¿Con cuánta facilidad no podrían seguir haciéndolo luego de negociar algún tipo de acuerdo para sacárselos de encima?
Al tema se le puede seguir escarbando, sin embargo. Y mientras más se le escarba mejor y más escabroso se pone. Los grupos criminales con los que se está reuniendo la secretaria ¿respaldaron la candidatura de López Obrador en la elección presidencial del 2018? ¿La negociación propuesta es AMLO pagando cuentas pendientes?
Después de hacerse público el video de la declaración de Olga Sánchez, la cuenta de Twitter de la SEGOB aclaró que “las supuestas expresiones, en relación a una supuesta intención de diálogo del Gobierno Federal con bandas del crimen organizado, son falsas” ¿A quién le creemos, a la secretaria o a la Secretaría? Y si son falsas ¿Por qué asegura el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, tuvo una reunión el pasado 1 de agosto con Octavio Leal Moncada, integrante de la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo asociado con el Cártel del Golfo?
Si nos da terror de lo que nos enteramos, imagínense cómo están las cosas de las que no nos enteramos...
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