miércoles, 25 de noviembre de 2020

Rosario "Caja China" Robles

¡Vuelve a arrancar la caja china! No sé si se trata de pasar la página del espinoso asunto de Cienfuegos, o detener la quemazón pública que está sufriendo el gobierno en turno por el abandono en el que ha dejado a un aún inundado Tabasco y que lleva varias semanas al frente y al centro. El caso es que una vez más esa útil figura del “Testigo Colaborador” vuelve a la palestra, esta vez con Rosario Robles en el papel protagónico. La maniobra sigue siendo la misma que con, por ejemplo, Lozoya: La imputada aparecerá, soltará un par de acusaciones incendiarias que entretendrán las primeras planas y en medio de la confusión recibirá el privilegio de la libertad y que la dejen de molestar… al menos por un rato, hasta que vuelvan a necesitarse sus servicios. Insisto, a Lozoya me remito.

La cortina de humo esta vez tiene que ver con “La Estafa Maestra”, nombre con el que se le conoció al sistema a través del cual el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares y que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. 
Robles sostiene que los recursos desviados con dicha maniobra fueron utilizados para las campañas electorales del PRI: Las presidenciales de Enrique Peña Nieto en 2012 y José Antonio Meade en 2018, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017. 

Ok.. ¿Y? ¿Qué más?

Que no se me malinterprete, es bueno que los detalles de las corruptelas gubernamentales salgan a la luz. Pero consideremos lo siguiente: La investigación que dio el pitazo y nombre a la Estafa Maestra se publicó el 5 de septiembre de 2017, desde entonces no ha habido un solo cargo criminal individual imputado; incluso a dos años de entrada una administración cuyo principal objetivo era, supuestamente, “combatir la corrupción de gobiernos anteriores”. ¿Ahora resulta que el avance más importante en este caso es porque Rosario Robles se decidió a cooperar? ¿Después de aguantar casi dos años en prisión?

La aclaración del abogado de Robles también es muy interesante, porque abona a la narrativa oficial y se cuida de acotar con precisión a los imputados: 
"También se va a determinar [...] cómo fue que se dio la instrucción [...] para que se dieran estos recursos [...] por instrucciones de Luis Videgaray Caso, [...] lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó por lo que el voto popular determinó". 
Traducción: Luis Videgaray y el PRI malo querían cometer fraude, pero no pudieron por el voto del pueblo bueno. 
¿Y Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, quien ya había sido señalado antes como beneficiario de los desvíos? Ni pinta. Es más, el abogado explícitamente puntualizó que Robles no hará ninguna imputación contra él. 

Piensa mal y acertarás, dicen por ahí. A mi me parece que la “oportuna” declaración de Robles, además de funcionar como Caja China y salvavidas, es también un mensaje de la presente administración a otras fuerzas al interior del PRI con las que tiene acuerdos y tensores y con la que se comunica y mide fuerzas a través de la prensa nacional. Es un pulso para ver quién cede. Me remito, otra vez Lozoya. En cuanto empezó a sonar su nombre y lo que pudiera revelar en juicio, se filtró el video de Pio López Obrador y todo quedó de nuevo en un impassé. ¿Qué se quieren decir o cuál será la respuesta PRIista? Habrá que esperar y ver.



miércoles, 18 de noviembre de 2020

¿Por qué el bandazo?

 

Hace dos semanas platicábamos de Cienfuegos y de lo sospechoso que era que la presente administración, lejos de hacer una investigación exhaustiva a las fuerzas armadas y una seria revisión a los procedimientos y controles de confianza de dicha corporación, le estuviera ofreciendo cada vez más espacios en la vida pública. 


Ayer martes cayó más leña en esa hoguera conspiranóica cuando nos enteramos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desechará las acusaciones de cargos criminales contra el exsecretario de la defensa nacional, en aras de que la justicia mexicana, que aparentemente ya tiene una investigación en marcha, sea quien lo procese. El Departamento de Justicia, en su comunicado señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” sobrepasaban el interés de perseguir al General Cienfuegos… después de tenerlo detenido por 34 días… y haberlo apresado sin comunicárselo con anticipación al gobierno mexicano. Ajá. Si, claro.


No, aquí hay algo más. Algo cambió en estas dos semanas. Algo se negoció. Y el único evento en este periodo de tiempo de la magnitud suficiente como para haber detonado este drástico cambio de timón son las elecciones de Estados Unidos, que ciertamente han cambiado el panorama. De tener en Trump un aliado repúblicano, la presente administración tendrá ahora que lidiar con un Biden demócrata cuya política exterior y actitud hacia nuestro país será toda una incógnita. Eso si, a priori, Biden no tiene necesidad de ese intercambio de favores y legitimidad que tenían Trump y Andres Manuel.


La detención de Cienfuegos era un golpe mediático importante al gobierno Peñista, que lo sostuvo como Secretario de la Defensa Nacional durante seis años. Pero al mismo tiempo (como señalamos hace dos semanas) representa un fuerte cuestionamiento para la actual estructura de nuestras fuerzas armadas. A lo mejor (y esto es mera especulación) existía ese acuerdo tácito con la administración trumpista de que la investigación sobre Cienfuegos sería llamarada de petate y que serviría como parte de ese acuerdo para darle legitimidad (y munición política) al de macuspana, pero sin tocarle sus intereses.


Viene el 3 de noviembre y los agonizantes días posteriores mientras cada estado norteamericano hace el recuento de votos (vale la pena mencionar aquí: ¿qué no darían los gringos por una institución como el INE de aquel lado del río Bravo?). Gana Biden y de este lado sudan frío. Con Biden no hay acuerdo, no hay negociación en marcha y si los demócratas se hacen con la investigación, pueden llevarla hasta el final, en perjuicio de López y su gobierno. 


La jugada inmediata es no reconocer el triunfo del candidato demócrata (cosa que a la fecha AMLO no ha hecho) y colaborar en la estrategia del aliado republicano para dinamitar el proceso electoral (estrategia en la que tienen amplia experiencia, recordemos 2006). Pero con el pasar de los días y al ver que las impugnaciones judiciales de la campaña de Trump son desechadas, es necesario que el presidente minimice sus pérdidas y asegure los cabos sueltos. Y eso incluye, por supuesto, que el proceso de investigación de Cienfuegos debe si no detenerse, por lo menos asegurar que siga en manos de un fiscal que tenga la sensibilidad de no manchar los intereses de la 4T.


A Cienfuegos le van a seguir sacando rédito político. Pero veo absolutamente improbable que pise la cárcel. Mucho menos que algo de esto termine en el enjuiciamiento de Peña. Y eso tristemente no es especulación, es sencillamente remitirse a la experiencia previa. ¿O es que alguien se acuerda de Emilio Lozoya?





miércoles, 4 de noviembre de 2020

Preguntas sobre el ejército y la Guardia Nacional

Debo confesar que la lógica interna de la toma de decisiones en la presente administración me resulta completamente indescifrable. Uno pensaría que después de la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio anterior, la estructura completa del ejército mexicano sería revisada y sometida a estrictos controles de confianza, que los colaboradores más cercanos al General Cienfuegos serían quizá separados de sus cargos temporamente mientras corrían las averiguaciones correspondientes y que se colaboraría con la justicia norteamericana para desenterrar de raíz cualquier perniciosa relación entre un pilar institucional del estado (el ejército) y las organizaciones criminales que más daño le han hecho al país en los últimos veinte años.

Pero no, no ha ocurrido nada de eso. Y quizá la sospecha de que nada de eso iba a ocurrir es lo que forzó a nuestros vecinos del norte a guardarse cerca del pecho sus cartas y a no compartir con el gobierno mexicano que la investigación estaba en curso ¡desde por lo menos agosto de 2019!

Andrés Manuel López Obrador, quien prometía que de ganar las elecciones regresaría a los militares a sus cuarteles, en su lugar ha permitido que el ejército siga y siga ganando terreno en la vida pública del país. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, la vigilancia del AICM, el control de puertos y aduanas; son todas funciones que no le corresponden a las fuerzas armadas, pero que igualmente llevan por mandato presidencial.

La integración de la Guardia Nacional, que desde el principio supimos que se trataba de una agrupación con elementos y mando castrenses, no es sino una raya más al tigre. Pero, a la luz de lo descubierto por E.U.A. y el escándalo del General Cienfuegos acaso la más peligrosa de todas. No sólo es que el ejército está entrenado con una filosofía radicalmente distinta, sino que su integridad está comprometida y no se está tomando ninguna medida para reparar esa brecha. ¿A quién le estamos entregando la seguridad pública? ¿Qué garantías tenemos de que no hay más como Cienfuegos dentro de la estructura de la Guardia Nacional?

Y no contentos con eso, la presente administración publicó en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo” mediante el cual le confiere a dicho cuerpo militar la función de “Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso” poniendo toda medida cautelar en un proceso judicial (las condiciones en las cuales el acusado enfrentará su proceso) en manos de la Guardia Nacional. El cuerpo podrá entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, realizar visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado; requerirle que proporcione muestras, sin previo aviso, para exámenes toxicológicos; supervisar que las personas e instituciones a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado. En fin, se le ha dotado de toda una serie de herramientas extrajudiciales y al margen de la ley para intimidar y acosar impunemente.

La medida va claramente en contra del Artículo 129 de nuestra Constitución (En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar) pero no sería la primera vez (ni será la última) que el actual gobierno se salta el estado de derecho por cumplir un capricho. La pregunta es ¿Para qué? ¿Quién gana y qué gana con esta decisión? Las respuestas, a la luz de lo descubierto por Estados Unidos, pueden ser turbias, mexicanos. Muy turbias.



miércoles, 28 de octubre de 2020

México: Federación Presidencialista

Andrés Manuel es presidente y el sistema mexicano moderno es presidencialista. Esto es decir que, con sus debidas consideraciones, las riendas del país están en manos de un sólo hombre. Así ha sido la vida política del México independiente desde su concepción: El caudillo, el hombre fuerte, el tensor entre las fuerzas políticas del momento como la pieza importante de todo el sistema para hacerlo moverse y avanzar. 

México es también una federación. Se rige por un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de Estados asociados en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central.

Estos dos axiomas no están contrapuestos entre sí, de hecho, hacen sinergia. Parte de la labor del presidente de la federación es funcionar como centro y armonizar las necesidades y demandas de los estados. Escuchar y trabajar con los gobernadores y el resto de las fuerzas políticas para avanzar en una dirección concreta es, literalmente, el trabajo del presidente. Cuando el tensor falla, cuando el presidente no preside, tenemos una situación como la actual.

El conflicto Gobierno Federal - Alianza Federalista que vemos hoy se desprende de una absoluta incapacidad, desinterés o desconocimiento de parte del más alto funcionario de la nación para realizar su trabajo dentro del sistema político nacional. Con él no hay acuerdo posible, ni diálogo. Con él no hay colaboración, hay sumisión y lealtad ciega a un cuestionable proyecto de nación, o se corre el riesgo de sufrir las consecuencias en la repartición de recursos federales. 

En estas circunstancias me parece de lo más razonable y natural que un grupo de actores políticos con un mandato constitucional y una responsabilidad con sus gobernados (y seguramente también, no me engaño, un interés electoral), decidan hacerle frente para hacer valer su sitio dentro de este concierto de fuerzas que Andrés Manuel debería estar dirigiendo y coordinando. 

¿En qué cabeza cabe que la persona que debe dirigir y decidir diga que no se reunirá con los gobernadores porque “hay que cuidar la investidura”? Es equiparable al director de un negocio que no se reúne con sus gerentes de área porque “no me vayan a ensuciar la oficina” o porque tiene miedo de que esos gerentes, eventualmente crezcan y lo reemplacen en la dirección (los ya mencionados intereses electorales). Ni en una empresa, ni en un país, eso es recomendable o sostenible.

Si, los gobernadores tendrán demandas, necesidad de apoyo económico para proyectos estratégicos de infraestructura como la Línea 4 del Tren Eléctrico en Jalisco. Pero esos proyectos son también oportunidades para trabajar juntos en beneficio de la población. Proyectos con los que, siendo inteligente, el gobierno federal podría también salir beneficiado en cuanto a su imágen entre la población local. Pero nada de esto parece tener importancia para el inquilino de palacio, 

La CONAGO comenzó su camino en 2001, durante el sexenio de Vicente Fox. Desde su formación ha sido una herramienta de coordinación entre los estados y la presidencia. A veces su participación ha resultado en un impulso en el bienestar de los mexicanos, en otras, ha entorpecido la implementación de proyectos que podrían haber rendido frutos (pregúntenle a Calderón y a las evaluaciones de confianza estandarizadas para las policías locales) El éxito o fracaso en la gestión de un presidente puede calificarse enteramente por su habilidad para actuar de tensor y mediador entre todas las fuerzas del país. En ese sentido, como en muchos otros rubros, la actual administración está quedando abrumadoramente a deber.




miércoles, 14 de octubre de 2020

Contra el cáncer, desfile de pretextos

El reclamo por la falta de medicamentos oncológicos cumple ya 712 días, según la cuenta del presidente de la organización en favor de los niños con cáncer Es Por Tu Amor, Emmanuel García. Durante todo ese periodo la administración lopista ha dado argumentos (pretextos) de todo tipo del por qué no cumple con su mandato constitucional (Art. 4°) de garantizar la salud: desde el combate a la corrupción, hasta la demonización de PiSA por supuestas prácticas monopólicas. Y en este concierto de justificaciones ridículas, quizá la última sea la que se lleva el pastel por inverosímil e incongruente.

Supuestamente, les robaron 37 mil dosis que ya tenían listas para entregar en las bodegas de la empresa Novag Infancias SA de CV. ¡Pero qué mala suerte! Excepto que, está medio raro ¿No?

En el informe proporcionado por el INSABI, se asegura que el medicamento llegó desde el 20 de septiembre, pero el parte aduanal de entrega a la institución está fechado casi un mes antes, el 28 de agosto. Por otro lado, el robo habría ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de octubre. ¿Qué hacían todavía con el medicamento en su poder quince días (o más) después de recibirlo? ¿Por qué no se había entregado? 
(Nota al pie la empresa responsable de la distribución es propiedad de Zoé Robledo, actual director del IMSS)

La COFEPRIS se entera de lo sucedido el día 7, pero nada se hace público hasta el 9, cuando pide a los padres afectados “darlo a conocer a la opinión pública” Uhm… ¿Por qué? ¿No eres tú la autoridad? ¿No tienes tú todos los elementos del caso y estás llevando a cabo la investigación correspondiente? Al final, el comunicado oficial no sale sino hasta el día 10, junto con la alerta sanitaria correspondiente.

Hasta ahora y basados en evidencia dura, el entramado revela un sorprendente (ni tanto) grado de incompetencia de parte de las autoridades, en primera instancia, para proteger y distribuir un medicamento que ya tenía comprado y que se requiere con urgencia, y después para reaccionar ante el hecho, avisar a la opinión pública y encontrar soluciones alternativas.

Pasando a terrenos meramente especulativos, la cosa podría ponerse aún peor. El robo cubre a la presente administración en varios frentes. Primero, frente a la sospecha de que el medicamento que se compró es inviable y quizá hasta ilegal. Ninguna de las marcas mostradas en el comunicado de Cofepris cuenta con un registro sanitario en México condición indispensable para su importación al país. ¿Cómo entonces lo metieron, pues?

También nos enteramos que Kemex (la empresa argentina fabricante) tuvo que retirar varios lotes de circulación en aquel país por temas de calidad. Sin el registro de la Cofepris no hay garantías de la calidad de lo que llegó a México. La historia del robo entonces les cubre las espaldas si lo comprado resulta defectuoso. Aún si encontraran el lote, por no poder garantizar que no lo hayan manipulado, se considera contaminado e inutilizable, sin tener que pasar por la vergüenza de admitir que compraron algo que no servía.

Y finalmente, coloca al presidente y a su gobierno en la posición cómoda de víctimas. “Está muy raro”, dice el presidente en la mañanera, achacándole el robo a esos “afectados, que se resisten a abandonar sus privilegios y la corrupción”, con lo que incluso un estrepitoso fracaso administrativo de su gestión le está reportando rédito político. 

Mientras tanto, el drama sigue, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer denunció que del 11 de diciembre de 2019 al 3 de septiembre de 2020, mil 608 niños han fallecido a causa de esa enfermedad. En el conteo realizado en su página web, se reportan también, 4 mil 289 nuevos casos detectados y 3 mil 216 diagnosticados en fase avanzada. Y este gobierno, por cualquier pretexto, sigue inoperante e indolente.



miércoles, 7 de octubre de 2020

La carrera por la intermedia ya empezó...

Puede que Andrés Manuel y MORENA no den pie con bola en esa importantísima labor que es ser y formar gobierno; trabajar para los mexicanos. Pero lo que sí saben hacer extremadamente bien es jugar al juego político-electoral y acomodarse para ganar cuanta ventaja sea posible en cada elección. Esto es, precisamente, lo que los vuelve tan peligrosos para el país: no necesitan hacer méritos gobernando bien. Como buen gobierno populista, la estrategia radica por entero en ganar elecciones exprimiendo al sistema.

Así, por ejemplo, y con el cuento de combatir la corrupción, han desmantelado programas que operaban con reglas claras y auditables para sustituirlos por un control directo y opaco de los recursos para hacérselos llegar “directamente a los beneficiarios”, como a las personas de la tercera edad. En el mejor de los casos este dinero, efectivamente llega a quien lo necesita. Pero también tiene una sorprendente tendencia a desaparecer. Tan solo en su primer año la presente administración pagó 593 millones de pesos en pensiones a beneficiarios inexistentes, según la Secretaría de la Función Pública. 
Tan solo en en los programas sociales para combatir la pobreza: adultos mayores, niños y personas con discapacidad, falta aclarar pagos por 1,460 millones de pesos.

Otra triquiñuela que están usando, revistiéndola de ejercicio democrático, es la degradación del concepto de consulta ciudadana, al utilizar el término en ejercicios que no cumplen con los requisitos y efectos que pide la Constitución.
En ese sentido, la administración morenista se anotó un tanto enorme al conseguir que seis de los once magistrados de la Suprema Corte votara por la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar expresidentes. No sólo por que se avaló un despropósito (que la aplicación de la justicia en este país sea selectiva y dependiente del resultado del voto popular) sino porque nuevamente, que la Suprema Corte la haya declarado “Constitucional” no quiere decir que vaya a seguir los protocolos de una consulta como dicta la ley. ¿Pero a poco no se oye bien bonito y le da cierto “caché”?

La siguiente jugada ya la dejó entrever Ricardo Monreal. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado señaló que está elaborando una iniciativa de reforma constitucional para permitir que la consulta se realice el mismo día de la elección. El argumento económico es innegable, la consulta (que, ya dijimos, es dinamita pura para nuestro Estado de Derecho) tendría un costo calculado de 8 mil millones de pesos, el equivalente a 1.5 veces la Estafa Maestra, o al costo combinado del Avión Presidencial y la Estela de Luz.
Si la oposición se niega a realizarla el mismo día que la elección, se le tachará de avalar el despilfarro, con el costo político que eso implica. Pero si lo permite, le estará permitiendo al gobierno federal hacer campaña para “promover la consulta” atacando directamente a expresidentes de partidos opositores. ¿No es una genialidad la maniobra?

Y mientras a la oposición le están ganando la elección a más de una año de distancia de que esta ocurra, seguimos sin tratamientos de quimioterapia, seguimos sin la seguridad y la paz prometida, seguimos con una crisis económica y de salud sin precedentes… ¿Exactamente qué está haciendo la “oposición”?



miércoles, 30 de septiembre de 2020

Fideicomisos - Sacrificio Preocupante

Mientras escribo estas líneas, se discute en la Comisión de Presupuesto de San Lázaro la eliminación de más de cien fideicomisos del Estado, con la intención de reutilizar sus recursos (68 mil millones de pesos) en temas de salud y para financiar los intocables programas sociales de esta administración.

La cabeza más visible de este nuevo desmantelamiento institucional es Mario Delgado, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. El legislador sostiene que se trata “de una reorganización administrativa” que en modo alguno exime al gobierno de atender las circunstancias para las que fueron creados. Por ejemplo, la desaparición del Fondo para la Atención de Emergencia (Fonden) “no quiere decir que el gobierno se va a quitar la responsabilidad de atender a la población en caso de un desastre natural”. ¡Faltaba más!

Alguien tendría que aclararle al diputado que no, los ciudadanos no están confundiendo la desaparición de los fideicomisos con la renuncia del gobierno a sus obligaciones. Que las dudas y las cejas levantadas van más bien porque dichos fideicomisos representan cierta garantía (por más endeble que esta sea) y porque los antecedentes de este gobierno “administrando” cualquier cosa son de terror. Luego resulta que con sus brillantes ideas administrativas, como rifar el avión presidencial, pierden más dinero del que sacan.

La preocupación es que el dinero desaparezca como por arte de magia y vaya a parar a donde sea que terminó el presupuesto destinado para medicamentos contra el cáncer. La preocupación es que en el país más peligroso para periodistas de América, el dinero Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se canalice en un arenal en Dos Bocas, Tabasco, que después de un año y medio de obra debería mostrar más avance. La preocupación es que fondos que deberían impulsar el desarrollo científico, terminen en programas sociales sin reglas de operación ni rendición de cuentas.

Y he leído el argumento de que los fideicomisos son tapadera para corruptelas y malversación. Esto es grave y amerita investigación. ¿En cuáles hay corrupción? ¿Cuáles son usados indebidamente o no están cumpliendo con su función? ¿Cómo lo hacen y cuándo se presentan las acusaciones formales frente a la Fiscalía para llevarlos ante la justicia? ¿Cuándo se van a usar y respetar LAS INSTITUCIONES en este gobierno, en lugar de la pedrada a ciegas?

Presumen finanzas públicas sanas, mientras sistemáticamente se apropian y hacen uso de cuanto guardadito “neoliberal” se encuentran sin mayor argumento que una “reestructuración administrativa” En el proceso, ponen en riesgo los progresos, pocos o muchos, que el país ha hecho en Ciencia y Tecnología, Protección a Víctimas, Cambio Climático, las Financieras Rurales, el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética (creí que esa era justo la estrategia gubernamental) entre muchos otros rubros. Su "reestructuración" destruye el blindaje que tenían esos proyectos para tener financiamiento multianual lejos del vaivén político y la discusión presupuestal sin ofrecer ventaja alguna. No hay razón para hacer ese sacrificio... a menos de que su interés sea únicamente la lana. ¿Verdad? Entonces la decisión tiene todo el sentido del mundo.