miércoles, 22 de septiembre de 2021

La ley de Herodes, la ley de PEMEX


La actual administración llegó al poder con todo a favor. Tenía (y aún tiene) un apoyo popular aplastante, la mayoría calificada en ambas cámaras, un ámplio capital político y una oposición de papel que apenas cumple con una función simbólica. Sin embargo, llegó también viciada de origen, completamente incapaz (por ineptitud o elección, el jurado aún no lo decide) de operar dentro de un marco legal y absolutamente alienada de la Constitución que su titular y máximo representante juró guardar y hacer guardar, y de las leyes que de ella se desprenden.

Entonces, incapaz de actuar como una institución gubernamental en apego a derecho, el ejecutivo actúa como un matoncito de patio de escuela, consiguiendo mediante extorsión y desplantes de fuerza lo que está fuera de su alcance por la via legal. ¿Cómo así? Le cuento

En el último mes y medio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha clausurado tres terminales de almacenamiento de combustible privadas, una en Tuxpan, otra en Puebla y una más en Hermosillo. Dichas terminales reciben y almacenan temporalmente producto importado (gasolinas y diesel) para diferentes marcas que operan en el país. Su negocio es cobrarle a Shell, Total o Repsol por el almacenamiento mientras estas marcas distribuyen en las diferentes estaciones de servicio que operan en el país. Actualmente, 30% de esas estaciones operan con marcas distintas a PEMEX

El problema es que PEMEX está sangrando dinero a velocidades espectaculares. No sólo porque financieramente está ahogado en deuda, sino porque accidentes por falta de mantenimiento como la explosión de la plataforma E-Ku A2, o la fuga del gasoducto submarino de Campeche (aquella memorable ocasión en las que “se les quemó el mar”) entorpecen su capacidad para operar, de perdida, en la extracción.
Para evitar el desastre que sería que la empresa quiebre durante la administración que juró salvar la empresa, el Gobierno Federal está buscando cualquier escusa para entorpecer y ahuyentar a los privados y recuperar el monopolio. La manera más efectiva de hacerlo es intentar vincular, sin pruebas de por medio, a las empresas con combustible ilícito; el famoso huachicol.

Por ejemplo, la semana pasada, personal de la CRE, acompañado de la Guardia Nacional inspecionaron una terminal de la empresa Invex en Tuxpan, Veracruz (el punto de entrada de 80 por ciento de las gasolinas que se consumen en México). Ahí “clausuraron” un barco por no contar con un permiso que se solicita exclusivamente a embarcaciones nacionales.
El barco finalmente logró descargar, apegándose a la legislación internacional. Pero antier la Secretaría de Energía le canceló a la empresa sus cinco permisos de importación. Según, que por hacer negocios con empresas que no cuentan los permisos necesarios (el barco clausurado)

Así las cosas la aplicación de la ley se ha vuelto discrecional, con normas sacadas de la chistera, lineamientos grises y criterios que no se definen y por lo tanto, ofrecen sinfín de situaciones donde un avezado (corrupto) inspector, puede fincar un incumplimiento y una sanción.

Entorpecer la operación privada, cancelar permisos y cerrar terminales provoca que los consumidores no tengan otras opciones más que las gasolineras de PEMEX. Si no puedes competirles, acábatelos. Al más puro estilo de la Ley de Herodes.



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