Comunicarse con violencia

Voy a partir en el entendido de que los acontecimientos de la semana pasada deben ser catalogados como terrorismo, toda vez que cumplen al pie de la letra la definición de la palabra: Se trató de una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y orientados a presionar una agenda  o enviar un mensaje político, al intimidar aa los adversarios o a la población en general.

Chihuahua, Jalisco, Baja California y Guanajuato vivieron jornadas terroríficas de quemas, balaceras y bloqueos. En Ciudad Juárez una tienda de conveniencia fue incendiada con una bomba molotov, una pizzería fue baleada, cuatro establecimientos más fueron rafagueados; un camión fue quemado y los delincuentes lanzaron una cabeza humana. A lo largo de la semana, los ataques causaron la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y cuatro empleados de una emisora de radio.

Desconozco las razones de este súbito acto sincronizado de violencia y he escuchado cuanta teoría e hipótesis extraña se le pueda ocurrir. Desestimo sólo las más descabelladas que, tristemente con este gobierno de caricatura, son las menos. Todas suenan minimamente plausibles.

En mi lectura, la que me suena más razonable es la que propone que Estados Unidos está usando cuanta herramienta dispone para apretar al Gobierno de México y que este dé resultados en el tema de seguridad. En respuesta a la presión, y débil por el lado comercial y el T-MEC, la actual administración hace de tripas corazón y medio le entra con algunos operativos tímidos a incomodar a los carteles… y aquellos truenan indignados, porque el acuerdo de abrazos-no-balazos que se pregonó no se está respetando.

Suena plausible porque nuestro vecino tiene elecciones intermedias en noviembre y con una economía débil, alta inflación y otra serie de problemas, los Demócratas necesitan una victoria que presumir, un capo qué desfilar frente a las cámaras. Suena posible porque fue exactamente eso lo que ocurrió en su momento con el Chapito en Sinaloa. Suena probable porque también en esta ocasión corren los rumores y versiones extra oficiales de que se detuvo a Ricardo Ruiz (el Doble Erre) y Gerardo Gonzalez (el Apá) en el operativo del día 11 en Jalisco, pero que al final se les dejó en libertad

Se trata ciertamente, de mera especulación. Lo que es un hecho es que el Estado, quien debiera poseer el monopolio del uso de la violencia, está absolutamente rebasado por un crimen organizado que se comunica y lo amedrenta con actos de terror. Durante el Informe de Seguridad en respuesta a los hechos violentos, Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa, afirmó que los delincuentes que incendiaron vehículos e inmuebles buscaron dar “la percepción de que falta seguridad”. Dos pesitos de vergüenza, General. No lo intentaron, lo consiguieron. Y el mensaje sonó fuerte y claro.

Peor aún el comunicado de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, intentando proyectar fuerz, insistiendo en que las fuerzas del orden estarían listas para defender a la población; pero casi rogándole al crímen organizado que le cobrara “las facturas” sólo a los que no se las paguen. Una alcaldesa, flanqueada por ejército, normalizando el cobro de piso y legitimando públicamente la extorsión por parte del crimen organizado. A ese nivel, las cosas.

El Presidente ha dicho en repetidas ocasiones que la violencia se dá únicamente cuando más de un grupo se pelea la plaza. Su tirada parece ser normalizar una suerte de “reparto” que deje satisfechos a los grupos delincuenciales en una suerte de “Pax Narca” Los dichos y actitudes tibios desde posiciones de autoridad del Estado Mexicano parecen reforzar esta visión. Pero los grupos con poder siempre están buscando maneras de ganar espacios a través de la violencia y el caos. 

Ojo al escenario en 2024. Lo que estamos viendo pueden ser llamadas a misa y ensayos. Viendo la actitud sumisa del aparato mexicano, me queda claro que habrá regiones muy puntuales de nuestro querido donde el crímen organizado no permitirá que haya elecciones libres. Hay que minimizar estas zonas, reclamar el tema de seguridad y estado de derecho como columna vertebral de cualquier propuesta política y hacérselos entender a los partidos  a través de las elecciones intermedias en 2023. No está fácil, pero se puede y urge hacerlo.