La batalla por los estados

Hoy se cumple un mes de la jornada electoral. Si, apenas un mes, aunque no le culpo si le ha parecido más tiempo. Las notas sobre la transición y el gobierno entrante han sido muchas, casi una detrás de otra y muy pocas han sido halagüeñas. Es sorprendente la cantidad de desgaste que Andrés Manuel y su equipo han sufrido en apenas treinta y un días. Así, a botepronto, no me viene a la cabeza un solo gobierno electo de nuestro país que haya lidiado con nada parecido. Hay que admitir, sin embargo, que Don Andrés no se ayuda. Si insistes en volverte el centro de la vida pública, que no te sorprenda ser también el centro de la crítica.

Tomemos como ejemplo su última ocurrencia: Las coordinaciones estatales.

La idea es, según López, sustituir con ellos a los delegados federales por secretaría, que hasta ahora cumplían funciones de gestión, seguimiento y asesoría de los programas federales en los diferentes estados, pero que no se entrometían en las labores estatales. El cambio viene, oficialmente, motivado por el plan de austeridad del gobierno entrante (es demasiada burocracia, alegan) y por su plan anticorrupción (es más fácil vigilar a uno que a varios, además de combatir la opacidad con la que se gastan los recursos federales los estados).

Los problemas con esta nueva figura son básicamente dos: 

1. Centraliza el poder y pudiera vulnerar la autonomía de los estados y el Pacto Federal, 
2. Por la responsabilidad que dichos coordinadores tendrán, pudiera no funcionar como se espera en temas de combate a la corrupción.

No entraré en temas de si se trata de una figura legal o no, con la mayoría en ambas cámaras, López puede conseguir el marco legal sin contratiempos, aunque hoy no exista.

Según la ha planteado el mismo presidente electo, la figura de los Coordinadores respondería en línea directa al presidente, no a las cabezas de las dependencias para las que trabajan. Serían designadas directamente por el titular del ejecutivo (de hecho, ya ha dado los 32 nombres) sin necesidad de autorización de ningún tipo, parecido a un segundo gabinete; y serían el medio de contacto para que los gobernadores se comunicaran con el ejecutivo federal.

Tal como está propuesta, la figura plantea un fuerte golpe para el federalismo y hasta para la democracia, podrían convertirse en un arma para negociar el Presupuesto de Egresos y de-facto, en vicegobernadores alineados al régimen al administrar y condicionar los fondos federales. ¿En dónde queda pues la elección y el poder del voto de los ciudadanos? 

Porque esa es otra, en la lista propuesta figuran contrincantes directos de gobernadores recién electos. ¿Se busca imponer a quienes no ganaron? ¿Y el hecho de que 19 de los postulados sean dirigentes estatales de Morena no tiene tampoco nada que ver, supongo?

Y en cuanto al combate a la corrupción. ¿Se ha contemplado con esta nueva figura que 32 personas tendrán a su cargo más de 155 mil 398 millones de pesos, según el presupuesto 2018? ¿Y la rendición de cuentas y la transparencia? Si combatir la corrupción fuera la intención, ¿No sería mejor empezar por alinear al 83% de los seis mil 500 programas federales que están sin reglas claras de operación o padrón de beneficiarios?

Por suerte, los peligros de esta nueva propuesta no han pasado inadvertidos. La Coparmex y Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, fueron los primero en alzar la voz tajantemente contra esta iniciativa a través de redes sociales. Alfaro pide, con toda razón, respeto al proyecto que encabeza y a la voluntad de los jaliscienses. Sería ideal que desde las gobernaturas que no le deben el cargo a Andrés Manuel se pudiera conformar algún tipo de frente para detener estas propuestas. En un sexenio donde los contrapesos parecen haber desaparecido, urgen algunos nuevos.