Seguridad vs. Libertad

Según un informe de México Evalúa presentado en la segunda mitad de 2019, el 94% de los delitos denunciados en México quedan impunes y se denuncian apenas siete de cada cien. El dato no es nuevo, es una estadística terrorífica que venimos arrastrando de sexenios anteriores. 

Eso significa, sin embargo, que la administración entrante tenía dos ventajas: 1) En materia de impartición de justicia, era difícil hacerlo peor que como se había venido haciendo y 2) Habiendo tanta área de oportunidad probablemente podrían presumir una mejora haciendo más bien poco. Son ventajas importantes e incluso de alcances electoreros. La seguridad pasó a ocupar el primer sitio en la mente de los mexicanos como el principal problema del país (38% de los encuestados así lo señalaron, 23% cree que es la corrupción y un tímido 14% que es la economía. La encuesta es de julio de 2019, y la realizó México Elige)

Y sin embargo, la presente administración dilapida esas oportunidades, e insiste en hacerlo incluso peor que sus antecesores.

Un informe realizado por especialistas de cinco organizaciones civiles y del instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM titulado “¿1 año de justicia y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR)?” advierte una serie de fallas en el primer año de la gestión del fiscal Gertz Manero. Desde omisiones y falta de transparencia, hasta acciones contrarias a las disposiciones incluidas en la Ley Orgánica de la FGR.

Podría asumirse que se trata de un cañón suelto en medio del barco de la 4T, yéndose por su lado y desestabilizando el barco. Pero no, aparentemente forma parte de la estrategia. Gertz Manero contó con el apoyo del equipo jurídico del presidente para ir al Senado a presentar nueve iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia que, francamente, deberían dejarnos a todos tiesos.

Entre los cambios que plantean está dotar al Ministerio Público de la capacidad de ordenar detenciones en casos urgentes (ya no tendrían que presentar el caso a un juez y esperar la orden de aprehensión), ampliar la posibilidad de arraigo (detener sin pruebas) a todos los delitos por un periodo máximo de 40 días, e incluso presumir la responsabilidad de una persona en un delito si no se somete a peritajes (una “revisión” sin la orden correspondiente) de la autoridad. (¿Se acuerdan de aquel documental títulado “Presunto Culpable”? Pues va pa’trás todo lo conseguido por los activistas en materia de presunción de inocencia).

Por último, las reformas pretenden que las violaciones graves a derechos humanos no invaliden las pruebas obtenidas. Es decir: evidencia obtenida mediante tortura o intimidación, testimonios falsos, fabricación de evidencia; todo será válido. Todo será legal

Bajita la mano, como se dice en la calle, se trata de las bases de un estado policiaco. Un estado con la capacidad legal de detener bajo cualquier pretexto a una persona, asumir que es culpable de “algo” y retenerlo durante cuarenta días en lo que “prepara el expediente” (que ahora puede incluir evidencia fabricada o una confesión extraída mediante tortura). Todo esto sin que un juez haya siquiera visto el caso.

Después del año más violento en México desde el fin de la Revolución, pudiera parecer razonable ofrecerle más poderes a la Fiscalía para ponerle un alto al crímen organizado. Pero esa es una falsa disyuntiva. Una que ha demostrado ser catastrófica en muchos otros países: Sacrificar libertad buscando seguridad es el camino a un estado totalitario. Mucho ojo.

"Quien sacrifica libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos"

- Benjamin Franklin.