Hola de nuevo a mis cuatro fieles lectores, gracias por estar de vuelta. Espero hayan tenido unas muy felices fiestas y que su 2020 sea próspero y estimulante. Hay mucho que hacer en muchos frentes.
Empezamos un año movidito. El primero de enero entró en operación el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que no es otra cosa sino la aplicación, ahora en el Sector Salud, de la filosofía de gestión del presidente: “Si algo es imperfecto o puede mejorarse, mejor desecharlo por completo para construir algo completamente inservible e implementado con las patas” (Referirse, de ser necesario, a las estancias infantiles y a otros tantos ejemplos de programas que ahora se entregan “directamente a los beneficiarios”)
En este caso la víctima fue el Seguro Popular, fundado en el 2003 y que vino a cambiar la manera en que se abordaba la problemática de Salud Pública. Era una política pública descentralizada basada en coordinación intergubernamental, combinando el financiamiento federal y la provisión descentralizada de los servicios en los sistemas de salud de cada entidad de federativa. Cambió además la lógica del financiamiento. En lugar de asignar recursos a discreción para garantizar la oferta en función a la infraestructura médico-hospitalaria instalada, financia la demanda mediante un padrón de asegurados.
Esta nueva mecánica de operación tuvo varios efectos palpables y demostrables. En primera instancia, garantizó cierto equilibrio en la distribución del recurso entre las regiones y promovió un gasto más equitativo entre los asegurados y los no asegurados En 1994 el 80% del presupuesto se destinaba a la población con seguridad social. Para 2013, ese número se había reducido a 55.7%.
En segundo lugar, protegió las finanzas de los mexicanos. Según datos de la OECD, el nivel de gasto por motivos de salud en México se redujo de 52.9 por ciento en 2004 a 49 por ciento en 2011. Finalmente, la iniciativa hizo más atractiva la utilización de servicios de salud, sobre todo entre la población más pobre. En consecuencia, indicadores como la tasa de la mortalidad infantil experimentaron reducciones significativas.
Tenía sus problemas, es cierto. La afiliación era un proceso que tenía que llevarse a cabo de manera cuidadosa y sistemática, por el incentivo económico que representaba para los estados. También es cierto que el nivel de la atención dependía mucho del estado en que te atendieras. La provisión de los servicios quedaba en manos estatales, que pueden llegar a tener capacidades de atención muy dispares de acuerdo a sus instalaciones y eso complicaba garantizar un estándar de servicio o mejorarlo. Y seguramente hay más casos de corrupción a nivel estatal de los que en su momento nos enteramos (Eruviel Ávila “perdió” 900 millones de pesos destinados a este servicio en 2016)
El punto es, el sistema implementado funcionaba. Perfectible y todo, significó una revolución en la manera en que cobijábamos a más de la mitad de los mexicanos. Si un auto presenta desperfectos, lo revisas, lo afinas, lo ajustas; no lo descartas y empiezas a usar una confiable carreta
Porque ese es otro problema. Descartamos nuestro destartalado bocho en favor de ¿Qué? Me encantaría poder decirle cómo va a funcionar el INSABI, pero (como ya es costumbre en esta administración) se está poniendo en marcha sin reglas de operación claras y en medio de una confusión general catastrófica. Ni siquiera puedo decirle qué enfermedades quedan cubiertas y cuáles no, o a qué precios, aunque el río de rumores lleva sonando desde el primer día de este 2020.
Apenas ayer la Secretaría de Salud emitió un comunicado en donde especifica que sólo cubrirá atención de primer y segundo nivel y eso significa que una larga lista de padecimientos que antes sí quedaban cubiertos, de pronto ya no lo están: Malformaciones congénitas cardíacas, espina bífida, estenosis uretral, cánceres y linfomas, infartos, SIDA…
Yo pregunto ¿Pretenden que aplaudamos cuando nos quitaron la tercera parte de la cobija?
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