Una de las características más
emblemáticas del capitalismo de compadrazgo, tan común en México y tan
frecuentemente confundido con el capitalismo de libre mercado, o capitalismo
libertario, es que permite e incentiva el cochupo entre el gobierno y el
empresario. La empresa usa al gobierno,
y el gobierno se deja usar a cambio de módicas y nada legales contribuciones.
Por ejemplo, una empresa de
alimentos puede impulsar una iniciativa que obligue a las empresas a pasar una costosa
certificación sanitaria para vender alimentos. Puede pretender que busca la
salud de la población general, pero en realidad la ley cumple otro propósito:
evitar que pequeños productores puedan hacerle competencia en mercados locales,
porque no pueden costearse la certificación. Un soborno por aquí, un soborno
por allá, el discurso apropiado del político en turno y voila, habemus ley.
Cuando el sector es especialmente
grande o poderoso, este tipo de compadrazgos se vuelven cosa común;
indispensables incluso.
Para nadie es un secreto que el
sector de las telecomunicaciones en México es jugoso, muy jugoso. Guerras,
figurativas y no tanto, se han librado por el control de las bandas de
frecuencia telefónica, televisiva y radial.
Para que tenga una idea, querido
lector, el 95% de los hogares en México cuenta con una televisión (muy por
encima del 45% del teléfono fijo). Según la Encuesta Nacional de Hábitos,
Prácticas y Consumo Culturales (Conaculta, 2010) el 90% de los entrevistados ve
televisión; el 40% lo hace por más de dos horas al día y "Ver televisión"
es la respuesta más socorrida a la pregunta: En su tiempo libre ¿cuáles son las
actividades que prefiere hacer?
Con esas condiciones la
competencia por la audiencia es férrea y como es una prerrogativa gubernamental
el definir sobre cómo se utilizan estas bandas, no sorprende en absoluto la
existencia de las llamadas tele-bancadas;
legisladores acomodados estratégicamente
en sus curules por las mismas empresas en competencia. No sorprende encontrar
capitalismo de compadrazgo.
Por eso, siempre que anuncian
legislación nueva o reformas a la Ley de Telecomunicaciones, hay que tomarlas
con cuidado; sobre todo si el discurso para promoverlas es cómo va a beneficiar
a la población. El ejemplo más reciente es el apagón analógico.
Nos quieren vender la idea de que
tendremos más canales, con servicios interactivos (menús, opciones de audio y
subtítulos) y mejor calidad de imagen y todo esto sin costo para el usuario; la
llamada "televisión abierta"
Pero aunque la señal sea gratis,
la mayoría de las familias tendrá que desembolsar para conseguir un televisor
digital, o por lo menos un adaptador. El productor de dichos aparatos es uno de
los grandes ganadores de esta "modernización"
El gobierno federal tampoco ha
salido perdiendo. Cierto, ha tenido que desembolsar 27 mil millones de pesos
del dinero del contribuyente; pero la publicidad de entregar más de 9.7
millones de televisores digitales con el lema del sexenio "Mover a México"
¿Quién la quita?
La llamada
"modernización" no moderniza la calidad del contenido, pero sí
encarece la infraestructura necesaria para producir y transmitir televisión en
México, poniendo más barreras de entrada a un negocio ya dominado por Televisa
y TV Azteca, limitando la creación de empleos, chupando recursos que no se
están invirtiendo en nada productivo.
Cuando el gobierno y la empresa
se ponen de acuerdo en beneficio del consumidor, tiemble, va usted a ser asaltado.
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