Las dos (Tremendas) Cortes

Esta semana se dieron dos pequeñas grandes tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Victorias que invitan a pensar que nuestro Poder Judicial aún tiene la independencia necesaria para hacerse valer en el acuerdo tripartita en el que está dividido el Estado en México.

En primer lugar, el ministro presidente de la corte, Arturo Zaldívar, rechazó ampliar su mandato y concluirá su periodo el 31 de diciembre de 2022, tal y como marca la Constitución. Por más que el presidente de la República hubiera preferido que Zaldívar extendiera su periodo dos años más para encabezar la “transformación” del Poder Judicial, y por más que impulsaran la reforma judicial con un artículo transitorio incorporado de última hora para darle un atisbo de “legalidad” al asunto, prevaleció la Carta Magna y el respeto a la ley.

Zaldívar se tardó, sin embargo. Estuvo cuatro meses con la novela de ver si se animaba o no, dando respuestas poco comprometedoras a preguntas expresas y eludiendo la cuestión (y la responsabilidad) como si no fuera él la figura central del asunto (o como si estuviera en duda lo inconstitucional de la maniobra).
Y es porque (sospecho) que estaba midiendo sus propias fuerzas y las del señor Presidente. Calibrando si su capital político les daba para mantenerlo en el asiento y capear el temporal, que se les vendría encima. En algún punto vio como se movían las cosas (probablemente con lo que pasaba en el TEPJF) y decidió que mejor se bajaba antes de perder el asiento definitivamente, como le sucedió a José Luis Vargas Valdez

Vargas presidió el TEPJF hasta que cinco de sus compañeros votaron por su destitución “debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias”. Como contexto: en febrero de 2020, la Unidad de Investigación Financiera denunció al magistrado debido a que se identificó que entre 2013 y 2017, cuadriplicó sus ingresos, recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales e hizo manejos millonarios en tarjetas de crédito sin dar de esto aviso conforme a la hacienda pública conforme marca la ley.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, sin embargo, exoneró al ministro de todo cargo, al (de manera muy conveniente) no hallar evidencia del delito de enriquecimiento ilícito. La UIF impugnó la decisión y presentó una segunda denuncia, con más evidencia. El caso se estaba volviendo insostenible y la negligencia de la fiscalía, evidente.

Vargas salió por la puerta de atrás, renunciando formalmente a su posición en medio de una crisis institucional. El presidente no tardó en atacar a su reemplazo, Reyes Rodríguez Mondragón, recordando en la mañanera que el presidente interino “lo había insultado” y exponiendo la imagen de un tuit del que no hay constancia que haya existido y que el mismo magistrado denunció como falso en su momento. Como para seguir haciendo ruido, pues.

Algo le salió mal al presidente y tal parece que el Poder Judicial se ha salvado de una nueva intentona por hacerle manita de puerco y ponerlo bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Habrá que seguir atentos a lo que pueda llegar a ocurrir con ambos casos y nuevas ofensivas.