Que parezca que hacemos

En marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se creaba la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, una unidad administrativa dependiente de la PGR encargada de perseguir delitos ligados con este cáncer que, según estudios independientes de Transparencia Mexicana, le cuesta al país entre el 2 y el 8% de su PIB. La nueva Fiscalía, detallaba la publicación, entraría en vigor tan pronto como el Senado de la República designara a su titular.

Han pasado ya tres años y seguimos sin uno.

Por supuesto que la elección de la persona adecuada para ocupar el cargo resulta crítica en muchos aspectos. Se trata del liderazgo de un equipo que tendrá que tener autoridad moral y los pantalones bien puestos para ir contra los peces gordos de la política nacional que incurran en actos de corrupción; todo esto, mientras permanecen dependientes de la PGR, organismo que recibe órdenes del poder Ejecutivo. No es una circunstancia fácil, así que me parece muy adecuado que el Senado considere el nombramiento con toda la seriedad que se merece. Pero el proceso se ha llevado con todo menos con seriedad, por no decir que se ha alargado hasta el punto de resultar ridículo.

El Senado no lanzó la convocatoria sino hasta nueve meses después de promulgado el acuerdo, pero de inmediato se politizó. Se empezaron a considerar candidatos, pero “no existieron los acuerdos” para llevar a cabo la elección, que se pospuso (junto con la votación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción) para septiembre de 2015. Terminó el periodo de sesiones y nadie se había movido de su lugar, había voces que abogaban incluso por volver a plantearse si no era mejor un órgano colegiado para dirigir la fiscalía, en lugar de un único fiscal. (Con lo bien que estaba funcionando eso de las decisiones colegiadas en el Senado, figúrese usted)

Finalmente resolvieron reiniciar el proceso y volver a lanzar la convocatoria. Pero para noviembre del año pasado ya andaban dándole otra vez largas, señalando que elegir a principios de diciembre era “apresurado” y que necesitaban tiempo para conocer a fondo a todos los candidatos. El proceso ya rayaba en lo ridículo. Al final, dizque para evitar la politización, el Senado designó un Comité de Acompañamiento Ciudadano que evaluara a los candidatos.

Esta semana, dicho comité pasó sus recomendaciones. De 32 aspirantes, redujeron la decisión a 4 personas que consideran con un perfil idóneo. Fue menos complicado de lo que suena, porque hasta los candidatos habían dejado de tomárselo en serio: Hubo por lo menos dos personas (Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate) que quedaron fuera del proceso por plagiar, hasta en puntos y comas, la redacción de los ensayos que les solicitaron.

Así que, ¿con cuatro candidatos podremos tener un Fiscal Anticorrupción pronto? No, no lo creo. Senadores independientes, del PRD y del Partido del Trabajo ya se inconformaron con las recomendaciones. Faltó, dicen, información sobre los criterios y evaluaciones que se aplicaron para elegir a estas últimas cuatro personas. Así que sí, el tema sigue y seguirá eternizándose. Probablemente ahora serán las elecciones el pretexto para entorpecerlo.

Siempre hay algo de falsa agitación, de fingido afán en la labor de un político. Su quehacer, pese a lo que nos quieren hacer creer, consiste únicamente en alimentar la burocracia, porque de ella depende. Llevan ya tres años haciendo como que hacen, pero presidencia ya se anotó el tanto y marcó el compromiso como “cumplido”. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos den atole con el dedo?