¿Tantos muertos como en Siria?

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Reino Unido (IISS por sus siglas en inglés) publicó esta semana su “Estudio de Conflictos Armados” (Armed Conflict Survey). La publicación de dicho documento —que es un libro en toda regla— causó mucho eco y reacciones de todo tipo en México porque toca una realidad que la presente administración se ha empeñado en esconder a toda costa.

"México tuvo un total de 23 mil homicidios intencionales en 2016, el segundo lugar después de Siria" reza la publicación. Argumentan los autores que los niveles de violencia en el país se ha disparado a causa de los cárteles de la droga, de tal suerte que nuestra “Guerra contra el Narcotráfico” entra en el objeto de estudio de su investigación.  "El problema se vuelve peor" dice el texto "[ya que] el crimen organizado es más visible y más disruptivo políticamente y económicamente".

Ahora, aunque más de uno se frotó las manos con esta información (Donald Trump, por ejemplo, fue el primero en replicar los resultados, en su eterna cruzada por justificar un muro que nada resuelve) hay que tomárselo con su buena dosis de escepticismo.

Las cifras son engañosas. La población de Siria está calculada (a 2015) en 18.5 millones, mientras que la de México el mismo año era de 127 millones. Eso significa que mientras Siria tiene 2.7 homicidios por cada mil habitantes, México tiene 1.9 por cada diez mil. ¡Casi 14 veces menos! ¡Todo en su contexto, por favor!

Por supuesto, contextualizar no es justificar. El nivel de violencia que estamos experimentando en México no es normal y obliga a replantearse si somos una nación “en paz”, según el sentido estricto de la palabra. Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación lo saben, y sus excusas son lamentables. Le reclaman al Instituto que no se sabe de dónde consiguió sus cifras, que su metodología es incierta, que no todos los  homicidios que suceden en México son resultado del conflicto con los cárteles. (Como si un homicidio doliera menos o fuera más entendible si sucedió por cualquier otra causa) y que, en general, el combate al narcotráfico debe analizarse de manera integral.

Sin embargo, el estudio no falla en ese respecto —de hecho es exhaustivo— mencionando casos como los de Ayotzianapa y arremetiendo con certeza: “Subyaciente a esta dinámica criminal, está la debilidad institucional y la contagiosa corrupción que plagan al estado mexicano. La policía ha sido una institución particularmente problemática durante la administración de Peña Nieto” Así como: "El presidente comenzó su administración prometiendo un enfoque menos militarizado a la lucha contra los cárteles [...] sin embargo, Peña Nieto no está nada cerca de cumplir su plan original de reducir la presencia militar en las calles".

¿Así que, estamos mejor o peor? Bueno, no estamos tan mal como en Siria, eso que ni qué. Probablemente tampoco seamos la segunda nación más violenta (toda proporción guardada). Sí estamos muy lejos de vivir como debiéramos, en donde se respete el derecho a la vida de todos y cada uno de los mexicanos; o el derecho a vivir en paz, sin miedo a enemistarte con un bandolero, a un levantón o a un asalto y hay que seguir empujando por conseguir ese ideal.

La solución tampoco es tan sencilla como un alto al fuego. Urgen instituciones más fuertes y un sentido de la legalidad más firme. Sería muy útil que nuestros gobernantes, en lugar de sacarle la vuelta al documento, de verdad lo leyeran como un diagnóstico de lo que está ocurriendo y lo utilizaran como punto de partida para solucionar las cosas,

En fin, la esperanza es lo último que muere

Caminos y Transas Federales

Por nuestras carreteras pasan más de 500 millones de toneladas de productos y materiales cada año y nuestros caminos son las arterias por las que se alimenta una economía en constante movimiento. No sólo son importantes, resultan indispensables para el desarrollo nacional. Tan es así, que la actual administración se comprometió a entregar 52 autopistas nuevas (más de tres mil trescientos kilómetros lineales) y a renovar otras tantas.

Pero a menos que usted viaje mucho por carretera, todo esto le resultará probablemente muy lejano. Con los sueldos de misiera que predominan en el país viajar es un lujo, así que es perfectamente entendible que la población general esté más atenta al costo y servicio del transporte público urbano que al estado de unas carreteras que probablemente jamás recorrerá. Muy pocos ciudadanos hemos tenido encontronazos con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), muy pocos se han tomado el tiempo de conocer su labor y funcionamiento y como nadie la observa, se ha vuelto un nido natural corrupción y alimañas de las de dos patas. A la experiencia personal, y no tanto, me remito.

El pasado fin de semana tuve la oportunidad de visitar Zacatecas, haciendo el recorrido por carretera primero a Aguascalientes y luego enfilando a la capital de aquel estado. El camino no está en (muy) mal estado, pero como en muchas otras cosas en este país, uno no ve reflejado en el servicio que recibe, el costo del peaje que recolectan en las casetas.

Y hablando de casetas: Un viaje de trescientos cincuenta kilómetros, calculado para realizarlo en poco menos de 4 horas y media (hay que cruzar Aguascalientes), se alargó casi 90 minutos esperando, con el motor encendido, para poder pagar el peaje requerido. Todo gracias a la incompetencia del personal ahí presente y a un “se cayó el sistema” incomprensible.

La experiencia fue realmente frustrante porque contamos con la tarjeta IAVE, que supuestamente permite que se haga automáticamente el cargo de la caseta a una tarjeta de crédito y que nos hubiera permitido pasar en apenas una fracción del tiempo. El problema es que los lectores, que antes funcionaban bastante bien, comenzaron a fallar desde que se cambió al concesionario a principios del sexenio.

Piensa mal y acertarás, dicen. Que el cargo se haga en efectivo y no en automático a una tarjeta de crédito tiene sus ventajas para el concesionario de la caseta, que puede mentir sobre el monto de lo recaudado, jinetearlo antes de entregarlo o utilizarlo para alimentar la campaña de algún político que lo proteje. Seguramente el sindicato de las maxipistas también enfrentaría un problema si de pronto todos los cobradores se vieran sustituídos por lectores automáticos.

Por cierto, ya entrados en tema de concesiones y licitaciones de CAPUFE. Recientemente se supo que seis empresas han obtenido ventaja en licitaciones para el mantenimiento de autopistas y carreteras por medio de filtraciones ilegales de información. Filtraciones que les habrían permitido hacerse de contratos de hasta 770 millones de pesos. Todas ellas tienen conexión con nuestro actual gobierno, por si tenían la duda. ¡Pura gente fina!

Por si el servicio no fuera caro, malo y propenso a corruptelas, también resulta que puede llegar a ser muy inseguro, dependiendo de qué tramos haya que recorrer. Esta semana, en menos de 48 horas tuvimos noticias de dos tragedias en la autopista México - Puebla esta semana: el asesinato de dos personas el martes por la noche y la pesadilla que sufrió una familia que se había detenido un momento a pié de carretera y que pagó con la vida de su hijo de 2 años y la violación de la madre e hija.

El derecho al libre tránsito está protegido por nuestra Constitución y es un derecho que claramente no se está respetando, ya sea por corrupción, ineptitud, malicia o inseguridad. También se nos ha repetido mucho que el respeto al derecho ajeno es la paz. Estaría bien que quienes nos gobiernan empezaran a respetar al menos estos derechos más elementales. De lo contrario ¿Cómo garantizar la paz?

El Estercolero

Estaba cantado, pero aún así es desagradable. Los procesos electorales que están en marcha están dando más de que hablar por los escándalos alrededor de cada candidato que por sus propuestas inovadoras, producto de un análisis de la realidad de los electores y la búsqueda honesta de soluciones. Cierto, siempre ha habido escándalos políticos en México y en todo el mundo; pero creo que es la primera vez en la que se suceden tantos y tan rápidamente que me resulta complicado darles seguimiento a todos.

Once exgobernadores tienen cuentas pendientes con la justicia por acusaciones que van desde defraudación fiscal y desvío de recursos hasta delitos contra la salud, delincuencia organizada y abuso de autoridad. Este año, México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción en el Sector Público que emite Transparencia Internacional (del puesto 95 el año pasado, al 123; de 176 países analizados) Somos el último país de la OCDE en ese ranking y hay más de 40 posiciones entre nosotros y China, India y Brasil, nuestros competidores económicos más cercanos.

Pero cuando uno voltea allá a desde donde deberían venir las soluciones, se queda pasmado, asqueado. La “exhoneración” de Humberto Moreira de parte de su hermano (aunque lo hayan expulsado del PRI de todos modos), la renuncia de Eva Cadena a su candidatura a la alcaldía de Las Choapas, el pequeño escándalo en el que navega Julián Ricalde Magaña, alcalde de Cancún, luego de que apareciera un video donde recibe tres millones de pesos “de los impuestos”, el crudo artificio de “rasurar” la nómina del municipio de Texcoco para conseguir dinero de camapaña de Delfina Gómez (casi 13 millones de pesos, a través de un descuento del 10% a los salarios de quienes trabajaban para ella y el municipio), Andrés Manuel curandose en salud de o que que sea que vaya a decir Duarte... mas todos los que no alcanzo a enumerar aquí. ¿Así cómo diantre pretenden que no se desplome la percepción de la corrupción en el sector público?

Aún así, probablemente lo que más me moleste no sean los escándalos que van saliendo a la luz uno tras otro, sino la reacción de la población. Basta darse una vuelta por cualquier sección de comentarios de los periódicos en línea y portales de noticias. Se discute a gritos, recurriendo al insulto y al improperio para defender a uno u otro bando. Palabra que salga de la boca de mi candidato es verdad pura, palabra que lo denoste o manche es calumnia vil. Y así procede el diálogo de sordos y ciegos.

Mi teoría es que, urgidos de referentes, estamos volcándonos con demasiado entusiasmo en entronar a alguien, a quien sea. Y así tengamos toda la evidencia enfrente de que quien apoyamos no es quien dice ser, no es congruente en el decir y el hacer, escogemos ignorarla porque entonces nos quedaríamos sin ídolo. ¿Y qué haríamos entonces? ¿Tomar responsabilidad? ¿Hacernos cargo de nuestro destino? ¡El horror!

Deshagámonos de ídolos y de mesías políticos, nos vemos ridículos aferrándonos cada quien a un cerdo diferente, todos en el mismo estercolero, gritándole al vecino que nuestro chancho está más limpio. Los escándalos están llegando a un punto en donde exigen “basta” gritado a voz en cuello. ¿Podremos soltarlo con suficiente claridad?

Duarte, pieza clave.

A raíz de una solicitud del gobierno mexicano y con apoyo de la Interpol, Javier Duarte de Ochoa fue detenido esta semana en un hotel de Panajachel, Guatemala. La detención deja entrever —a través de la cascada de reacciones, dimes, diretes y sospechas que ha generado— el complejo tejido del poder en México y cómo se administra y reparte entre los actores políticos (entre los que, me queda claro, Duarte jugaba un papel importante).

De entrada surgieron dudas sobre su detención. Demasiadas coincidencias, dicen algunos, para ser una captura real. Se realizó, explican, justo después de vacaciones de Semana Santa, la policía nunca detuvo a la esposa del ex-gobernador (a pesar de que está siendo investigada también), y justo un día antes de su captura los hijos y otros familiares del ex-mandatario volaron hasta Guatemala.. vaya, hasta que Duarte haya sido presentado a las cámaras con una enorme sonrisa cínica en el rostro en el rostro. La teoría que sostienen con estos argumentos es que en realidad se trató no de una captura, sino de una entrega pactada.

La idea no suena descabellada, considerando que la captura (y la enorme cobertura que le han dado en los medios) cubre un poco otros dos temas relevantes: La captura en Italia de Tomás Yarrington (ex-gobernador de Tamaulipas, investigado por sus nexos con el narcotráfico y también Priista que curiosamente será directamente extraditado a los Estados Unidos) y los cinco millones en sobornos que Odebrecht entregó a PEMEX por la obtención de contratos y de los cuales hay .

A esta sospecha inicial, se suman otras voces que hacen ruido en la escena nacional. Una de las más destacadas, la de Andrés Manuel, que salió a curarse en salud diciendo que cualquier cosa que dijera Duarte sobre él o su partido sería falsa. (¿Qué pasó Andrés Manuel? Si el miedo no anda en burro ¿Dónde quedó la “Honestidad Valiente”?) y que la captura no era sino una “cortina de humo”.  O la de diputados PANistas que buscan sacar tajada electoral haciendo como que exigen una investigación exhaustiva.

Ante este escenario, el presidente Enrique Peña Nieto el día lunes no encontró más palabras para expresar su frustración que “No hay chile que les embone. Si lo agarramos, porque lo agarramos; si no lo agarramos, porque no lo agarramos”.

Pues sí, señor presidente, somos medio quisquillosos. Pero tiene que aceptar que ya antes nos han dado atole con el dedo dando explicaciones sobre investigaciones de gran calado que luego resultan falsas. ¿Se acuerda de la “verdad histórica” que tanto defendieron en Ayotzinapa? ¿Se acuerda de cómo luego un grupo de investigadores independientes le desmontaron el teatro evidenciando que dicha “verdad” era imposible? ¿Se acuerda de la niña Paulette? ¿Se acuerda de la Casa Blanca?

Estaríamos dispuestos a darle el beneficio de la duda, señor presidente, pero luego nos enteramos que, por más que salieron trapitos al sol de Duarte en los medios y a través de investigaciones independientes; por más que se hicieron evidentes sus actos de corrupción, y el nulo interés por la población de Veracruz, la causa penal que se alzó contra Duarte sólo lo acusa de “probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” Tiene que admitir que hay razones para dudar, señor presidente.

Por lo pronto, y como decía al principio de la entrada, me queda claro que Duarte era una pieza importante en la escena de la corrupción política nacional, probablemente mediador de favores y recursos. Mucho lo presumieron los que ahora están en el poder como “la nueva cara del PRI”, aunque ahora se quieran lavar las manos.

Habrá que estar pendiente de lo que suceda con su proceso; si se lleva bien y los resultados se respaldan con evidencia incontestable, podría, en efecto, un enorme impulso para las aspiraciones electorales del PRI. De lo contrario, el tiro va a salir por la culata. Las elecciones son en 45 días. Tiempo al tiempo

Lecciones de liderazgo: Maduro y Kirkman

Empecé a ver con mi familia una nueva serie en Netflix. Se llama “Designated Survivor” y su premisa es bastante interesante. El día del discruso anual del “State of the Union” (el equivalente norteamericano a nuestro informe de gobierno presidencial) un ataque terrorista en el Capitolio mata a todos los presentes: el congreso, el presidente y a todo su gabinete, con excepción de uno de los miembros menos valorados del mismo: el Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Tom Kirkman.

Siguiendo todos los protocolos legales establecidos en la Constitución estadounidense, Kirkman toma protesta y se vuelve el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, con las mismas facultades y prerrogativas que un presidente electo. Lo curioso es que, mientras lidia con la crisis internacional y las consecuencias de un atentado tanto o más devastador que el de aquel fatídico 11 de septiembre; se enfrenta también a un problema interno con el que jamás esperaba toparse. Hay gente al interior de su nación que cuestiona su posición y su legitimidad. Las cosas de inmediato se tornan mucho más difíciles y desde ahí se desprende todo el drama de la serie.

Pasemos de la fantasía a la realidad y cambiemos de hemisferio. Hoy Venezuela se enfrenta a una de las crisis de legitimidad más profundas en muchos años de dictadura de facto. Como el presidente de la serie, Nicolás Maduro de pronto está en el asiento del piloto en un avión donde los controles no responden con precisión, están atascados, o reaccionan con retraso; con la pequeña gran diferencia de que ha sido él, y no las circunstancias, quien se ha encargado de minar su autoridad frente a su población y frente al mundo en base a decisiones incomprensibles y declaraciones desafortunadas.

.

Aunque la debacle comenzó desde que asumió la presidencia en 2013, sin poder realmente llenar las botas de Chávez ni tener su mano izquierda para afianzarse del poder. Los golpes más claros han llegado a partir de diciembre de 2015, cuando la oposición se hizo con el control (mediante una elección democrática) de la Asamblea General (el parlamento unicamaral de Venezuela).

Maduro nunca supo tratar con este nuevo poder político que se le oponía y en lugar de aceptar la voluntad de la población y construir con la nueva Asamblea, se ha dedicado a entorpecer su labor de legislar, pero sobre todo de designar y apropiar recursos y de fiscalizar.

A través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se apresuró a impugnar a cuatro legisladores por supuesto fraude en los comicios con los que fueron elegidos. La Asamblea los juramentó de cualquier forma y de ahí se agarró el tribunal para señalar al poder legislativo como “en desacato”. Así han estado desde entonces, en el estira y afloja legal, hasta que la semana pasada una disputa por las capacidades constitucionales del presidente resultó en la dos sentencias. Usando el desacato como excusa, el TSJ se apropiaba de las funciones de la Asamblea, desmoronando la separación de poderes en Venezuela y sumiéndola en una profunda crisis institucional.

El presidente Maduro, desde una posición de fuerza, intentando afianzar su posición, ha acabado por desestabilizarse más que nunca. El (ficticio) presidente Kirkman, a pesar de estar sostenido con pinzas, poco a poco va solidificando su posición y ganándose el apoyo de la población y su equipo, sólo en base a hacer bien su trabajo.

Personajes distintos, actitudes distintas; y una lección importante para todos los que tienen en sus manos la tarea de dirigir cualquier grupo: Puede más un trabajo bien hecho que todas las argucias políticas del mundo.

Ojalá lo entendieran en Los Pinos y en San Lázaro.

"¡Negro!" le dijo el grajo al cuervo.

Hay quienes lo llaman “el autobús de la libertad”, para otros es “el autobús del odio”. Vió la luz en España, hace algunos meses y su historia es la mar de interesante.

Comienza con una campaña que lanzó la Asociación de Familias de Menores Transexuales del País Vasco (Nombre comercial: Chrysallis) Consistía en 150 carteles repartidos por toda esa región de España en los cuales, junto con la frase “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo”, se representaba a un niño con atributos femeninos, y a una niña con atributos masculinos.

A manera de respuesta, Hazte Oír —una ONG española— decidió enviar su propio mensaje, rotulándolo en el costado de un autobús naranja que luego puso a circular en las principales ciudades de dicho país. “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen”

Hasta aquí la historia parece muy sencilla: Un par de organizaciones, con ideologías opuestas, haciendo sano uso de su libertad de expresión para darlas a conocer. Podríamos sentarnos a debatir las virtudes y defectos de cada una, organizar conferencias o derramar ríos de tinta defendiendo una u otra postura y estaría bien. Después de todo, es a través del intercambio y confrontación de ideas que hemos avanzado como civilización.

Es lo que viene después lo que ha disparado este suceso relativamente local (el País Vasco representa únicamente el 1.5% de la superficie de España y da cabida sólo al 5% de su población) a las primeras planas de la sección de Internacionales.

Nadie alzó la voz contra los 150 carteles de Chrysallis, pero el único autobús de Hazte Oír fue motivo de una virulenta reacción. Partidos políticos como “Izquierda Unida” y “Podemos”, el colectivo LGBT en España y miles de personas en redes sociales, se han cansado de lanzar toda clase de peyorativos contra Hazte Oír. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenó se abriera una investigación contra la organización por existir  “un riesgo de [...] alteración de la paz pública y de creación de un sentimiento de inseguridad o temor entre las personas por razón de su identidad u orientación sexual, y concretamente entre los los menores que puedan verse afectados por el mensaje”. En Sevilla, el vehículo fue recibido con pedradas y huevazos. El Ayuntamiento de Barcelona anunció que si el vehículo entra a la ciudad, será multado al considerársele "una provocación".

¿Una provocación? ¿A qué, pregúntome yo, si el camión no hace sino señalar una obviedad biológica? El ser humano presenta 23 pares de cromosomas y su sexo biológico depende enteramente del último de ellos. Así que sí, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Esta realidad está escrita en cada uno de las células del individuo y no cambia, ni desaparece con cirugía o tratamientos hormonales. Y es una realidad tan aplastante, que la misma persona transexual busca, mediante cirugía, adaptar su cuerpo a la realidad que quiere imitar o con la que se siente identificado.

Por supuesto nada de esto me exhime de mostrar con las personas transgénero el mismo respeto que merece cualquier otra persona; tampoco les quita derecho humano alguno, ni mucho menos implica negar su existencia, aunque así lo argumenten.

¿Quién es el fascista entonces? ¿Hazte Oír o la comunidad que está básicamente diciendo “No puedes pensar eso, no lo soporto y no te lo permito, porque no es el lenguaje incluyente que a mi me gustaría escuchar, la realidad donde me gustaría vivir”? ¿Por qué los derechos de una minoría (que, insisto, no están siendo violentados en modo alguno con la existencia del mentado autobús) resultan más importantes que la libertad de expresión de otro sector? ¿No son todas las libertades iguales, no tenemos todos los mismos derechos?

Existen, sí, personas y organizaciones que aún hoy fomentan la división; la discriminación no sólo hacia los transexuales, sino hacia las mujeres, las personas de distintas razas, ¿Con qué autoridad moral vamos a enfrentarlas si nuestro mecanismo de defensa es negar la realidad y apedrearles el autobús?

Que parezca que hacemos

En marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se creaba la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, una unidad administrativa dependiente de la PGR encargada de perseguir delitos ligados con este cáncer que, según estudios independientes de Transparencia Mexicana, le cuesta al país entre el 2 y el 8% de su PIB. La nueva Fiscalía, detallaba la publicación, entraría en vigor tan pronto como el Senado de la República designara a su titular.

Han pasado ya tres años y seguimos sin uno.

Por supuesto que la elección de la persona adecuada para ocupar el cargo resulta crítica en muchos aspectos. Se trata del liderazgo de un equipo que tendrá que tener autoridad moral y los pantalones bien puestos para ir contra los peces gordos de la política nacional que incurran en actos de corrupción; todo esto, mientras permanecen dependientes de la PGR, organismo que recibe órdenes del poder Ejecutivo. No es una circunstancia fácil, así que me parece muy adecuado que el Senado considere el nombramiento con toda la seriedad que se merece. Pero el proceso se ha llevado con todo menos con seriedad, por no decir que se ha alargado hasta el punto de resultar ridículo.

El Senado no lanzó la convocatoria sino hasta nueve meses después de promulgado el acuerdo, pero de inmediato se politizó. Se empezaron a considerar candidatos, pero “no existieron los acuerdos” para llevar a cabo la elección, que se pospuso (junto con la votación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción) para septiembre de 2015. Terminó el periodo de sesiones y nadie se había movido de su lugar, había voces que abogaban incluso por volver a plantearse si no era mejor un órgano colegiado para dirigir la fiscalía, en lugar de un único fiscal. (Con lo bien que estaba funcionando eso de las decisiones colegiadas en el Senado, figúrese usted)

Finalmente resolvieron reiniciar el proceso y volver a lanzar la convocatoria. Pero para noviembre del año pasado ya andaban dándole otra vez largas, señalando que elegir a principios de diciembre era “apresurado” y que necesitaban tiempo para conocer a fondo a todos los candidatos. El proceso ya rayaba en lo ridículo. Al final, dizque para evitar la politización, el Senado designó un Comité de Acompañamiento Ciudadano que evaluara a los candidatos.

Esta semana, dicho comité pasó sus recomendaciones. De 32 aspirantes, redujeron la decisión a 4 personas que consideran con un perfil idóneo. Fue menos complicado de lo que suena, porque hasta los candidatos habían dejado de tomárselo en serio: Hubo por lo menos dos personas (Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate) que quedaron fuera del proceso por plagiar, hasta en puntos y comas, la redacción de los ensayos que les solicitaron.

Así que, ¿con cuatro candidatos podremos tener un Fiscal Anticorrupción pronto? No, no lo creo. Senadores independientes, del PRD y del Partido del Trabajo ya se inconformaron con las recomendaciones. Faltó, dicen, información sobre los criterios y evaluaciones que se aplicaron para elegir a estas últimas cuatro personas. Así que sí, el tema sigue y seguirá eternizándose. Probablemente ahora serán las elecciones el pretexto para entorpecerlo.

Siempre hay algo de falsa agitación, de fingido afán en la labor de un político. Su quehacer, pese a lo que nos quieren hacer creer, consiste únicamente en alimentar la burocracia, porque de ella depende. Llevan ya tres años haciendo como que hacen, pero presidencia ya se anotó el tanto y marcó el compromiso como “cumplido”. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos den atole con el dedo?