¿Hasta cuando?

Yo no sé que está pensando Manuel Velasco o hasta dónde cree que llegan sus atribuciones como gobernador de Chiapas. Ciertamente no incluyen retirarle la obligación de someterse a la ley a un grupo de privilegiados, a pesar de que es justo lo que hizo el pasado sábado 23 de junio.

Luego de 17 días de plantones, bloqueos, protestas y desmanes, el gobierno que encabeza Velasco firmó un acuerdo con los dirigentes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las protestas, para que se de una idea, incluyeron la toma de gasolineras, y el robo y repartición de combustible; delito que ya se considera de índole federal y que acarrearía, para el mexicano de a pie, prisión por hasta 25 años y multas por hasta 2 millones de pesos. Pero no a los angelitos de la CNTE.

¿Qué ganaron entonces?

Básicamente, Manuel Velasco se comprometió a incorporar a la nómina estatal a 782 profesores no reconocidos por la SEP. Sus calificaciones para ocupar el cargo, si la plantilla de maestros está o no cubierta, en dónde y a quién darían clases… nada de eso parece importar.

También quedó en el acuerdo el financiamiento a algo que llaman “Proyecto de Educación Alternativa”, con 24 flamantes plazas nuevas para definir sus propias evaluaciones y planes de estudios. ¿En qué consiste y por qué dejamos que sea la CNTE la que dicte la política educativa del país? Sabrá Dios.

No habrá represión laboral, jurídica o económica contra participantes en protestas. Aunque sea evidente que han violado la ley para presionar y conseguir el acuerdo, a pesar de que el Estado tenía todo el derecho de utilizar a la fuerza pública para detenerlos y juzgarlos como delincuentes.

Tampoco se sancionará a maestros que faltaron a clases durante el paro. Total, si usted y yo faltamos 17 días a trabajar arguyendo que vamos a “defender nuestros derechos” laborales seguro nos entienden nuestros jefes ¿No?

Aplicar "usos y costumbres" en los ascensos y promociones de maestros de las secciones chiapanecas. ¿Qué necesidad hay de tener una meritocracia que valga la pena, de premiar a los mejores y a los que verdaderamente podrían impulsar las cosas para nuestros niños y prepararlos bien para el futuro? Y no se ve pa’cuando porque parte del convenio incluye...

No aplicar la evaluación educativa en los últimos seis meses del gobierno estatal. Nótese que esto está como punto aparte en el acuerdo. El discurso original era que estaban a favor de una evaluación que les ayudara a mejorar pero que no resultara punitiva. SI ya conseguiste que avalen tus “usos y costumbres” (lo que sea que eso signifique) en ascensos y promociones ¿para qué insistir en este punto?

Respeto a la operación que hace el CNTE de la Caja de Ahorro y Préstamos, así como el Fondo de Ahorro y Beneficio Social. ¿Si no de dónde jinetean la lana, pues?

Si hubiera un ápice de sentido común y decencia entre los miembros del gobierno federal, el acuerdo habría sido de inmediato rechazado y desmantelado, porque viola reformas estructurales que, le guste o no a la Coordinadora, ya son ley, y socava la autoridad de la SEP para definir el rumbo de la política educativa en el país. Pero el mutis que hace Otto Granados Roldán es ensordecedor.

La reacción de la sociedad civil, sin embargo, ha sido alta y clara. Mexicanos Primero, una AC dedicada al tema de la educación en México, señaló lo evidente: El acuerdo viola la Constitución, atenta contra el derecho a la educación de los niños y sabotea la labor de buenos maestros que no pueden ser promovidos porque no hay criterios transparentes para avanzar en la profesión docente. ¡Y lo peor es que hay evidencia! ¡Según datos recopilados por la asociación, la brecha educativa entre los estados que avanzan y Chiapas no hace sino ensancharse!

¿Hasta cuando tendremos un país en donde se privilegie la ley por encima de unos cuantos? ¿Hasta cuando?