miércoles, 27 de mayo de 2020

Guerra de Guerrillas

Mientras el COVID-19 continúa rampante por el territorio nacional, el asedio incansable a nuestras instituciones por parte del poder no cesa. La estrategia de destrucción, sin embargo, es sutil y engañosa. A manera de globos sonda, alguno de los miembros del partido hace alguna declaración, alguna sugerencia o propuesta indignante y observan con cuidado la reacción de la población. Si se arma jaleo, reculan. El presidente o alguna cabeza de mayor rango dentro de la administración sale a desmentir la declaración o desdeñar públicamente la propuesta, y se reviste de ese modo de un halo de salvador y protector de la justicia. Juegan el doble juego de fabricarse un villano y ser el héroe de la historia. En términos burdos, nos rompen las piernas y luego ofrecen un par de muletas e insisten en que son los buenos y nos están ayudando; haciéndonos un favor. Tres ejemplos de los últimos días: 

La comunidad se enfrentó recientemente a la extinción del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) por decreto presidencial; además de la iniciativa de modificación a la Ley Federal de Cinematografía, para la derogación del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), fideicomiso federal para la producción, distribución, y exhibición de largometrajes. Les rompieron las piernas, pues; porque de esos apoyos depende buena parte de la producción nacional de cine.
La reacción no se hizo esperar. Fue curioso ver alzar la voz contra el gobierno a los que otrora fueron instrumentales en su alzamiento (Joaquín Cosío, Damián Alcázar, Gael García, entre otros tantos apoyaron a López Obrador durante la campaña). Al final y luego de sentarse a negociar, los artistas ganaron… exactamente lo que ya tenían: Mario Delgado anunció la preservación de ambos fondos. Quedaron agradecidos y el coordinador de diputados morenistas se vistió de héroe.

Va otro ejemplo: Luis Miguel Barbosa y su intentona de adueñarse de la educación privada de Puebla a través de una nueva ley estatal de Eduacación, limitando las opciones de los poblanos y su libertad de elegir en dónde y en qué condiciones quieren educarse. Es indignante que el gobierno, incapaz de ofrecer una alternativa educativa de calidad (que está obligado a dar por ley), pretenda limitar o acotar iniciativas educativas privadas (completamente opcionales, porque nadie está obligado a estudiar en una escuela privada)
La estrategia es así de burda. Si no se arma jaleo, la iniciativa se dispersa luego a otros estados. Si se rebate en tribunales y si encuentra cualquier tipo de resistencia o presión de parte de las Universidades privadas de Puebla, saldrá algún iluminado a aceptar una “revisión” y a quedar bien

Último ejemplo: la Secretaría de Economía publicó en el DOF una convocatoria para crear una Norma Oficial Mexicana para la Organización de las Elecciones. El intento es torpe, pero la nueva escaramuza por quitarle sus atribuciones y su independencia al INE y someterlo al poder ejecutivo es evidencia de que no han quitado el dedo del renglón.
La SE se justificó indicando que la organización electoral necesita demostrar su capacidad para brindar resultados confiables, transparentes, libres y justos de los comicios. ¿Qué tiene que la materia electoral con la económica? Es la pregunta que nos hacemos todos. Además, siendo el INE quien garantizó la elección la elección que puso a AMLO en el poder. ¿Está admitiendo la 4ta Transformación que el proceso que la entronó estuvo maleado?
Tampoco esta aberración jurídica y constitucional prosperará un segundo si se le enfrenta con el mínimo de inteligencia y el INE seguramente defenderá sus intereses. La intención no es forzar una estrategia, es ir tanteando por dónde sí puede pasar, e ir desgastando poco a poco.

Esos fueron tres ejemplos de esta “guerra de guerrillas” que Morena ha iniciado contra nuestras instituciones y estructuras democráticas. Es bien importante que estemos al tiro, mexicanos, que conozcamos al enemigo y sus estrategias, que anotemos con cuidado los nombres de los prestanombres que se ofrecen a avanzar la agenda autodestructiva y estatista de la 4ta Transformación; esa que nos rompe las piernas para luego hacerse la santa ofreciendo muletas. No nos están haciendo ningún favor.


miércoles, 20 de mayo de 2020

No es ineptitud, es su agenda: El ejemplo de la energía.

Llegados a este punto del sexenio, seguir fingiendo que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador pretende lo mejor para el país exige de mi parte un esfuerzo constante y consciente. Seguir creyendo que se trata de mera ineptitud bienintencionada, honesta incompetencia o falta de pericia es ridículo e implica cerrar los ojos a la avalancha de evidencia que nos señala, con la claridad y sutileza de una marquesina luminosa de Las Vegas, que lo de López y la 4T responde claramente a una estrategia definida y maliciosa de aislamiento y empobrecimiento para nuestro país.

Si no me cree ¿De qué otra manera justifica que el Gobierno Federal prefiera pagar siete veces más por cada megawatt producido? 

Le explico. Según la legislación aplicable, en México se compra energía siguiendo una regla sencilla y obvia: la más barata se adquiere primero. Poco a poco, a través de la apertura del sector energético durante el sexenio de Peña, se fueron instalando en México plantas eléctricas de inversionistas privados que ofrecían energía cada vez más barata y limpia (aproximadamente, 20 USD por megawatt). Por desgracia, el productor “oficial” la CFE, se fue quedando atrás. Sus plantas no utilizan energías limpias y poco a poco van cayendo en la obsolescencia, al punto en que comprarle energía a la parte productiva de CFE cuesta 140 USD por megawatt. 

CFE podría corregir esto, por supuesto. Podría hacer inversiones prudentes, mejorar su infraestructura y apostarle a nuevas tecnologías con el objetivo de ser competitivo. En su lugar, y so pretexto de “salvaguardar la soberanía energética”, el gobierno federal ahora dará prioridad a la energía producida por CFE, aunque esta sea siete veces más cara y provenga de fuentes no renovables y sumamente contaminantes, como la quema de combustóleo. (Subproducto del petróleo crudo que, casualmente, tendrá que comprar a PEMEX)

Mientras la administración federal sangra el dinero de los mexicanos tratando de hacer malabares entre sus empresas “productivas” (es un decir) para inyectarles vida artificial; varias empresas nacionales y extranjeras miran atónitas como el gobierno se mete un escopetazo en el pie pagando caro lo que ellas ofrecen en mejores términos y condiciones. Pero “ya se acabó la corrupción”, dicen.

Por supuesto esto también implica, para estas empresas, que la inversión que hicieron en la instalación de sus plantas energéticas (muchas de las cuales ya estaban listas para entrar en operación) de pronto puede volverse pérdida por el capricho de un presidente que es incapaz de reconocer e incumplir compromisos que México como nación ya había adquirido. Muchas de ellas ya preparan amparos y hasta el día de hoy, algunos de ellos ya se habían resuelto en su favor.

La intentona del gobierno federal fue absurda, mal planeada y fiel reflejo de su mentalidad atascada en el pasado. Por suerte, ni México ni el mundo son los mismos que en los 70’s. Vivimos en una realidad globalizada con intereses interconectados. Es en esta estructura internacional en la que podemos poner cierta esperanza de que actúe como muro de contención para la agenda de aislamiento y empobrecimiento morenista mientras nos organizamos. Pero la salvaguarda no será eterna, ciudadanos, urge que construyamos discursos alternativos y originales antes de que el plan avance hasta que resulte imposible recuperar lo perdido.


miércoles, 13 de mayo de 2020

Militarización: Admitir el fracaso

Me permito invitarlo, apreciado lector, a dar un paseo por la calle de la memoria hasta finales de noviembre y principios de diciembre del año 2017. Enrique Peña Nieto, incapaz de detener la escalada de violencia durante cinco años de gobierno, impulsa una legislación conocida como la Ley de Seguridad Interior; con el objetivo de darle un marco legal al actuar de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Papel que ya venían ejerciendo en la práctica desde el sexenio anterior.

Morena, la oposición, huele sangre en el agua y oportunidad de tajada política y se lanza con enjundia en una campaña con un eslogan sencillo y efectivo “No a la militarización del país” Personajes como Manuel Bartlett y Mario Delgado ofrecen airados discursos y mensajes, Fernandez Noroña organiza plantones y Citlatli Hernandez incendia las redes sociales. 
Curiosamente, la ley al final se aprueba. Más allá del teatro mediático, la oposición no mete ni las manos. Es finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación las que, derivada de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, declara la legislación inválida. El fallo se da justo un día después de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentara su estrategia de seguridad para el próximo sexenio, centrada en la creación de su Guardia Nacional.






Volvamos al presente. “La Esperanza de México” y quien se vendió como la luz al final del túnel, si alguna vez fue tal, se está apagando rápidamente. 2019 rompió el récord de violencia. 34,582 víctimas de homicidio doloso, cientos de feminicidios, la masacre de los LeBarón, los enfrentamientos en Culiacán en el operativo que atrapó y luego liberó al hijo del “Chapo” Guzmán… El fracaso es espectacular, sobre todo si consideramos que la legislación pertinente para formar la Guardia Nacional quedó aprobada en febrero de ese año. 

La estrategia que nos vendieron el campaña, la panacea de los “abrazos, no balazos” sencillamente nos lleva a un callejón sin salida y al prócer de Macuspana se le acaban las ideas. El lunes amanecemos con la noticia en el Diario Oficial de la Federación de que, durante los próximos cinco años, las fuerzas Armadas coadyuvarán en tareas de Seguridad Pública que les corresponden a las fuerzas policíacas.  Es una dolorosa y clara admisión del absoluto fracaso.
¿Y esa oposición militante? ¿Y ese fervor encarnizado a la no militarización? Bien gracias. A todos nos toca alguna vez tragarnos nuestras palabras, pero lo que estamos presenciando con las cúpulas de Morena es un festín espectacular. Se están empachando, y con cada bocado dejan claro que no tienen ningún pudor ideológico; que defenderán la bandera que políticamente más les convenga, aunque ayer hayan enarbolado justo los principios opuestos. Pero estos eran “los diferentes”.

Lo peor es que ese gatopardismo simple y ramplón alcanzó a engatusar a 30 millones de incautos que votaron por ellos.  Algunos de los cuales aún hoy se resisten, por orgullo o necedad, a reconocer lo evidente. Nacer con una tara intelectual es un capricho de la naturaleza con el que hay que vivir y ni hablar. Hacerse el tonto, por otro lado, es una elección; una sumamente triste que entorpece la construcción de una cultura cívica en el país. Solicito encarecidamente, que dejemos de hacernos los tontos. 

Desde esta trinchera, abogamos por la congruencia: No a la militarización del país. Ni en este, ni en ningún otro gobierno. 

miércoles, 6 de mayo de 2020

¿Qué le deberán a Barlett?

Lo de Bartlett es una cosa por demás curiosa. En poco más de 17 meses, él y su familia han protagonizado sendos escándalos de corrupción que podrían rivalizar y dejar pequeños los peores momentos del sexenio de Peña. Aún así, la presente administración parece dispuesta a sacrificar cuanto capital político y credibilidad sean necesarios para sostener en su puesto y lavarle la cara al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Sirva un caso particular de ejemplo, para que no se me tache de exagerado:
El valor de la casa blanca del expresidente se calculó en siete millones de dólares. Al tipo de cambio de aquel entonces (13.48 pesos por dolar ¡qué tiempos!) son 94 millones de pesos. En comparación, el imperio de inmobiliario de la familia Bartlett se calcula en 800 millones de pesos; ocho veces y media más grande.
Ambos casos se manejaron de un modo tan parecido que resulta inverosímil. Ambos implicados señalaron a su pareja sentimental como dueñas de las propiedades. En ambos casos se le pidió a un Secretario de la Función Pública (Virgilio Andrade, en el caso de la Casa Blanca e Irma Eréndira Sandoval, en el caso de Bartlett) que investigaran el asunto y en ambos casos se les exoneró de cualquier culpa. 

Esta semana la familia Bartlett protagonizó otro escándalo y nuevamente el aparato morenista se movilizó para intentar tapar el sol con un dedo. Resulta que León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la CFE, recibió contratos de gobierno sin licitación de por medio; sin competir por ellos. Según el portal de transparencia Compranet, Cyber Robotics Solutions, la empresa del hijo de Bartlett, le vende lo mismo al IMSS, al ISSSTE, al Ejército o a la Marina. Los contratos suman más de 162 millones de pesos y de los siete, seis fueron adjudicación directa.
Huelga decir que el detalle de los contratos también es muy particular. El 17 de abril, por ejemplo, la empresa le vendió al IMSS Hidalgo 20 ventiladores artificiales para combatir la pandemia del COVID-19, cada uno por la modesta suma de un millón 550 mil pesos. Un sobreprecio brutal.
Desde esta trinchera como que la cosa no cuadra, y apesta mucho a nepotismo, tráfico de influencias y corrupción.

Y ese es precisamente el tema. Para ser un gobierno que hizo del combate a la corrupción su principal bandera y la vendió como panacea mágica a todos los problemas del país, la administración de Andrés Manuel López Obrador se está quedando cortísima en el rubro cuando se trata de Bartlett y los suyos. Es la segunda vez que el director de la CFE le dejan vulnerable, pero el presidente sencillamente repite la jugada: Que la Secretaria de la Función Pública investigue. Dentro de un par de meses seguramente saldrá el aviso de que queda limpio de todos los cargos. Le apuestan al olvido

¿Qué se le debe a Bartlett? ¿Qué baza tiene que permanece intocable a pesar de ser un lastre político claro? ¿Con qué compró esa inmunidad? ¿Cómo es que se pasa de ser el autor intelectual de una “caida del sistema” histórica que le robó la oportunidad a Cárdenas, a ser un incondicional “de izquierda”?
La lucha contra la corrupción de Andrés Manuel es un bulo, un mal chiste. La presencia de Bartlett y la protección incondicional de la que parece disponer confirman que, lejos del “Ya se van” que presumían, en realidad se quedaron los mismos y con las mismas prácticas.


miércoles, 29 de abril de 2020

Moditos y floreros.

“No me gusta el modito” dijo el presidente sobre la iniciativa de BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios -anunciada el domingo-, que pone a disposición de las mipymes de este país un fondo de 12 mil millones de dólares para créditos.”¿Qué nosotros estamos de floreros?”

Las declaraciones del lunes desnudan, una vez más, la mentalidad centralista y autoritaria de quien hoy despacha en Palacio Nacional. Desde su perspectiva, el Estado debe estar al frente y al centro, debe ser el único actor y el único proveedor de soluciones. Entiende el ejercicio del poder como una relación Papá Gobierno - Hijo Pueblo francamente obsoleta y enfermiza, en donde necesita que la población permanezca débil y dependiente de su magnanimidad. 

Y por otro lado, desnuda su absoluta ignorancia. Acusa que “lo que está demostrado es que esos rescates de arriba son equivalentes a corrupción” y que “estamos pendientes del manejo de las reservas”, porque “ese dinero no es de Banxico, es de la nación” demostrando que no entiende de qué se trata la propuesta de BID Invest, ni de cómo diantre funciona el Banco de México ni las reservas internacionales. Literalmente, está usando palabras largas para sonar más inteligente aunque no sepa ni lo que está diciendo.

La propuesta de BID Invest y el Consejo Mexicano de Negocios es enteramente de capital privado. Por lo que no hay absolutamente ningún riesgo para los fondos y recursos públicos. Tampoco se trata de un “rescate”, son créditos revolventes; es decir, créditos que no tienen un número o monto fijo en sus cuotas, parecido a como funcionan las tarjetas bancarias. Lo que estos empresarios pretenden es sencillamente hacer sinergia para paliar un poco los efectos de la crisis económica que ya se adivina. 

Y lo más curioso del asunto es que al interior del mismo gobierno federal no lo ven mal. El domingo en la tarde, luego del anuncio, el pacto ya contaba con el respaldo de la SHCP (según la propia BID Invest) e incluso fue replicado en la cuenta Twitter de la Secretaría de Economía. Pero al parecer, nadie le había avisado al macuspano. 

“¿Qué nosotros estamos de floreros?” Pues sí, señor Presidente, si están. El Plan de Emergencia Económica de su gobierno es un coágulo de buenas intenciones, ideas absurdas y palabras bonitas que no alivia en nada la problemática. Los asuntos de los que debería estar enterado los desconoce por completo y cada mañana sale a su conferencia de prensa matutina a verse bonito y “presidencial” y poco más.

Es una tragedia que iniciativas privadas, con capital privado y de las que usted y su gobierno no tienen nada que perder y todo que ganar, le generen tanto repelús. Evidencia hasta su falta de talento político. Marcelo Ebrard, su canciller, al menos fue más agudo y trató de colgarse la medallita diciendo que el acuerdo y el programa eran en común acuerdo con el gobierno federal como para sumar puntitos. A usted ni para eso le dió.

No se sorprenda, señor presidente, si estos “moditos” que tanto le irritan se empiezan a replicar y se vuelven cada vez más comunes. Para México es ya muy evidente que su función, llegados a este punto es, cuando no abiertamente obstructiva, meramente decorativa.


miércoles, 22 de abril de 2020

Ilógica Amnistía

El Senado de la República aprobó este lunes la Ley General de Amnistía, una iniciativa con la que pretende regresar a las calles a más de cinco mil personas que supuestamente están en prisión de manera injusta. 

La ley, en el papel, suena razonable. Es cierto que México tiene una sobrepoblación carcelaria grave y es cierto que hay centenares de personas a las que no se les respetó su derecho al debido proceso. No rechazaría, a botepronto, la liberación de personas encarceladas por el delito de aborto, o los llamados “presos políticos”, por ejemplo.

Desafortunadamente, la ley no existe en una burbuja y debe ser evaluada en su contexto. Ahí es donde las cosas se tuercen.

En primer lugar, la ley no soluciona nada de fondo y por lo tanto es un feo parche, una solución temporal, en el mejor de los casos. Las causas que llevaron a delinquir a las personas beneficiarias de la amnistía siguen ahí. La falta de apego a derecho y al debido proceso por parte de las autoridades judiciales y policíacas sigue ahí. La influencia e injerencia de los grupos criminales entre la población vulnerable sigue ahí. Así que sí, aunque el Senado insista en que las acciones de estas personas “no ponen en evidencia la intención de volver a delinquir”, la realidad es que el tablero está cargado en su contra.

Segundo, no hay confianza en el proceso de criba para elegir quienes salen y cómo van a distinguir a esas personas “obligadas a cometer delitos contra la salud, posesión y tráfico de drogas”. Toda la redacción me suena bastante a darle un salvoconducto a los pequeños traficantes y distribuidores de los cárteles para que vuelvan a las calles. Esto, en un contexto en el que apenas el mes pasado (Marzo) fue el más violento de la presente administración (3,078 asesinatos, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), pues como que no me cuadra. 

Tercero, la justificación para presentar la legislación fue la necesidad de evitar contagios y aglomeraciones en los penales con motivo del COVID-19. Pero la obligación del Estado es tener un sistema de prisiones digno y salubre y su incapacidad para proveerlo no justifica condonarle sentencias a nadie. En ese entendido, la ley se antoja más como un intento para correr una cortina frente a su propia incompetencia y la terrible situación de las cárceles mexicanas, que una preocupación real por los reos. Liberar cinco mil personas de una población que ronda los cientos de miles, son cacahuates. La reforma, si se considera indispensable, debería ir sobre el sistema penitenciario con la intención de mejorarlo; no para exonerar sentencias individuales.

Cuarto (y esta no es tanto una queja de la ley, sino de su contexto), ¿por qué la población carcelaria, así sea culpable de un delito menor, tiene preferencia sobre el resto de los mexicanos que respetan la ley? En medio de la peor crisis sanitaria desde la gripe española y a las puertas de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, lo realmente urgente era un Plan de Emergencia integral que salve empleos y ponga por delante la vida y el sustento de los más de 120 millones de mexicanos libres. Los residentes de las cárceles no suman ni el 0.5% de la población general y sin embargo, la bancada de Morena y sus partidos satélites no quisieron discutir nada más que esto.

En fin, el gobierno tiene prioridades, compromisos que hay que pagar y que esta ley desnuda y permite entrever. La ley aprobada es cuestionable, ilógica desde muchos puntos de vista. Cuando la misma autoridad está parchando y remendando constantemente la ley para su propio beneficio. ¿Cómo esperamos que el ciudadano de a pie la cumpla cabalmente?


miércoles, 15 de abril de 2020

Entre el discurso y la realidad

Celebra el Gobierno Federal haber defendido y hecho valer la soberanía nacional frente a la malvada Organización de Países Productores de Petróleo, que estaba rastreramente (dicen ellos) queriendo interferir en los montos de producción de Petróleos Mexicanos. Se desviven en elogios para la secretaria de energía, Rocío Nahle García, por no dejarse amedrentar por las “grandes potencias” y plantar cara a sus exigencias en defensa de los intereses nacionales. Es la estrategia de apelar a la narrativa y a la posverdad, a las verdades a medias y a las mentiras completas para armar un escenario que me favorezca. Para eso son buenísimos.

Es una lástima que nomas rascándole tantito al tema todo ese lustre se venga abajo.

Habíamos dicho hace algunas semanas que la crisis energética internacional no es culpa de México. Arabia Saudita, harta de ser ella la que tuviera que recortar su producción de petróleo para mantener el precio en beneficio de todos, inundó el mercado de hidrocarburo. Quiso la suerte que esto ocurriera en coyuntura con la crisis del Coronavirus, las medidas para quedarnos en casa y el cierre de empresas que pudieran utilizar el energético. Exceso de oferta y caída de la demanda, por lógica simplísima, el precio se desplomó.

México, que había apostado fuertemente al petróleo como motor económico, tenía (tiene) mucho que perder en este panorama. Para su presupuesto 2020, la Secretaría de Hacienda proyectó procedentes del sector petrolero un 18% de sus ingresos; estimando una producción de 1,9 millones de barriles diarios y un precio de 49 dólares por barril. Hoy cada barril se vende a 14.24 dólares. Hay quien estima que en este momento el costo de extraer el energético supera ampliamente cualquier utilidad que obtengamos al venderlo. Imagine usted el tamaño del boquete en las finanzas públicas. 

Por ello es por lo que resulta inexplicable la postura de la secretaria de energía en la reunión de la OPEP (e invitados) del jueves pasado. Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos habían llegado finalmente a un acuerdo para que, limitando de forma proporcional su producción (para que nadie sacara ventaja y que la medida fuera realmente efectiva), el precio del petroleo se elevara en beneficio de todos. Por mera aritmética y las bondades de una simplísima multiplicación, aunque uno venda menos, si vende más caro, gana más.

Pero México se mostró necio. Intentó que se calculara el monto que debía reducir en su producción de acuerdo a lo que estimaba que iba a estar produciendo al final del año, no a su producción actual. Y en esa postura terca mantuvo en vilo la reunión y el posible tratado durante horas. Al final, Rocío Nahle se desconectó de la reunión virtual sin un acuerdo sobre la mesa.

El acuerdo finalmente se logró días después, luego de una llamada entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos se comprometía a absorber y dejar de producir los barriles que le correspondían a México como parte del acuerdo. “Lo que he pensado” dijo Trump en conferencia de prensa “es que EE.UU. puede ayudar a México por el momento y ellos ya nos lo reembolsarán más adelante".
¿Exactamente cómo “defendemos nuestra soberanía” comprometiéndonos al más vago de los acuerdos con el más abusivo de los vecinos? ¿Cómo “no nos dejamos amedrentar” si al final le dimos un cheque en blanco a los norteamericanos?

Verán, México es grande. Está dentro de las veinte economías más importantes del planeta. Y estar en esa posición conlleva una responsabilidad enorme dentro del concierto de naciones. Uno no puede pretender “ser grande” en el discurso y luego empequeñecerse en los hechos. Y en los hechos, lo que nuestro presidente y su administración hicieron es hacerse pequeños, evadir su responsabilidad en un momento en el que todos tenían que ceder, y dejar que papá Estados Unidos se hiciera cargo del problema…. a cambio de “algo”, por definirse en el futuro.

Perdónenme, pero es que entre el discurso y la realidad hay un trecho gigantesco. Y no es justo que pretendan gobernar una gran nación como país bananero. México merece más. Merecemos más, mucho más.