Vivienda

La semana pasada un par de diputadas morenistas, Martha Ávila y Valentina Batres, presentaron una iniiativa de reforma al Código Civil de la Ciudad de México para ajustar la legislación en materia de propiedades, inquilinos y arrendadores. El resultado es un panfleto peligroso, lleno de buenas intenciones y anclado en una problemática real, pero con una solución de pésima manufactura que extiende excesivamente el poder del Estado sobre una relación libre entre dos particulares.

Me explico: La Ciudad de México tiene un problema de vivienda en estos tiempos de COVID. En la capital, los bienes raíces tienen un premium. La demanda por espacios es alta, por lo que invertir en un departamento o una casa que luego se pueda rentar no es una mala idea. De cada cuatro espacios de vivienda es arrendado y las condiciones para contratarlos a veces son leoninas, con la necesidad de numerosos avales o cuantiosos depósitos. La demanda por espacio es alta.

Desde Marzo, se calcula que tres de cada diez personas han perdido su empleo por el parón económico que trajo consigo el COVID. Esto significa gente que no puede continuar pagando sus rentas y enfrentando sus compromisos. Así que, so pretexto de que “todo ciudadano mexicano tiene derecho a una vivienda digna”, se presentó una reforma que “flexibiliza” flexibiliza la posesión de la propiedad a los inquilinos y pone candados a los caseros. 

Plantean, por ejemplo, que si no hay contrato escrito de por medio en el arrendamiento de una vivienda, no se podrá hacer un desalojo aunque el inquilino haya incumplido el pago de la renta; que no se le exija al arrendatario más de un mes de anticipo para la renta del inmueble, así como que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía. Pero eso sí, el contrato debe firmarse por un mínimo de tres años. Apunta también que en el caso de desocupaciones ordenadas por un juez, deberá notificarse al inquilino con una anticipación de dos meses y que el propietario del domicilio pierde el derecho al depósito en caso de una terminación anticipada del contrato por parte del ocupante. 

El derecho humano a la vivienda está consagrado en la Constitución, y es innegable que debe atenderse ese reto. Sin embargo, no le corresponde a los particulares su cumplimiento o la procuración de semejante derecho, así como no esperamos que el médico particular deje de cobrar en beneficio del “derecho humano a la salud”. Para eso hay un sistema de salud pagado por el Estado.

En el caso de la vivienda ocurre exactamente igual. La estrategia gubernamental debería estar destinada a incentivar la oferta de manera que haya competencia y opciones accesibles en venta o renta. El Estado tiene a su disposición herramientas como la planeación urbana y permisos de uso de suelo, así como acceso a otros sistemas periféricos, como el transporte público eficiente, que permitan la expansión para que el espacio no se vuelva un commodity. En resumen, lo que se necesita es un Plan de Vivienda Integral que facilite que todos puedan encontrar un espacio, y que la renta de vivienda y la construcción como industria prosperen. 

En cambio, lo que están proponiendo es un feo parche que sólo le hará más difícil a muchas familias encontrar dónde vivir