Ha habido un incremento en la demanda de movilidad a raíz de las fechas decembrinas. Las compras de pánico, las posadas, reuniones y compromisos ponen las ciudades de cabeza. Sobre todo por la noche cuando acaba la parranda y hay que volver a casa (o encontrar otro sitio donde seguir la fiesta) con algunos tragos encima.
En consecuencia a este incremento de la demanda y por una simplísima ley de mercado, plataformas como Didi, Uber y Cabify disparan sus precios a través de las “Tarifas dinámicas” ¿Quieres un traslado en alguna plataforma? Lo sentimos, hay diez personas como tú que buscan el mismo servicio y sólo tenemos tres autos, pero si estás dispuesto a pagar un poquito (o mucho) más, podemos garantizarte que uno de esos tres disponibles será tuyo.
Y a pesar de que esta ecuación oferta-demanda-precio obedece a la lógica natural y tiene muchísimo sentido, la reacción de los usuarios ha sido lamentable y, por decir lo menos, poco pensada. Se está a llamando a la regulación de lo que algunos iluminados consideran “un abuso” de parte de estas empresas. Se está solicitando que el estado intervenga para garantizar los precios.
Perdón, pero ¿En dónde tienen la cabeza?
Plataformas como Uber, Didi y Cabify fueron la respuesta y solución del libre mercado a un servicio de taxis deficiente, caro y si, sobreregulado. Los taxis, a su vez, eran la alternativa a un sistema de transporte público disfuncional, mal planeado e insuficiente. Se está pidiendo ahora ponerle un parche, al parche, del parche. El problema está tan enterrado en soluciones parciales o caducas, que ya ni siquiera se le reconoce.
Si el entusiasmo y la legítima indignación de la ciudadanía se volcara no solo en entorpecer la última solución de las plataformas de movilidad, (que ahora y sólo por la locura de las fechas resulta insuficiente), sino en exigir al Estado que cumpliera con un sistema de transporte público integral, interconectado, flexible y seguro, otra cosa sería. Pero pretender ahora que el mismo responsable del estercolero, el gobierno, ponga la solución interviniendo la iniciativa ciudadana, es un mayúsculo sinsentido y puedo garantizar que no hará sino empeorar la situación.
Pugnar por la regulación siempre viene con un costo. No, no tengo poderes de profeta, baste ver lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México con estas mismas empresas la semana pasada. Aplicaciones como Uber Eats, DiDi Food y Rappi tendrán que pagar a partir del próximo año, un impuesto por el “uso de calles y avenidas de la ciudad”. La tarifa es del 2% antes de impuestos de cada uno de los cobros realizados y naturalmente encarecerá el servicio por el incremento de precios y por la posible salida de jugadores en el sector. Es un golpe muy bajo a una iniciativa que mantuvo con vida a infinidad de pequeños negocios durante la pandemia.
Si como ciudadanos no podemos darnos cuenta del sinsentido de lo que exigimos, si no tenemos la capacidad de ver de donde vienen los problemas, cuáles son sus últimas causas y la cadena de consecuencias y no tenemos la creatividad para encontrar soluciones más allá del imperativo “¡Regúlese!”, tenemos un problema más grave del que cualquier grupo político podría endilgarnos, mexicanos. Porque estamos prestos para exigir el yugo, para entregar la libertad en pos del beneficio más inmediato. No hay nada más caro que pedir que las cosas nos salgan baratas por decreto…
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