¡Que se haga justicia!

El viernes 5 de mayo, luego de tres años y tres meses de declararlo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó el estado de emergencia sanitaria mundial por la pandemia de COVID-19. La organización internacional fue puntual en reconocer que, aunque ya no amerite llamársele emergencia sanitaria, la pandemia sigue su curso, con focos de contagio que merecen atención especialmente en el sureste asiático y Medio Oriente.

La pandemia fue un desafío global brutal. Le costó la vida a más de veinte millones de personas. Causó soberbios trastornos económicos, interrumpiendo el comercio, cerrando negocios y hundiendo a millones en la pobreza. Tuvo un efecto masivo en la psique social, con millones de personas experimentando soledad, aislamiento, ansiedad y depresión.

En medio de esa tragedia global, México tiene el ignominioso record como el quinto país con más muertes absolutas (oficialmente reportadas) por la enfermedad; así como uno de los más altos porcentajes de mortandad, similar a los de países como Siria y Somalia. Si consideramos la diferencia en el tamaño de nuestras economías y la cantidad y densidad de nuestras poblaciones, se vuelve muy evidente que México sufrió más de lo que la lógica indica que debería haber sufrido. Algo falló gravemente en la gestión de la pandemia en México.

No estoy descubriendo el hilo negro. Desde el principio hubo fuertes críticas y cuestionamientos a las decisiones que el gobierno federal, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, tomó. Hubo muchas voces que señalaban la administración política de la emergencia sanitaria, el maquillaje de cifras, la reticencia a hacer recomendaciones sencillas pero comprobadas, como el uso del cubrebocas. La inacción era tan evidente que para finales de noviembre del 2020, el despacho Coello & Trejo emprendió una denuncia contra López Gatell por su falta de cuidado, negligencia e indebido ejercicio de la función pública.

Por supuesto, el aparato del Estado intentó (y sigue intentando, por todos los medios a su alcance) invalidar o desechar el expediente. Un mes después de presentada, en diciembre del 2020, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), decidió abstenerse de investigar la denuncia por supuestamente no existir hechos constitutivos de delito.

La batalla fue lenta y cuesta arriba, pero conforme pasaron los meses y la cifra de muertos fue creciendo, también lo hizo el número de familiares dolientes que se sumaban a la denuncia colectiva encabezada por el abogado Javier Coello Trejo. Varios recursos legales después, interpuestos por el despacho, el 19 de enero del 2022 un juez de control federal revocó el acuerdo de abstención de investigar. Para el 23 de marzo, Ministerio Público contestó que había determinado el no ejercicio de la acción penal en contra de Hugo López-Gatell y otros funcionarios de la Secretaría de Salud. Por segunda ocasión, la Fiscalía insistía en frenar el asunto.

El Lic. Coello no ha bajado los brazos, sin embargo y hoy nos enteramos que un juez federal ordenó a la FGR continuar investigando para determinar si el subsecretario incurrió o no en negligencia, falsos informes y ocultamiento de datos durante la pandemia. ¡Aplausos al poder de un ciudadano comprometido y tenaz! ¡Trompetas y fanfarrias para el montón de ciudadanos que exigen justicia y que sumaron su nombre a la denuncia! Y a lo que nos toca ciudadanos, a ejercer presión, a mantenerse atento a lo que suceda con la Fiscalía y a empujar para que nuestro sistema de justicia, bien, mal o regular, ¡haga justicia!