Tres motivos para mentir

 

Se había acabado, al menos en el discurso oficial, la ordeña de combustible a PEMEX. El presidente se aventuró incluso a decir, en su ejercicio mañanero, que este delito se había abatido en un 95%. 

Por supuesto las cifras que reportaba Petróleos Mexicanos no reflejaron esta oficialista (y esquizofrénica) lectura de la situación entonces y no lo hacen ahora. Basta leer los diarios: “Detectan una ordeña en Guanajuato cada 24 horas”, “Crecen 23% tomas clandestinas de gas LP a ductos de Pemex”, “Se disparan al doble las tomas clandestinas en ductos de gas LP en Hidalgo”, “Huachicol en Puebla: detecta Sedena ocho tomas clandestinas más”. Todos estos titulares se publicaron en diferentes medios durante la última semana.

La conclusión lógica es que la presente administración está perfectamente consciente de lo que ocurre —PEMEX publica los reportes de donde sale la información para las notas periodísticas— pero, o no puede hacer nada y es incompetente, o elige no hacer nada y es indolente. Cualquiera de las dos cosas se ven mal, así que hay que barrer el asunto debajo de la alfombra y mentir.

El problema con ejercer la mentira como herramienta sistemática de gestión pública es que, inevitablemente cuesta vidas. Las explosiones del domingo en Puebla, que dejaron en San Pablo Xochimehuacán, un muerto, 15 heridos (4 de ellos menores de edad), y unas dos mil personas evacuadas y asustadas, son consecuencia directa de lo se ha dejado de hacer por no querer ver, por mentir y ocultar un problema que les resulta incómodo. 

Hay mucho que PEMEX y el Gobierno pudieron haber hecho para prevenir la tragedia. Por la zona del área metropolitana de Puebla cruzan dos ductos de gas LP Cactus-Guadalajara y el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco. Dice el gobernador que se instalaron desde antes, que la mancha urbana “se los comió” ¿Por qué se permitió? ¿Quién dio los permisos de construcción? ¿Qué pasa si se tiene que dar mantenimiento al ducto?

Señala el gobernador también que el terreno donde se encontró la toma “está en el derecho de vía, no tiene inscripción en el Registro Público de la Propiedad ni Registro Catastral. ¿Y no se detectó el asentamiento irregular? Sobre todo considerando que a escasos metros la empresa Gas de Provincia, o HidroGas tiene sus instalaciones. ¿Nunca se detectó el cobertizo o muro que escondía la toma clandestina, en zona derecho de vía, durante alguna inspección?

Si resulta que dicha empresa fue en ultima instancia responsable por picar el ducto, caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero ¿qué se hará con la ex Edil morenista, Claudia Vivanco Rivera por ignorar el año pasado una denuncia ciudadana que alertaba que grupos dedicados al robo de gas habían tomado el control de esta área? ¿Y por qué el actual mandatario estatal, Barbosa, no es categórico al respecto? 

Porque esa sería la tercera y más probable explicación. No es incompetencia, no es indolencia… es ganancia. No sería raro. HidroGas forma parte de Grupo TOMZA, un grupo gasero que ya tiene historia de colusión gubernamental, al juzgar por una demanda ante la COFECE en donde se les acusa de operar una red de estrategias jurídicas para frenar la competencia en Baja California, con el apoyo del los funcionarios del gobierno del estado y del municipio de Tijuana. 

Detalle curioso, esa administración en Baja California, como la de Barbosa en Puebla, también es Morenista. Se la dejo botando, saque sus conclusiones.