Los retos que vienen

 

Un año retador toca a su fin. No nos andemos por las ramas, ni nos engañemos viendo las cosas de color de rosa: el siguiente promete serlo igual o incluso más. La aparición y acelerada difusión del virus SARS-CoV-2 representa el más grandel desafío colectivo para la raza humana en los últimos 75 años y en lugar de hacerle frente unido a una amenaza que no distingue raza, sexo, origen ni credo, lo hemos enfrentado en un clima de división política, económica y social sin precedentes y con una masiva crisis de confianza en las instituciones al punto en que hay personas que dudan de la efectividad de una vacuna, o que genuinamente piensan que tendrán que viajar al extranjero para poder aplicársela.

En el caso particular de nuestro país la crisis, va con dos (en realidad varios, pero intento ser sucinto) condimentos agregados: 

1) Tener un gobierno inoperante e incompetente que ha priorizado aferrarse al poder y cuidarse la imagen por encima de la responsabilidad elemental de procurar la salud y el bienestar de su población (Si no me cree, lo remito al artículo de Natalie Kitroeff en el New York Times respecto a cómo la presente administración ocultó la gravedad de la situación en la CDMX, o revise el negro historial de declaraciones apresuradas de nuestro presidente, empezando por “domamos la pandemia” a finales de abril) y 

2) Las elecciones intermedias de 2021, que no harán sino exhacerbar este clima de división y reduciran la pandemia en una herramienta de golpeteo político.

Quizá no “merecemos” más. Como humanidad en general y como mexicanos en particular, lo que tenemos es resultado de lo que hemos hecho hasta ahora, con las relaciones que hemos construido, sobre los valores que hemos elegido. En el sentido más estricto, tenemos lo que merecemos. Lo que tendríamos que hacer (y creo que esta época de relativa pausa es propicia para ello) es ponernos a pensar si no “podemos” más y qué tendríamos que hacer para construirlo.

En este espacio siempre hemos seguido esa línea de pensamiento: que la construcción de un mejor país y de mejores circunstancias para todos depende grandemente de pequeños esfuerzos individuales, locales y de abajo hacia arriba. Pasa necesariamente por el que SÍ queremos.

Desafortunadamente la mentalidad del grueso de la población va en sentido opuesto: Espera con anticipación a que aparezca en el escenario nacional un personaje mesías, que pueda por sí mismo transformar al país y además, su alcance de miras se limita a rechazar sin construir. Esa combinación fatal de ideas es la que nos llevó a votar por algo “si no mejor, diferente” en 2018 y ahora está encasillando a la oposición en un “Fuera López” que tampoco propone nada.

Aprovechemos este tiempo de fin de año para tomar fuerzas otra vez y pensar en qué pequeñas cosas podemos hacer un gran impacto en nuestras comunidades y entre nuestros vecinos. Tomémonos un tiempo para ver que sí queremos y cómo le hacemos para construirlo (verbo activo y esencial, que implica una acción ordenada y continua).

¡Gracias por leernos este año!

- Mithrandir, ¿por qué el Mediano?

- No lo sé. Saruman cree que sólo un gran poder puede contener el mal, pero eso no es lo que yo he llegado a ver. Lo que yo he visto es que son los pequeños detalles cotidianos de la gente común los que mantienen el mal a raya, pequeños actos de bondad y de amor. ¿Por qué Bilbo Bolsón? Tal vez porque tengo miedo... y él me infunde coraje.

PS: Esta columna descansa la próxima semana, nos vemos el 6 de enero!

Asalto a Banxico

 

Esencialmente, los bancos centrales independientes existen por una razón sencilla pero importantísima: que no sea el gobierno el que tenga el control de la maquinita de imprimir dinero. En otras palabras, quitarle la tentación de resolver sus problemas fiscales (y hasta electorales) a costa de la política monetaria: ¿No te alcanza? Pon a a funcionar la maquinita, aunque cada billetito valga cada vez menos. 

Los paises latinoamericanos aprendimos a la mala esta sencilla máxima, a costa de varias décadas de inflación rampante en la segunda mitad del siglo XX. En México la reforma al artículo 28 de la Constitución, que le otorgó a Banxico su autonomía y su mandato prioritario de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional, entró en vigor apenas el 1 de abril de 1994. A partir de entonces, la certeza de que el gobierno no podía dinamitar el valor de la moneda favoreció la inversión en el país y sentó las bases para que nos tomaran un poquito más en serio en el concierto de naciones.

Es por ello que cada que se habla de reformar la ley que le da sus facultades a Banxico, conviene recordar esa época triste de crisis sexenales y masivas devaluaciones que, entre otras cosas, obligaron a la introducción de los “nuevos” pesos y a quitarle tres ceros a nuestra moneda. Esas son las condiciones a las que podríamos regresar si no tenemos cuidado.

Vamos ahora a la propuesta que la Cámara de Diputados tenía planeado discutir ( y aprobar) ayer martes y que afortunadamente pospuso para febrero para poder discutir en su justa dimensión. Esencialmente, la reforma obliga a Banxico a comprar los dólares excedentes que estén circulando en nuestra economía, provengan de donde provengan. La justificación, de dientes para afuera, es ayudar a los migrantes a cambiar sus dólares cuando regresan.

El tema curioso es el siguiente: Cualquier banco puede comprar y vender divisas. La mayoría tienen toda una red de acuerdos e intercambios con bancos de otros países para hacerles llegar los excedentes y devolver el efectivo a su país de origen. Para entrar en esa dinámica, las instituciones financieras están sujetas a fuertes restricciones nacionales e internacionales que buscan evitar que dinero sucio o de procedencia ilícita entre en el sistema financiero. En México, por ejemplo, el banco tiene que armar un expediente identificando a los clientes, recibir en efectivo un límite de 300 USD por cliente y no más de 1,500 al mes o 4,000 si es cliente del banco. Sólo puede recibir hasta 14,000 USD de personas morales en lugares turísticos; avisar de cualquier transacción de más de $500 USD, entre otros requisitos. El banco asume y procura minimizar el riesgo de ser un foco de lavado de dinero y si en algún punto falla, queda fuera del juego de la compraventa de divisas, y en desventaja frente a sus competidores. Justo como Banco Azteca.

Porque sí, el banco de Salinas Pliego no tiene convenio de corresponsalía con entidades extranjeras desde que la Oficina de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos sancionó a su socio por incumplir leyes antilavado. Poco a poco, Salinas Pliego ha acumulado en su banco 10 millones de dólares en efectivo que no puede devolver a Estados Unidos. ¿Qué hacer entonces? Muy fácil, le pido al gobierno en turno una conveniente reforma para que Banxico esté obligado a comprarme mis dólares, y que sea Banxico y su reputación la que sufra porque a mi no me interesa someterme a controles para garantizar que no recibo dinero, por ejemplo, del crimen organizado.

“No somos iguales” dicen. “Mafia del poder”, reclamaban. Pero usando como pretexto ayudar a los migrantes, están permitiendo que un poderoso empresario ponga en jaque la independencia de nuestro Banco Central, su reputación y su función de garante y ancla de nuestro sistema financiero con tal de hacerse un poco más rico, probablemente lavándole dinero al narcotráfico. Si esa no es la definición textual de “mafia del poder”, no sé qué lo será.

Felipa Obrador: Una raya más al tigre

“Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita, o es cómplice o se hace de la vista gorda”. Así de categórico hablaba el presidente de la república el pasado 14 de enero de 2019, apenas unas semanas después de tomar posesión.

Desde esa declaración y hasta hoy, se han señalado y evidenciado varios casos de corrupción de alto perfil en su gobierno. Y tristemente no se trata de personajes ajenos a él o a su círculo, sino de familiares directos y amigos íntimos. Ese que insistía categórico que tendría mano dura contra la corrupción, ha demostrado ser, cuando menos solapador si no es que directamente beneficiario y cómplice. Después de todo nada pasa sin que se entere, ¿no?

Las propiedades de Bartlett permanecen intocables, pese a que es evidentísimo el enriquecimiento acelerado e inexplicable con su remuneración de servidor público. Lozoya sigue libre, su supuesta colaboración con la justicia sin producir ningún otro detenido ni un progreso en alguna investigación en marcha. Cienfuegos, acusado con los pelos de la burra en la mano por una corte en Estados Unidos, descansa ya tranquilo en su casa después de las gestiones diplomáticas realizadas por este gobierno para sacarle las castañas del fuego. Pío Lorenzo López Obrador fue grabado en video recogiendo “aportaciones” de un operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco; pero curiosamente se desestimó el caso y no pasó absolutamente nada. Concepción Falcón Montejo, cuñada del presidente y esposa de Ramiro López Obrador, fue señalada como participante de un desfalco en Macuspana, Tabasco por más de 200 millones de pesos entre el 2019 y el 2020, a partir del desvío de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). El tema sigue en el limbo, a pesar de haber sido causa de la renuncia de 11 funcionarios del gabinete local, entre ellos el alcalde de la demarcación, Roberto Villalpando Arias. El caso más reciente es el de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente. Su empresa, Litoral Laboratorios Industriales, ha sido beneficiada con contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos en los últimos dos años. La empresa ha ganado además adjudicaciones directas con el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De nada de esto sabía el presidente. Todo le agarra por sorpresa y todo dice que se va a investigar, sin presentar nunca resultados. Las investigaciones y destapes siempre tienen que venir de un tercero, de un pitazo periodístico, de una declaración, nunca de las instituciones o de las personas que el mismo presidente ha establecido como sus adalides en la gran obra de su gobierno: el combate a la corrupción.

Una de dos, o es un absoluto incompetente, o es un absoluto corrupto. Escojan la que prefieran, el resultado es el mismo: No es apto para ser presidente.

La subcontratación

 

Si la subcontratación existe, en todas sus variadas formas, es porque hay una demanda de ello, una necesidad que encontró solución con el esquema. La realidad es que tener un negocio en México es un acto heroico, administrarlo conforme a la ley es ridículamente caro y complejo. Si tiene tiempo y le apetece, dese una vuelta por las primeras entradas de este espacio, allá por el lejano 2014-2015 y léase la serie “Resolviendo el Problema del Empleo” (en especial su parte 4), donde hacemos un recuento del sinnúmero de problemas y obstáculos para trabajar y ofrecer empleo dentro de la legalidad en México. 

Para esta entrada, sin embargo, baste hacer una pertinente comparación:

Ya en ese entonces (2014) nuestro país ocupaba el sitio 39 del Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial, hoy está en el 54. Lo que escribí entonces palidece frente a las condiciones actuales.

La subcontratación entonces, tiene su razón de ser. No, no estoy sugiriendo que el modelo sea perfecto, o que no necesite una revisión profunda que esclarezca las condiciones del trabajador. Porque efectivamente, se ha abusado del esquema y se ha precarizado el trabajo.  Mi punto es que la estrategia favorita de la presente administración (“Acaba con todo lo que no nos guste o no nos deje lana y ya luego averiguas qué era y para qué servía”) no va a hacer sino agravar la crisis. Porque, como obvia consecuencia de eliminar de tajo el modelo, un montón de gente con empleos precarios van a terminar en condiciones aún peores sin empleos, o con empleos informales.

¿Qué hacer pues? Hacerlo fácil. Quizá empezar por simplificar la nómina y los impuestos que de ella se desprenden. Administrar por separado las aportaciones a la seguridad social, al INFONAVIT, al impuesto estatal sobre nómina y llevar registro de los ingresos que son o no gravables, en qué porcentaje y cada uno con un límite deducible distinto es entorpecer innecesariamente el proceso de gestión al punto en que se necesita una persona especializada para hacerlo. Cuando idealmente quieres que sea tan sencillo como para que Don Mateo, en el escritorio de su taller de carpintería, sin más que su educación secundaria, papel y lápiz, debería poder calcular de a cómo les toca a sus ayudantes.

Tener empleados es tan complicado y caro de administrar, que el mismo Gobierno Federal utiliza el esquema. La administración de López Obrador ha asignado al menos 50 contratos a empresas de outsourcing entre 2019 y 2020. Estas operaciones equivalen a 8 mil millones de pesos e implican el trabajo de 28 mil 800 personas que laboran en prácticamente todas las áreas en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación.

Y eso sí, cuando le recordaron del tema y su incongruencia el presidente prometió basificar a todos esos trabajadores y contratarlos “a la buena”. Eso sí, van a esperar a que se apruebe la reforma sobre el tema. ¡Pues es que hay que cuidar el presupuesto!

Con este gobierno se está haciendo costumbre ofrecer soluciones que son peores que la enfermedad. La pauperización del trabajo es un problema grave, pero no va a resolverse pauperizando al país, su economía y sus empresas. 

Rosario "Caja China" Robles

¡Vuelve a arrancar la caja china! No sé si se trata de pasar la página del espinoso asunto de Cienfuegos, o detener la quemazón pública que está sufriendo el gobierno en turno por el abandono en el que ha dejado a un aún inundado Tabasco y que lleva varias semanas al frente y al centro. El caso es que una vez más esa útil figura del “Testigo Colaborador” vuelve a la palestra, esta vez con Rosario Robles en el papel protagónico. La maniobra sigue siendo la misma que con, por ejemplo, Lozoya: La imputada aparecerá, soltará un par de acusaciones incendiarias que entretendrán las primeras planas y en medio de la confusión recibirá el privilegio de la libertad y que la dejen de molestar… al menos por un rato, hasta que vuelvan a necesitarse sus servicios. Insisto, a Lozoya me remito.

La cortina de humo esta vez tiene que ver con “La Estafa Maestra”, nombre con el que se le conoció al sistema a través del cual el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares y que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno. 

Robles sostiene que los recursos desviados con dicha maniobra fueron utilizados para las campañas electorales del PRI: Las presidenciales de Enrique Peña Nieto en 2012 y José Antonio Meade en 2018, la intermedia de 2015 y la de Alfredo del Mazo a la Gubernatura del Estado de México en 2017. 

Ok.. ¿Y? ¿Qué más?

Que no se me malinterprete, es bueno que los detalles de las corruptelas gubernamentales salgan a la luz. Pero consideremos lo siguiente: La investigación que dio el pitazo y nombre a la Estafa Maestra se publicó el 5 de septiembre de 2017, desde entonces no ha habido un solo cargo criminal individual imputado; incluso a dos años de entrada una administración cuyo principal objetivo era, supuestamente, “combatir la corrupción de gobiernos anteriores”. ¿Ahora resulta que el avance más importante en este caso es porque Rosario Robles se decidió a cooperar? ¿Después de aguantar casi dos años en prisión?

La aclaración del abogado de Robles también es muy interesante, porque abona a la narrativa oficial y se cuida de acotar con precisión a los imputados: 

"También se va a determinar [...] cómo fue que se dio la instrucción [...] para que se dieran estos recursos [...] por instrucciones de Luis Videgaray Caso, [...] lo que era notorio era que buscaban cometer de nueva cuenta un fraude electoral, a lo cual no les alcanzó por lo que el voto popular determinó". 

Traducción: Luis Videgaray y el PRI malo querían cometer fraude, pero no pudieron por el voto del pueblo bueno. 

¿Y Miguel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, quien ya había sido señalado antes como beneficiario de los desvíos? Ni pinta. Es más, el abogado explícitamente puntualizó que Robles no hará ninguna imputación contra él. 

Piensa mal y acertarás, dicen por ahí. A mi me parece que la “oportuna” declaración de Robles, además de funcionar como Caja China y salvavidas, es también un mensaje de la presente administración a otras fuerzas al interior del PRI con las que tiene acuerdos y tensores y con la que se comunica y mide fuerzas a través de la prensa nacional. Es un pulso para ver quién cede. Me remito, otra vez Lozoya. En cuanto empezó a sonar su nombre y lo que pudiera revelar en juicio, se filtró el video de Pio López Obrador y todo quedó de nuevo en un impassé. ¿Qué se quieren decir o cuál será la respuesta PRIista? Habrá que esperar y ver.

¿Por qué el bandazo?

 

Hace dos semanas platicábamos de Cienfuegos y de lo sospechoso que era que la presente administración, lejos de hacer una investigación exhaustiva a las fuerzas armadas y una seria revisión a los procedimientos y controles de confianza de dicha corporación, le estuviera ofreciendo cada vez más espacios en la vida pública. 

Ayer martes cayó más leña en esa hoguera conspiranóica cuando nos enteramos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desechará las acusaciones de cargos criminales contra el exsecretario de la defensa nacional, en aras de que la justicia mexicana, que aparentemente ya tiene una investigación en marcha, sea quien lo procese. El Departamento de Justicia, en su comunicado señaló que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” sobrepasaban el interés de perseguir al General Cienfuegos… después de tenerlo detenido por 34 días… y haberlo apresado sin comunicárselo con anticipación al gobierno mexicano. Ajá. Si, claro.

No, aquí hay algo más. Algo cambió en estas dos semanas. Algo se negoció. Y el único evento en este periodo de tiempo de la magnitud suficiente como para haber detonado este drástico cambio de timón son las elecciones de Estados Unidos, que ciertamente han cambiado el panorama. De tener en Trump un aliado repúblicano, la presente administración tendrá ahora que lidiar con un Biden demócrata cuya política exterior y actitud hacia nuestro país será toda una incógnita. Eso si, a priori, Biden no tiene necesidad de ese intercambio de favores y legitimidad que tenían Trump y Andres Manuel.

La detención de Cienfuegos era un golpe mediático importante al gobierno Peñista, que lo sostuvo como Secretario de la Defensa Nacional durante seis años. Pero al mismo tiempo (como señalamos hace dos semanas) representa un fuerte cuestionamiento para la actual estructura de nuestras fuerzas armadas. A lo mejor (y esto es mera especulación) existía ese acuerdo tácito con la administración trumpista de que la investigación sobre Cienfuegos sería llamarada de petate y que serviría como parte de ese acuerdo para darle legitimidad (y munición política) al de macuspana, pero sin tocarle sus intereses.

Viene el 3 de noviembre y los agonizantes días posteriores mientras cada estado norteamericano hace el recuento de votos (vale la pena mencionar aquí: ¿qué no darían los gringos por una institución como el INE de aquel lado del río Bravo?). Gana Biden y de este lado sudan frío. Con Biden no hay acuerdo, no hay negociación en marcha y si los demócratas se hacen con la investigación, pueden llevarla hasta el final, en perjuicio de López y su gobierno. 

La jugada inmediata es no reconocer el triunfo del candidato demócrata (cosa que a la fecha AMLO no ha hecho) y colaborar en la estrategia del aliado republicano para dinamitar el proceso electoral (estrategia en la que tienen amplia experiencia, recordemos 2006). Pero con el pasar de los días y al ver que las impugnaciones judiciales de la campaña de Trump son desechadas, es necesario que el presidente minimice sus pérdidas y asegure los cabos sueltos. Y eso incluye, por supuesto, que el proceso de investigación de Cienfuegos debe si no detenerse, por lo menos asegurar que siga en manos de un fiscal que tenga la sensibilidad de no manchar los intereses de la 4T.

A Cienfuegos le van a seguir sacando rédito político. Pero veo absolutamente improbable que pise la cárcel. Mucho menos que algo de esto termine en el enjuiciamiento de Peña. Y eso tristemente no es especulación, es sencillamente remitirse a la experiencia previa. ¿O es que alguien se acuerda de Emilio Lozoya?

Preguntas sobre el ejército y la Guardia Nacional

Debo confesar que la lógica interna de la toma de decisiones en la presente administración me resulta completamente indescifrable. Uno pensaría que después de la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio anterior, la estructura completa del ejército mexicano sería revisada y sometida a estrictos controles de confianza, que los colaboradores más cercanos al General Cienfuegos serían quizá separados de sus cargos temporamente mientras corrían las averiguaciones correspondientes y que se colaboraría con la justicia norteamericana para desenterrar de raíz cualquier perniciosa relación entre un pilar institucional del estado (el ejército) y las organizaciones criminales que más daño le han hecho al país en los últimos veinte años.

Pero no, no ha ocurrido nada de eso. Y quizá la sospecha de que nada de eso iba a ocurrir es lo que forzó a nuestros vecinos del norte a guardarse cerca del pecho sus cartas y a no compartir con el gobierno mexicano que la investigación estaba en curso ¡desde por lo menos agosto de 2019!

Andrés Manuel López Obrador, quien prometía que de ganar las elecciones regresaría a los militares a sus cuarteles, en su lugar ha permitido que el ejército siga y siga ganando terreno en la vida pública del país. La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya, la vigilancia del AICM, el control de puertos y aduanas; son todas funciones que no le corresponden a las fuerzas armadas, pero que igualmente llevan por mandato presidencial.

La integración de la Guardia Nacional, que desde el principio supimos que se trataba de una agrupación con elementos y mando castrenses, no es sino una raya más al tigre. Pero, a la luz de lo descubierto por E.U.A. y el escándalo del General Cienfuegos acaso la más peligrosa de todas. No sólo es que el ejército está entrenado con una filosofía radicalmente distinta, sino que su integridad está comprometida y no se está tomando ninguna medida para reparar esa brecha. ¿A quién le estamos entregando la seguridad pública? ¿Qué garantías tenemos de que no hay más como Cienfuegos dentro de la estructura de la Guardia Nacional?

Y no contentos con eso, la presente administración publicó en el Diario Oficial de la Federación un “acuerdo” mediante el cual le confiere a dicho cuerpo militar la función de “Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso” poniendo toda medida cautelar en un proceso judicial (las condiciones en las cuales el acusado enfrentará su proceso) en manos de la Guardia Nacional. El cuerpo podrá entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, realizar visitas no anunciadas en el domicilio o en el lugar en donde se encuentre el imputado; requerirle que proporcione muestras, sin previo aviso, para exámenes toxicológicos; supervisar que las personas e instituciones a las que la autoridad judicial encargue el cuidado del imputado. En fin, se le ha dotado de toda una serie de herramientas extrajudiciales y al margen de la ley para intimidar y acosar impunemente.

La medida va claramente en contra del Artículo 129 de nuestra Constitución (En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar) pero no sería la primera vez (ni será la última) que el actual gobierno se salta el estado de derecho por cumplir un capricho. La pregunta es ¿Para qué? ¿Quién gana y qué gana con esta decisión? Las respuestas, a la luz de lo descubierto por Estados Unidos, pueden ser turbias, mexicanos. Muy turbias.