Sigue creciendo la cartera de responsabilidades del Ejército Mexicano. Construye obra pública, administra un aeropuerto, se encarga de la seguridad nacional y ahora, también será el coordinador del espacio aéreo mexicano.
La Cámara de Diputados avaló esta semana (con 261 votos a favor, 26 en contra y 198 abstenciones) la expedición de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Básicamente designa a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como responsables del uso “leal” (¡Ah, qué molesto el uso patriotero de palabras sin significado!) del espacio aéreo. También crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, “cuyo objeto es coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran de inhibir o contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas y aquellas que atenten contra la seguridad nacional".
Básicamente, pone a las instituciones de vigilancia y administración civiles ya existentes bajo la tutela del ejército. La idea es “disuadir amenazas a la seguridad nacional" y frenar los vuelos clandestinos que transportan drogas y armas, así como el uso de pistas hechizas. El problema es que no proporciona herramientas o cambio práctico alguno que vaya a facilitar el trabajo que ya hacen estas dependencias. Es decir, es una ley hueca. Diseñada para sonar mucho “el uso leal del espácio aéreo”, pero que en la práctica sólo es darle más poder al ejército. Y quizá más del que se piensa, porque la nueva legislación no establece procedimientos para la revisión del actuar de las autoridades involucradas, ni mecanismos para sancionar y apelar las decisiones que tomen. Y otra vez, al estar involucrado el ejército, el prostituído argumento de que X o Y dependencia no puede rendir cuentas por estar involucrada la “seguridad nacional”, vuelve a habilitar un nuevo nido de ratas maduro para el abuso y las corruptelas.
La Ley de Protección del Espacio Aéreo viene acompañada de otra reforma que presentó el presidente en el último día del periodo legislativo de 2022, ésta a la Ley General de Aviación Civil y Aeropuertos. Su iniciativa permitiría abrir el espacio aéreo mexicano para que aerolíneas extranjeras puedan operar rutas locales. Imagine tomar un vuelo Guadalajara - Monterrey con Delta Airlines. A esto se le llama cabotaje.
En principio estoy de acuerdo con la libre competencia, pero las economías de escala aquí juegan un papel importante que hay que analizar. Para una empresa que ya le da servicio a un país de más de 330 millones de personas, como lo es Estados Unidos, extender su servicio a otros 126 millones en México es asequible y los costos amortizables. Aeroméxico sólo podría competir con el mercado aquí en México, porque Estados Unidos no permite el cabotaje. Con un mercado más pequeño, los costos no son tan fácilmente diluibles. Van a acabar quebrando, y será un duro golpe de realidad para los empleados mexicanos de estas aerolíneas.
Estas dos iniciativas avanzan los propósitos que siempre ha tenido este régimen: aislamiento y empobrecimiento. Además de que afianzan el control y la lealtad del ejército, sólo en caso de que llegue a ser necesario a final de sexenio y en adelante. ¡Hermoso panorama!
¿Oiga y la oposición?
Como siempre los partidos de “oposición” (en minúsculas y entrecomillada), se rasgan las vestiduras, acusan de militarización, dan bonitos discursos, pero a la hora buena brillan por su ausencia. ¡198 abstenciones! ¿Con qué argumento se abstiene de votar toda la bancada del PAN y el PRD? De nada sirve el discurso, acusar que se duplican facultades, que se violó el proceso legislativo, que no hubo tiempo de analizar el proyecto ni se contó con la participación de expertos, si a la hora de HACER, voluntariamente se quedan sentaditos en su butaca, papando moscas.
Me queda claro que, sin una sociedad civil fuerte que les apriete, están para la pose, muy cómodos haciéndola de patiño para el régimen. ¿Y dónde está esa sociedad? Esa es la tarea, querido lector. Y ya vamos tarde.
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