La batalla por socavar el andamiaje institucional de la democracia continúa. Detenido en seco el Plan B por iniciativa del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez, que lo consideró una violación a los derechos políticos y electorales de los mexicanos; y viendo que el buque insignia que es el INE se mantiene firme frente al asedio, la maquinaria oficialista cambia de estrategia.
Llevo tiempo documentando en este espacio la operación de infiltración y sabotaje que pretenden hacer en el Instituto con la designación de cuatro nuevos consejeros afines a Morena, entre ellos su nueva presidenta. Ese peligro sigue latente y se resolverá en la Cámara de Diputados a más tardar el viernes. No podemos quitarle el ojo.
Pero se ha abierto un nuevo frente de batalla. Una ofensiva que se viene planeando desde el 14 de febrero, cuando la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados creó un “grupo de trabajo” para revisar y proponer modificaciones a las atribuciones del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues porque a los partidos eso de tener a alguien que pueda cuestionarles y acotarles no les gusta en absoluto y, sintiéndose los dueños del pastel, quieren poder hacer y deshacer a sus anchas.
Resultado de las labores de este “grupo de trabajo”, surgió un bodrio de iniciativa que busca modificar los arts. 41, 73, 99 y 105 de la Constitución. La reforma en lenguaje llano, pretende asegurarse de que los partidos políticos puedan designar a sus dirigencias como les venga en gana, confiando, por su buena fe, en que respetaran las reglas de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados. El Tribunal ya no podrá tomar determinaciones sobre acciones afirmativas (asegurar la paridad hombres y mujeres, la participación de minorías, grupos vulnerables etc).
El Tribunal tampoco podrá tocar ya las decisiones de los órganos de gobierno de los partidos, ni las que correspondan a sus regímenes al interior de la Cámara de Diputados, como la JUCOPO. Nótese que estos mismos partidos, a través de estos órganos de gobierno, si toman decisiones y definen el acontecer democrático electoral del país. Para muestra, el botón de los cuatro consejeros tan ampliamente discutido.
Casi puedo escucharlo, querido lector. “¡Méndigo Morena!” pero no. La enorme sorpresa de esta historia es que la iniciativa está presentada y apoyada por los coordinadores no solo del oficialismo, sino también por la supuesta oposición: PAN, PRI, PRD. Seis grupos políticos puestos de acuerdo para extender su esfera de privilegios en perjuicio de la ciudadanía que dicen representar y sus derechos electorales.
Mientras pretenden defender al INE, se pintan de rosa y salen a marchar para la foto, la “oposición” castra al organismo encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. De ese tamaño la incongruencia.
Ahora, querido ciudadano. No se sienta traicionado. Cada persona, y cada agrupación, tiene su agenda, sus tiempos y sus prioridades. Eso es normal, está claro y está bien. Pero cabe recordar la máxima de “Por sus obras los conoceréis” Llenarse la boca de platitudes y dar discursos bonitos sale muy barato. Es en los hechos en donde se conoce a la gente y en los hechos, nuestra “oposición” nunca ha dado señales de serlo. Si acaso funciona como “dummy” para el régimen, pantomima que sirve como válvula de escape para que el descontento no llegue al punto de ebullición. Pero a nosotros ciudadanos, no nos sirve. La tarea es identificar qué y quiénes si y jalar con ellos.
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