Parte de Batalla: INE

Sigue la pelea campal por el INE. Aunque el objetivo principal de parar en seco las reformas constitucionales se consiguió, el régimen jugó la carta del “Plan B” de reformas a leyes secundarias, que sólo necesitaban mayoría simple. No desespere, querido conciudadano; ni por asomo está perdida la batalla, pero es necesario que sigamos al pie del cañón, que continuémos dándole seguimiento al asunto y haciendo presión sobre los legisladores.

Para ello, primero lo primero ¿Qué se aprobó?

El dictamen, de unas trescientas páginas, se aprobó en la madrugada de hoy sin previa lectura, sin turnar a comisiones para análisis; sin el más mínimo respeto al proceso legislativo. Entre sus modificaciones más graves están la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), esa útil herramienta que nos permitía oírnos a dormir con una idea clara de quién había resultado ganador. En su lugar, lo fusionan con el cómputo general de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real. No se confunda, un proceso más lento sólo sirve para que los actores ganen tiempo para intervenir o negociar de una u otra forma. Es añadirle una vulnerabilidad innecesaria al robusto sistema electoral.

Otra modificación importante es el desdentamiento al INE y al Tribunal Electoral, pues desaparece sus facultades para sancionar a funcionarios que hagan campaña anticipada o cancelar candidaturas por faltas graves. 

Pero quizá la más peligrosa modificación es la orden de implementar, en los próximos cinco años, el voto electrónico. La tarea se la encarga al da al CONACYT, a pesar de carecer de infraestructura o experiencia en materia informática o electoral. Pero es una institución ya a modo, en manos de la Dra. Elena Álvarez-Buylla, simpatizante del régimen, y eso es todo lo que se necesita.

El voto electrónico desconecta al ciudadano del proceso y le roba al resultado la legitimidad que sólo el conteo abierto y público que hacen los voluntarios pueden darle. Por supuesto, abre además la puerta a un montón de interferencias digitales que ya hemos discutido en este espacio.

¿Qué sigue y dónde están ahora las líneas de batalla? En el Senado. La presión debe ser general independientemente del partido; pero hay una oportunidad especial en Ricardo Monreal y la bancada morenista. Ricardo sabe que el régimen ya no le va a soltar el poder, no forma parte de las corcholatas, ni le va a dar aire a sus aspiraciones. Si pretende crecer, tiene que jalar con la ciudadanía. Si pretende ser candidato, un primer paso es que haga prevalecer el orden legislativo y se tuerza las reformas que su contraparte en la Cámara Baja, Ignacio Mier Velazco, operó con tanto desparpajo. Está en él si decide abrazar el pensamiento independiente y ciudadano, o decide seguir siendo tapete del régimen.

A la “oposición” también habrá que arrearla. Concretamente, habrá que presionar a los Senadores (para matar las reformas antes de que vean la luz) y también a todo el poder legislativo. Las reformas aprobadas por los diputados de Morena son anticonstitucionales y se saltaron el debido proceso. ¿Qué recursos legales intempodrán y seguirán hasta sus últimas consecuencias?

Como pueden ver, mexicanos, vamos ganando. La moratoria Constitucional funciona (es la tercera reforma Constitucional que se le muere, al inquilino de Palacio) pero aún hay mucho que hacer. Ojalá nos lo tomemos en serio y nos sirva para ser ciudadanos despiertos de aquí en adelante.

Hedionda "oposición"

 De guinda, rojo o de azul, la mierda es mierda e igual apesta.

Disculpe mi francés, querido lector; pero es que de un tiempo acá el partido blanquiazul (y la “Alianza Opositora”, en general) se han empeñado en demostrar que está hecho de la misma sustancia pestilente que sus contrapartes en el gobierno. Y con la bandera de “Oposición” nadan de muertito sin “oponer” mayor cosa.

Empezamos por las múltiples maromas que han realizado tanto PRI como PAN para evadir el mandato ciudadano de que el INE no se toca, claramente expresado el pasado 13 de noviembre. Han sido muy cuidadosos en decir que no aprobarán la reforma del presidente y de Morena, pero intentan que pase desapercibida su propia iniciativa, que contempla el voto electrónico y la segunda vuelta electoral. “Todo lo que sea verificar condiciones administrativas, uso de recursos del INE y TEPJF, el PAN estará a favor de ver si se pueden “eficientar” dijo Jorge Romero Herrera. Diría que no entendieron nada, pero es más bien que no quieren entender. Ver a los panistas en redes sociales recular, jugar con palabras y tratear de marearse a los ciudadanos que valientemente los increpan es enfurecedor.

Con el PRI, lo mismo. Después de que pospusieran la votación para el próximo martes tuvieron rueda de prensa, y su presidente Alejandro Morena especificó que el voto de los legisladores del PRI será “en contra de ESA iniciativa” Las mayúsculas, naturalmente, son mías; porque yo leo entre líneas que si con esa no, quizá con otra sí, si les llegan al precio.

Y a eso están jugando las otrora grandes agrupaciones políticas en este país. A salir a ofrecerse vulgar y descaradamente al régimen, a hacerla de opositores mientras ceden terreno porque el orden de cosas  y su posición en ellas les conviene. Porque sólo una ramera política puede ver a más un millón de mexicanos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional dedicar voluntariamente una mañana de domingo para dejar claro que no confía en las intenciones de una reforma electoral, y decir: “A lo mejor hay detallitos técnicos que se pueden negociar. Esto lo veníamos discutiendo ya nosotros desde antes,  total ¿Qué puede salir mal?”.

Y luego para acabar de descararse (y de paso reventarme el hígado) resulta que en lugar de trabajar, proponer e impulsar nuevos y probados perfiles propios; entretienen la idea de candidatear como presidenciable a cualquier viejo cascajo que les haga ojitos. Encuentro alarmante que Ricardo Monreal sea siquiera contemplado como el abanderado de la alianza “Va Por México” para 2024. No sólo es evidencia de su absoluta incapacidad de hacer política con lo que tienen, sino de una peligrosa dependencia al régimen y a la pedacera que éste decida soltarles. 

¿Se alcanza a ver el mensaje, mexicanos? El trabajo no se acaba con la eliminación de la etiqueta, el colorcito o el membrete. Accionar a un legislador de uno u otro lado de San Lázaro da exactamente el mismo trabajo. Y la pertenencia partidista no lo convierte a uno en santo. Lo dijimos cuando Morena empezó a aglutinar cascajo, lo seguiremos repitiendo ahora que Acción Nacional y otras fuerzas están yendo por el mismo camino.

Atento, mi estimado conciudadano. Hay que trabajar HOY. Hay que presionar HOY. La responsabilidad ciudadana que nos empujó a salir a marchar el 13 de noviembre debemos sentirla todos los días, actuar sobre ella todos los días. Porque la labor va mucho más allá de guindas, blanquiazules o tricolores.

Pleito (y mentiras) con el BID

El gobierno que no se iba a endeudar está indignado porque, con absoluta transparencia, el Banco Interamericano del Desarrollo hizo pública en su portal de internet la propuesta de préstamo de 700 millones de dólares que le hizo al gobierno mexicano, a solicitud expresa de éste, cabe aclarar.

La Secretaría de Hacienda se apresuró a negarlo todo, diciendo que el país jamás hecho la solicitud y calificando la información de “errónea”. “Causa sorpresa…” dice la nota informativa publicada por Hacienda “...que el BID, sin un documento oficial que lo sustente, publique un préstamo del que no tiene documentación alguna, ya que nunca ha existido un programa crediticio con algún multilateral con estos fines [...] El Gobierno Federal ha financiado los programas sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración”.

Sin dudar de la palabra de nuestros servidores públicos (pese a que han hecho de la mentira la herramienta principal de esta administración). ¿Qué interés podría tener el BID, una institución internacional y ajena al devenir político de nuestro país, en dedicar recursos humanos y técnicos en elaborar una propuesta para un préstamo que no le solicitaron y publicarlo en su página de internet? ¿Qué gana? Desde ahí, algo no cuadra.

Y pues, no, no cuadra. Y toda mentira más pronto que tarde termina por caer. Proceso encontró y publicó la solicitud que Hacienda asegura que nunca hizo. “Con la finalidad de impulsar los cambios contenidos en la Reforma de Pensiones, se considera pertinente contar con apoyo a las reformas de política pública de tipo programático”, plantea Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social (USPSS) de la SHCP, en una carta que envió el 22 de agosto a Mauricio Clever-Carone, el entonces presidente del BID.

¡Ah, porque esa es otra arista del pleito! La elección de la presidencia del organismo inflamó los ánimos del gobierno federal, luego de que se desestimara la candidatura del economista mexicano Gerardo Esquivel que promocionaba. La relación entre la SHCP y el BID se agrió entonces a raíz de otra “nota informativa” que la dependencia federal emitió el lunes, en la cual se lamentaba del resultado de las elecciones. En su escueto boletín, la SHCP deploró que la elección del economista brasileño Ilan Goldfajn “continúe la política de más de lo mismo”, en una evidente expresión de molestia que analistas y columnistas equipararon a un “berrinche”.

¿Entonces? ¡México sigue haciendo amigos en el ambiente internacional! Una estrategia inteligente, sobretodo porque mientras les tiras tierra, les pides dinero por detrás del telón de fondo. Una estrategia brillante, debo decir.

Aunado a eso, tenemos la confirmación de que el gobierno de la austeridad republicana sigue, sorprendentemente, gastando a manos llenas y con entusiasmo. Que su esquema recaudatorio es inoperante y no le da. Ya nos lo había advertido Rogelio Ramirez de la O. el pasado 28 de septiembre, cuando admitió ante los diputados que “en términos reales, el incremento de la deuda pública, al cuarto año de la administración, habrá aumentado 7% desde la base de diciembre de 2018″

¡Pero vamos bien!

El éxito del domingo... y los retos pendientes.

Somos un pueblo noble, aguantador y con poca conciencia cívica. Nuestras actividades y preocupaciones diarias nos dejan poco tiempo para dedicarlo a la política. La actitud de inevitabilidad e indefensión frente al gobierno (desarrollada durante años de “dictadura perfecta” priista) y la cultura que valora la resiliencia estóica a las calamidades, nos han dificultado muchísimo echar a andar nuestra incipiente democracia y sobre todo, saber qué hacer con ella y qué esperar de ella.

Por eso en nuestra historia reciente hemos tenido apenas un puñado de ocasiones como las del domingo pasado, porque las circunstancias tienen que ser muy extremas, tiene que haber muchísimo en juego, para que nos decidamos a salir de nuestro letargo cívico a tomar acción. Y cuando sucede, todavía nos sorprendemos de nuestras propias fuerzas. Y a veces hasta nos asustamos de la responsabilidad que dicha fuerza conlleva. 

La histórica marcha en defensa del INE del domingo reunió y organizó a millones de personas en diferentes partes de la república alrededor de un reclamo claro y tajante, que no se le modifique absolutamente nada al INE en su estructura y operación por lo menos de aquí al 2025.

Con cualquier métrica que se quiera usar para evaluarlo, el ejercicio ciudadano fue un éxito rotundo. A mi la que más me gusta utilizar es el acuse de recibo desde el aparato gubernamental, con la mención en la mañanera, la intentona de la jefa de gobierno de inhibir la participación implementando la contingencia ambiental, y el asedio desde TV Azteca (medio oficialista). Tocamos donde duele, pues.

Escenas como las del domingo me llenan de esperanza. Esperanza de que el ciudadano mexicano promedio se percate de que su intervención organizada es crucial y puede incidir en la vida pública del país; de que para vivir en “democracia” no le basta con salir a votar cada seis años, que tenemos todos la obligación de ir más allá y apretar y exigir cuentas y dejar claro el rumbo que queremos para nuestro país. Esta toma de conciencia es primer paso indispensable de una vida en libertad y de un país próspero y democrático.

Nada de esto significa que la batalla está ganada, sin embargo. Vendrán otros pasos, vendrán otros desafíos. Si la marcha del domingo queda para el anecdotario y no viene acompañada de la exigencia y el escrutinio al legislador, será apenas un estertor pasajero. Queda ese desafío, el que la participación política sea cosa de todos los días. En que la interacción con nuestros representantes y las demandas sea cosa de todos los días. 

Queda también el desafío de ver más allá de colores y membretes y entender la política como algo multidimensional que va más allá de derecha e izquierda, gobierno y oposición. Hacer funcionar y que trabaje para nosotros a un diputado azul que a un guinda, requerirá el mismo trabajo y la misma presión, porque al político siempre le será más fructífero y fácil negociar con otro político que con el electorado que lo puso a cargo. 

Botón de ejemplo: Bajo la etiqueta de “oposición”, el Partido Acción Nacional tiene ya su propia propuesta de reforma electoral turnada a comisiones. La propuesta contempla el voto electrónico manzana envenenada que no debemos aceptar por ningún motivo. ¿A cambió de qué está negociando Acción Nacional vender a los ciudadanos y darles atole con el dedo? ¿En razón de qué, después de participar en la marcha del domingo, se hacen los que no entendieron el reclamo?

Como puede observar, querido lector, la victoria del domingo no se traducirá automáticamente  en acciones dentro de las Cámaras. Es aún más dudoso que se traduzca en acciones en beneficio de usted y yo, la ciudadanía. No podemos bajar los brazos ni dormirnos en nuestros laureles. Si le impresionó la fuerza con la que congregamos a millones en Paseo de la Reforma, convénzase de que usted es y tiene esa fuerza, es cuestión de que la apliquemos juiciosamente y sin descanso. Ni un paso atrás.

No al voto electrónico en México

 Cada que hay elecciones en Estados Unidos, aprecio más nuestras instituciones electorales y el sistema que hemos instalado para hacer funcionar nuestra democracia. Han pasado aproximadamente veinticuatro horas desde el cierre de las casillas y en nuestro vecino país del norte aún hay conteos pendientes y batallas disputándose en Nevada y Arizona; y la sospecha (casi certeza) de que Georgia requerirá una segunda vuelta. El país sigue conteniendo la respiración.

En contraste, México con regularidad conoce los resultados de sus procesos electorales la noche misma del día que estos ocurren. Si se trata de una elección muy reñida, puede que tengamos que esperar hasta la una o dos de la mañana. ¡Ah! Y tenemos la enorme ventaja de que somos los mismos ciudadanos, con nombre y rostro, los que hacemos el conteo, no desconocidos funcionarios ni máquinas misteriosas

Y así llegamos al quid de la cuestión.  Con la discusión de una posible reforma electoral haciendo ruido de este lado del Río Bravo y el último insulto al Instituto Nacional Electoral con un recorte de cuatro mil 475 MDP; me pareció prudente aprovechar la coyuntura para tocar un tema que es fetiche para muchos analistas y políticos:

A Estados Unidos tradicionalmente se le señala como el epítome de las democracias occidentales y se busca legitimar la propia haciéndosele parecerse a esta. En ese tenor se ha soltado la idea de replicar en nuestro país el voto electrónico, a través de maquinitas, que nuestro vecino del norte emplea.

No sé cómo es que a alguien que haya vivido o le hayan platicado de lo ocurrido en el 88 pueda apoyar la idea, sobretodo cuando el señor Bartlett, entonces Secretario de Gobernación sigue tan cercano al poder y merodeando tras bambalinas en el circo de esta administración. 

El voto electrónico es, por su naturaleza misma, mucho más vulnerable a alteración y/o funcionamiento defectuoso. La entrada en Wikipedia sobre el “Electronic voting in the United States” presenta una larga lista de errores e inconsistencias que han ocurrido a lo largo de su historia. La más reciente ayer mismo, cuando el condado de Mercer en New Jersey anunció que todas sus máquinas habían dejado de funcionar.  Las máquinas se han averiado también en distintos condados de Texas y Arizona y el procedimiento ha sido objeto de impugnación en Pensilvania.

Porque esa es la otra, el conteo de una máquina es mucho más fácilmente desacreditado que el realizado por un colectivo ciudadano, en donde cada participante puede dar fe de lo que ha ocurrido el día de la elección en su casilla concreta. 

Estados Unidos no está exento de discursos incendiarios contra su sistema electoral y ocurre desde ambos bandos. Desde Trump, que alegó fraude en la elección de 2020, hasta el artículo de Político, que para fines prácticos dice que “Las elecciones de 2020 fueron completamente imposibles de hackear y hemos refutado cualquiera de sus intentos de decir lo contrario. Pero, existen riesgos reales de que los piratas informáticos puedan acceder a los equipos de votación y otra infraestructura electoral para tratar de socavar la votación de ESTA elección”. No piense demasiado en la incongruencia, le aseguro que ellos (Político) no lo hicieron.

Así que no, no quiero el voto electrónico en México. No me parece que sea el prometido salto hacia adelante en la vida democrática del país. Sobre todo cuando, desde la CFE, la presente administración podría cortar el suministro eléctrico en distritos clave durante tres o cuatro horas el día de la elección… ¿Y quién podría acusarlos de actuar con dolo?

Brasil y México, democracias en riesgo.

Me preocupa grandemente el futuro de la democracia como sistema político en México y en Latinoamérica. Me preocupa que lo que nuestros padres y abuelos construyeron con sudor y sangre lo estemos dejando ir lenta, pero inexorablemente, por el drenaje. Temo que nos haya quedado grande la etiqueta de ciudadanos y la responsabilidad de cuidar el único esquema que nos permitía incidir en el rumbo de nuestros países. Veo lo que está pasando en Brasil, y me da ñáñaras pensar que algo así podría, muy posiblemente, darse en México en 2024.

El domingo hubo elecciones en Brasil. No envidio a los brasileños, ambos candidatos eran pésimas opciones. Bolsonaro es el incendiario radical de ultraderecha, que pinta cualquier alternativa como un ataque a las libertades individuales y a los valores familiares y que pretende obtener legitimidad utilizando a Dios, alegando algún tipo de misión divina, diciendo que Lula tiene un pacto con el demonio y otra sarta de tonterías. Aderezaba además sus arengas con una peligrosa dosis de escepticismo a las autoridades electorales.

Lula es el caudillito de izquierdas. Igual de populista e ideologizado, pero que busca su legitimidad en la voluntad de un “pueblo” que sólo él puede interpretar y poner en acción. Su postureo es igual de rastrero que el de su rival, sugiriendo que el actual presidente es practicante del canibalismo y la zoofilia. Envuelve su discurso, como cualquier zurdito, en ese pasado más próspero que los malos empresarios y políticos corruptos le robaron al país. En su caso, el discurso viene con matices. Por un lado, ya fue presidente con moderado éxito de 2003 a 2011 en un contexto internacional mucho más favorable, así que sus palabras vienen con una carga adicional de nostalgia y con algo de “evidencia”. Por otro lado, tiene gracia que hable de corrupción cuando él mismo fue condenado en 2017 a 12 años de prisión por este delito y la única razón por la que la sentencia fue anulada fue por defectos procesales.

De ese infame nivel las papuérrimas opciones y la conversación política en el país carioca.

Lo hemos dicho antes en este espacio. En un mundo globalizado, complejo e incierto; incluso hostil en algunos aspectos, e inescrutable para el grueso de la población, que sólo se siente en control de lo más cercano que rodea su vida y sus necesidades más inmediatas, la tentación de buscar a un “hombre fuerte” que nos venga a defender es gigantesca y así entregamos nuestro voto en blanco a cualquier impresentable. Que discursos polarizantes como los de Lula y Bolsonaro en Brasil tengan eco y funcionen, es obra exclusiva del miedo de la ciudadanía al “otro”.

La democracia requiere de ciudadanos libres, que tomen en sus manos el destino del país, que formen comités, que trabajen con sus representantes locales y se articulen para ejercer presión e ir construyendo perfiles con los que se pueda trabajar y encontrar acuerdos, para luego elevarlos y considerarlos para posiciones nacionales.

De otro modo se polarizan los discursos hasta resultar discusiones de parvulario y se pierden las propuestas y cualquier intención de progreso.

Pongamos nuestras barbas a remojar, mexicanos. Porque así como están nuestros hermanos brasileños podríamos encontrarnos nosotros en menos de dos años. El campamento guinda ya está, desde el gobierno, dándole con todo al golpeteo a nuestro sistema electoral, acusando fraude dos años antes de una elección que aún ni candidatos tiene, pidiendo urnas electrónicas más vulnerables que el conteo físico. Muy atentos, aferrémonos a nuestra democracia con ambas manos y defendámosla, porque mucho sospecho que será el gran dilema moral de nuestra generación. No hay otra alternativa, ni es una lucha que podamos dejar a nuestros hijos.

#YoDefiendoalINE

Lo diremos las veces que hagan falta: El INE es la plataforma, el firme sobre el que se sostiene la democracia en México. Y, dada la falta de condiciones democráticas y cultura ciudadana entre el grueso de la población mexicana, es el único parapeto que tenemos para defender tan importante institución: un gobierno que emane (y le rinda cuentas) a la ciudadanía. Por ello, la reforma electoral propuesta por el presidente resulta inaceptable y debe rechazársele con toda la energía que podamos convocar.

La iniciativa roba al Instituto de su indispensable autonomía, pues los Consejeros Electorales primero le deberían la nominación a alguien al interior del gobierno, y luego al ligar su posición a una elección popular, a una campaña y a compromisos adquiridos en la misma buscando apoyo. La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho hace una declaración contundente, señalando que se debe priorizar la imparcialidad y competencia profesional de los miembros de estos órganos electorales. Someterlo al voto ciudadano compromete ambos puntos, al no estar basada en “criterios profesionales” ni ofrecer “una representación equilibrada a todas las fuerzas políticas”. Doblemente grave el caso cuando se pretende utilizar el mismo fallido método para integrar a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La propuesta también juega con los medios y la información, ampliando los tiempos en radio y televisión para los partidos y candidatos durante las campañas y relajando las reglas para difundir propaganda gubernamental. Efectivamente, el partido en el poder tendría de su lado muchas más oportunidades de hacer campaña desde el gobierno. Y la saturación de mensajes y spots contribuirían a reducir aún más la calidad del debate y las propuestas presentadas, reduciéndolas a un trajín hueco y estridente.

La reducción en el número de diputados locales y la eliminación de los organismos públicos locales, da cuenta del desinterés (cuando no desprecio) que tiene la actual administración por todo lo que no esté centralizado o se pueda decidir (léase, controlar) desde la capital. En el mismo sentido va la decisión de eliminar a “los Pluris”. No es que quieran ahorrarselos, es que quieren asegurarse de que el partido en el poder, permanezca en el poder. Hoy tenemos 5 listas regionales de representación proporcional, con 40 lugares cada una; en el nuevo esquema habría 32 listas; una por estado, pero algunas muy pequeñas, con muy pocos escaños en donde solo entrarían partidos grandes.

Del voto electrónico ni hablamos. Seguimos siendo el mismo país al que en el 88 se le cayó el sistema, que se sigue quedando sin suministro eléctrico de buenas a primeras y al que, muy recientemente, le hackearon los servidores de sus fuerzas armadas. Tampoco por ese lado hay garantía alguna, mucho menos con la presente administración.

Vivimos en un país en el que, mal que bien, podemos incidir en las decisiones que se toman desde el gobierno; podemos presionar a nuestras autoridades federales, pero sobre todo a las locales, para que nos tomen en cuenta. La reforma del presidente nos roba de la más cercana de esas opciones (las legislaturas locales) y amenaza también con hacer irrelevante el ejercicio ciudadano de ir a depositar nuestra voluntad en la urna, a través de una boleta.

Lo dicho, una y otra vez, al INE debe defendérsele a capa y espada. Usted ¿ya presionó a su diputado y a sus senadores? ¿ya le hizo saber su voluntad y en qué sentido debe ir su voto?

Robo legal

Mucho me temo que se está cocinando una crísis fiscal de espantosas dimensiones. Por más que nos repiten desde Palacio Nacional que se está ejerciendo el presupuesto con responsabilidad y disciplina; y que la austeridad republicana hace maravillas, sus acciones dan indicios de un panorama muy distinto: Están desesperados, tratando de sacar dinero hasta exprimiendo las piedras porque ya se acabaron todo.

Hoy en la Cámara de Diputados se aprobaron, con 366 votos en favor y 102 en contra, reformas fast track al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. El nuevo texto —iniciativa del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco— establece que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano para financiar labores de seguridad. Tan desesperados están por conseguir dinero que legislaron una manera de robar. 

Y si el concepto mismo de la ley es detestable —una reforma para hacerse de recursos sobre los que el Estado no tiene derecho alguno— es también mucho más impráctica de lo que el diputado Mier Velazco quiere hacernos creer. Se huele la desesperación en sus argumentos.

Asegura el diputado que pueden ser 10,000 millones de pesos disponibles “de inmediato”, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estiman que podrían ser más de 75 mil millones. Para enterarnos de cuántas cuentas realmente están en ese supuesto (seis años sin movimientos) y a cuánto ascendería el monto, es necesario contravenir el secreto bancario y la confidencialidad que los clientes de las instituciones financieras en este país esperan como parte del servicio contratado. Se desprende entonces que ni siquiera saben de cuánta lana estamos hablando o de si sería siquiera suficiente para hacer la diferencia en materia de seguridad. 

Segunda dificultad en establecer el monto a robar: ¿Y si se trata de una señora de la tercera edad que no puede ir a una sucursal?  ¿Una cuenta que está en litigio por herencia desde hace diez años? El diputado Mier parece muy seguro de que “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”. Ajá, y seguro esas cuentas están “abandonadas” ¿Verdad? Porque un negocio que en tres años genera el equivalente al 40% del PIB del País seguro tiene sus cuentas bancarias silenciosas como una tumba.

Entonces resulta que no hay un estudio real, un presupuesto firme del impacto de robarle a miles de mexicanos sus ahorros y el efecto positivo que se supone que tendría, porque no es lo que quieren. Lo que quieren es… lo que haya, la lana en efectivo y sin ningún tipo de control o etiqueta.

Porque esa es la otra. Conociendo a este Gobierno, no hay garantía alguna de que el dinero se vaya a usar para lo que la ley establece que se use, ni mecanismo para asegurar que no se vuelva una excelente manera de “redireccionar” recursos y justificar partidas para campañas, sobornos y corruptelas.

Y los detalles de la aprobación son igual de macabros. Reservas importantes fueron rechazadas o ignoradas. Como las de la diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, pero de última hora se decidió dar la mayor parte (50%) a la Federación, que no estaba originalmente contemplada. El diputado Román Cifuentes pidió que los recursos se destinen y administren por el Secretariado de Seguridad y no por la Secretaría de la Defensa Nacional (que controla a la Guardia Nacional). Y Blanca Estela Romo, solicitó considerar como casos especiales los de cuentas bancarias de personas desaparecidas y que por esa razón no fueron reclamados, casos en los que de debería dar esa posibilidad a sus familias.

Nada se admitió en la discusión. 

¿Entiende ahora por qué mi preocupación? ¿Por qué no me creo el discurso de la pobreza franciscana?

Lavarse las manos

Llevamos cuatro años de un gobierno que sistemáticamente ha aprovechado cada oportunidad y pretexto que tiene para implementar medidas y controles que resulten en la acumulación de poder, el aislamiento comercial y diplomático del país y el empobrecimiento económico de todos sus habitantes. Baste el botón de muestra de la pandemia y la infame declaración de que ésta había llegado “como anillo al dedo”, para llevar a cabo el plan de gobierno de la presente administración.

No es diferente ahora, que se cierne sobre la economía global una crisis multifactorial de inflación que amenaza con pulverizar los ahorros de millones de personas y dinamitar la capacidad adquisitiva de los (de por si precarios) salarios. En respuesta a una tasa inflacionaria que no habíamos visto en México desde hace treinta años, el régimen presentó el lunes el “Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía”, un remedo de parche de dudosa efectividad pero letales consecuencias. Vamos por partes.

Como la mayor parte de la presión inflacionaria proviene de los alimentos, el plan maestro se enfoca en ello. Además de fijar precios a doce productos de la canasta básica, propone extenderle a las empresas participantes del acuerdo una “licencia única universal” para que queden exentas de trámites y permisos, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del impuesto general de importación. Se confiaría en el empresario firmante para que las mercancías así comerciadas cumplan con las normas sanitarias, de calidad e inocuidad… aunque ya no haya quien lo regule.

No sólo la medida viola el piso parejo y de libre competencia, porque limita el “beneficio” sólo a las empresas alineadas al plan, dejando a las demás aún sujetas a un montón de reglas, trámites y condiciones. También pone en un riesgo potencial la salud de los mexicanos y la calidad de lo consumido, potencialmente permitiéndole la entrada al país y la circulación en los supermercados de producto caduco, carne insuficientemente congelada, vegetales con plagas o químicos. La falta de inspecciones fitozoosanitarias en los productos de importación supone también la posibilidad de que entrara un agente contaminante a nuestros ecosistemas y cultivos.

Otra consecuencia inmediata y lógica de la medida: Nuestros socios comerciales, con los que tenemos acuerdos de libre comercio y tránsito de mercancía, cuentan con que México realice estas revisiones y trámites para tener cierta seguridad de lo que circula en sus propios países. Si México deja de ofrecer esas garantías, les atendería la razón si quisieran cerrar sus propias fronteras. ¿Y qué haríamos entonces, si nuestro principal mercado de exportación decide que ya no quiere nuestros productos alimenticios?

Y en la otra cara de la moneda, en afán de combatir la falta de alimentos el Acuerdo también cancela la exportación (cosa que no se puede hacer, si tienes un Tratado de Libre Comercio vigente) de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos.

Imaginemos entonces al productor local de frijol, que sabe que en el país hay escasez. El Acuerdo le impide subir el precio local, pese a las presiones inflacionarias, pero tampoco puede exportarlo. ¿Si no puede venderlo al precio que espera y/o necesita, qué procede? ¿Que se pudra la producción? ¿O simplemente no siembra, empaca sus cosas y se va? En cualquier caso, la carestía permanece, la presión sobre los precios para conseguir lo poco que hay permanece o empeora… ¿Dónde quedó el esperado efecto “contra la Inflación y la Carestía”?

O no. A lo mejor resulta que podemos importar alimento de paupérrima calidad y dudoso valor nutricional, corriendo el riesgo de una o dos enfermedades de potencial pandémico en el proceso. Los productores locales pierden incapaces de competir, la economía nacional se empobrece y nuestros socios comerciales nos aíslan.

Facilitar los trámites para la exportación y comercio no es en principio una mala idea, pero ¿No era mucho más viable extender y fortalecer a la Secretaria de Agricultura, Senasica y Cofepris, para agilizar los ingresos de mercancía que simplemente tirar la toalla, dar la batalla por perdida y atenerse a la buena voluntad del empresario? ¿Por qué será que, a la primera dificultad, este gobierno insiste en soltar la responsabilidad que le toca y lavarse las manos?

¿Defendemos a los narcotraficantes?

Cada semana se engrosa el expediente de evidencia que respalda lo que esta columna ha venido advirtiendo: el ejército mexicano es ya una fuerza política de consideración en este país. Ayotzinapa, tragedia en la que las fuerzas castrenses están irremediablemente involucradas, es el origen del nuevo botón de muestra.

Resulta que después de un mes de presiones y choques con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y personaje impresentable del régimen, renunció a su cargo el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. El fiscal dirigía las pesquisas desde junio de 2019 y parecía contar con la confianza de las familias de los 43 y de sus abogados. Pero, como le comenté desde agosto, al gobierno le urgía dar carpetazo al asunto y anotarse una victoria política, sacar tajada de la tragedia. 

Alejandro Gertz Manero habria exigido a Gómez Trejo que apurara el caso contra Jesús Murillo Karam, el chivo expiatorio elegido para el sacrificio político. Aunque Murillo Karam ya era un objetivo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio que dirije Gómez Trejo, la investigación no estaba lista, ni la carpeta lo suficientemente sólida. Se les iba a escapar la presa, así se lo explicó Gómez Trejo a Gertz, pidiéndole tiempo adicional. El Fiscal General de la República no oyó razones, o priorizó el impacto político de la maniobra por encima de la procuración de justicia. Apartó a la Unidad Especial del proceso, detuvo a Murillo Karam el 19 de agosto y puso el caso en manos de Asuntos Internos.

Asuntos Internos hizo un trabajo infame con el expediente, al punto que el el juez les jaló las orejas a los fiscales en varias ocasiones porque no parecían siquiera estar enterados del contenido de sus propias carpetas y expedientes. Vaya, hasta qué punto habrá sido descuidado el jucio que ayer, una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam por los delitos que se le imputan. Absoluto desastre.

Con ese antecedente y la piedra en el zapato de que estaban interfiriendo en sus investigaciones, Omar Gómez Trejo continuó trabajando… hasta el 15 de septiembre, fecha en que se enteró que el juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, canceló 21 órdenes de aprehension que ya estaban liberadas desde el 19 de agosto a solicitud expresa, así es, del agente de la Fiscalía General de la República en el juzgado. La cancelación de las órdenes beneficia a 16 militares y cinco servidores públicos del estado de Guerrero en funciones en septiembre de 2014.

Entonces y en resumen: en un caso que deja en evidencía los nexos entre el ejército mexicano y grupos criminales dedicados al narcotráfico, que ha levantado ámpula entre la sociedad y sido una espina en el costado de dos gobiernos distintos (Peña y AMLO), la Fiscalía General de la República no sólo no procura justicia, sino que la entorpece y protege a los militares. En palabras de Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, parecía que había “un mínimo avance con este gobierno”, pero éste se vino atrás cuando parecía que iban a tocar al Ejército mexicano.

¿Por qué? ¿Qué está en juego? ¿Qué se le debe al ejército que además de colmarlo de regalos y negocios, se le deba proteger. ¿Por qué no se permite que se aplique la ley sobre sus elementos? ¿Es posible que la institución pudiera estar tocada, comprometida de manera extraña con el crimen organizado?

Explicación no pedida, acusación manifesta, dicen. ¿A cuenta de qué fue necesario que saliera el Presidente de México, desde la primera tribuna del país, a defender al General Cienfuegos y llamar “basura” los expedientes que armó la DEA en su contra? Visto todo lo visto ¿Se hace evidente por qué la DEA desconfiaba del ejército y prefería trabajar con la Marina, en quien si confiaba?

Urge una purga y una limpieza a fondo en las fuerzas castrenses, mexicanos. Urge como para antes del año electoral en donde, sospecho con zozobra, pudieran ser factor. 

 

Lecciones desde el senado

Buenas noticias desde la Cámara de Senadores. La discusión sobre la iniciativa de reforma de la diputada priista, Yolanda de la Torre, fue frenada en seco el día de hoy. Después de hacer el cálculo mental y concluir que no alcanzarían los votos suficientes (tenían 76, necesitaban diez más para alcanzar la mayoría calificada), Morena y sus aliados prefirieron suspender la votación y mandar la iniciativa a la congeladora en lugar de arriesgarse a que fuera completamente rechazada. Es decir, la mantienen viva, pero no se ve por donde.

Hay mucho que aprender y conclusiones que sacar de este acontecimiento:

En primera instancia, lo de hoy es evidencia de que la presión social, particularmente desde redes sociales, es una herramienta útil; una correa de distribución para que la ciudadanía active y dirija a sus representantes en el poder. La marca personal de cada ciudadano a sus representantes y la amenaza de retirarles el respaldo (el voto) la próxima vez que busquen hueso (que es lo único que les interesa a estos personajes), son palancas eficientes para alinear a los legisladores con los intereses de los ciudadanos.

Obviamente la mera presión en redes no será suficiente, pero es un inicio y hace evidente la siguiente lección:

Se votan perfiles, se trabaja con personas y candidatos, no con banderas. PRI, PAN, PRD, Morena, hasta la “Alianza Opositora” son todas etiquetas que alimentan narrativas. Así se construyen discursos como el del “Voto Útil” para que “No gane Morena”, o el del “PRIAN” y la “Mafia del Poder”. En ese discurso, perdemos de vista a los individuos y terminamos dándole oportunidad a cualquier impresentable sólo por tener un chalequito azul y/o guinda.

Pues bien, los chalequitos son fácilmente intercambiables, como amablemente demostró el Senador Paz Alonzo. El legislador panista, en medio del debate más importante en materia de seguridad del Senado, decidió cambiar de colorcito y unirse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional. Como premio de bienvenida, fue inmediatamente designado “Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial” del partido.

¿Qué pasó? ¿No que el PAN era “oposición”? ¿Dónde quedó la utilidad del “voto útil” en este caso particular?

Mi más sentido pésame a los yucatecos que depositaron su confianza en este señor, pero sirvan sus barbas cortadas para poner las nuestras en remojo: mientras el incentivo no lo ponga la ciudadanía informada, participativa y que distinga a los individuos la clase política va a seguir saltando a la etiqueta que más le ofrezca.

Siguiente lección: Algo muy, muy choncho debe haber de fondo que empuje con tanto entusiasmo a mantener al ejército en la calle. Que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no haya tenido reparo dejarse ver reuniéndose con diferentes Senadores en las inmediaciones de su recinto legislativo, cabildeando y convenciendolos (por los medios que usted pueda y prefiera imaginar) de votar a favor de la militarización, es indicativo de la importancia que tiene para el régimen. No lo eche en saco roto; lo venimos discutiendo desde la semana pasada. El ejército es ya una fuerza política que hace presencia y eso es peligroso.

Y finalmente, ya que tocamos el tema de Adán Augusto. ¡Papelón que se aventó! Incapaz, a pesar de tener toda la fuerza del estado y absoluta libertad para actuar impunemente para presionar legisladores, no consiguió gestionar que pasara la reforma. Como operador político su imagen queda muy tocada y el resto de las corcholatas se relamen los bigotes. El tablero de cara a 2024 sigue moviéndose. Quedemos atentos e insisto, veamos perfiles.

Ejército Político

Se está entregando el Estado Mexicano sistemáticamente y poco a poco, a las fuerzas armadas. La reforma que amparará el que los militares estén realizando labores de seguridad pública hasta 2028 y que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados, es sólo una raya más a un tigre transexenal, que viene tomando forma desde tiempos de Felipe Calderón y cuyos alcances nos urge entender.

El candidato Felipe Calderón jamás habló de la seguridad como tema prioritario para su gobierno. Se presentaba en los debates como el presidente del empleo y hablaba del mejoramiento de la recaudación fiscal. No fue sino hasta estar frente a los controles del país que descubre la necesidad y decide hacer intervenir al ejército. Error crítico, lo hace sin tener un marco legal que defina y acote la intervención en tiempo y funciones.

Con el candidato Peña la situación es similar. Fue un durísimo crítico del uso de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, sin embargo olvidó todo reproche en cuanto estuvo al frente del país. No hubo cambio de estrategia, ni se priorizó el uso de sistemas de inteligencia, ni se devolvió al ejército a los cuarteles.

López Obrador no es distinto, pero su caso es más evidente. Su campaña y su discurso de “Abrazos no balazos” contrastan mucho con la realidad de una Guardia Nacional militarizada y con una propuesta de ley que prorroga la presencia del ejército en las calles. Además, el presidente López comenzó a hacer concesiones nunca antes vistas al ejército: En 2020 les entregó la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de la operación y administración de tres aeropuertos localizados en el sureste del país y tres tramos del Tren Maya. En 2021, se les entregó las 49 aduanas de México, a través de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Este año fuimos testigos de la integración de la Guardia Nacional a su esfera de influencia. Adereze este recuento de los hechos con la construcción no sólo de las obras más emblemáticas de este administración (AIFA, Tren Maya, Dos Bocas), sino con otros centenares de obras de infraestructura más modestas, como un libramiento ferroviario para que los trenes de carga no pase por el centro de la ciudad de Nogales, en Sonora, o la construcción de un segundo piso que correrá paralelo a la franja fronteriza y la edificación de una aduana en Otay, en Tijuana, o la edificación de 1.600 sucursales del Banco del Bienestar, y los 266 cuarteles de la Guardia Nacional.

El ejército hoy ejerce un presupuesto de 500 millones de pesos al día, con mínima o nula rendicion de cuentas. Representado en su titular, el Secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval; se le ha despojado de toda su institucionalidad para convertirlo en un actor político más. El discurso de ayer de tinte partidista sobre los “comentarios tendenciosos” contra las Fuerzas Armadas que responden a “intereses de particulares y ambiciones personales” con el fin de alejarlas “de la ciudadanía” es una clara jugada por intervenir en el debate público horas antes de la votación de hoy.

El ejército es ya un actor político evidente y eso debería despertar las alarmas de todos los mexicanos. Unas fuerzas armadas que van adquiriendo poder político en relación a autoridades civiles fragmentadas, e instituciones débiles, es propio y caldo de cultivo natural de las dictaduras, en particular de las latinoamericanas. Podría devengar, imagine usted el escenario, en el desconocimiento de los resultados de las elecciones 2024.

En México nos tardamos décadas, poco más de nuestro primer siglo de existencia independiente, en pasar de ese caudillismo militar cuyas sucesiones derivaban en baños de sangre y peleas intestinas, al método institucionalizado y proto-democrático priista; y no se pudo haber hecho sin la intervención y accionar político de dos generales: Lázaro Cárdenas del Río y  Manuel Ávila Camacho. ¿Quién los detendría ahora?

Ojo, mucho ojo, mexicanos. Creíamos que lo peor que nos podía pasar era un regreso al gobierno populista de los 70’s. Poco a poco ha quedado demostrado que si nos descuidamos, nos van a regresar al principio del siglo XX.

 

Prisión Preventiva

“Prisión Preventiva” el puro término puede provocar disonancia cognitiva. La prisión es punitiva, un castigo, un correctivo para quien no supo seguir las reglas de la sociedad, las leyes que la rigen. ¿Cómo puede aplicarse una pena de manera “preventiva”? ¿Cómo se castiga una falta que aún no ocurre?

Bueno, es más complicado que eso. El Artículo 19° de nuestra Constitución enumera las causas por las que el Ministerio Público puede solicitar al juez este recurso, cuando juzga que otras medidas precautorias no podrían ser suficientes para garantizar la comparecencia del acusado en el juicio, el desarrollo de la investigación o la seguridad de la víctimas, los testigos o la comunidad; o si el acusado tiene una sentencia previa por un delito doloso.

Tiene sentido que se considere esta como una carta más en la baraja de herramientas a disposición de las fuerzas de la ley. Tiene sentido que haya casos críticos que requieran este duro tratamiento. Pero el uso de esta herramienta, por lo que implica (la privación de la libertad de un presunto inocente, hasta que se le demuestre lo contrario), debería reconocerse como una medida temporal, usarse con sumo cuidado y en casos puntuales que lo ameriten. 

El problema es que no se está usando así. Se inventó la figura de la “Prisión Preventiva Oficiosa”; que implica que ciertos delitos, sean cuales sean sus circunstancias, siempre ameritan este tratamiento. La lista de delitos en esta circunstancia es cada vez más amplia y vaga, llegando a incluir aquellos delitos “...en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.”

La herramienta que debía ser el último recurso para casos extraordinarios, se vuelve norma.

Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2021, la tasa de sentenciados en sentido condenatorio es de apenas el 25%. Es decir, que en un país cuyos juicios duran años, de cada cuatro que metemos a la cárcel de manera “preventiva”, tres son inocentes. Actualmente, 93,584 personas están recluidas por la la figura de prisión preventiva oficiosa, el equivalente a un Estadio Azteca. Más allá del costo para el país de alimentar, guarecer y vigilar a toda esta gente, la tragedia humanitaria de robarle años de su vida a una persona inocente y el impacto que tiene su estadía en prisión en el desarrollo de su personalidad y expectativas de desarrollo y de vida no debe desestimarse. 

Si, creo que la prisión preventiva oficiosa no debería existir, ni quedar recogida en nuestra Constitución. Se usa como instrumento político, para venganzas personales y el mediático periodicazo. Dudo, sin embargo, que esté teniendo impacto alguno en cómo llevamos los juicios, que es donde debería estar el foco de atención si queremos resolver nuestro sistema de justicia. Baste el caso de Rosario Robles, que estuvo tres años tras las rejas, que todos sabíamos que era culpable, pero que por incompetencia o acuerdo político terminó saliendo sin mayor empacho. La prisión preventiva oficiosa no tuvo impacto positivo alguno.

Lo que si tiene, es la tendencia a sacrificar a los más vulnerables. Los que no pueden leer, o desconocen sus derechos, o no pueden pagarse un abogado; que son también los más propensos a ser perfilados por la policía y acusados por cómo lucen o con quienes andan.

Mañana jueves votan en la Suprema Corte de Justicia el futuro de la Prisión Preventiva Oficiosa en México. Todo parece indicar que nos quedaremos con la figura, que se declarará constitucional y que el sistema de justicia de este país podrá seguir usando esa muleta para paliar su incapacidad e ineptitud. ¡Que remedio!

 

Politizar la tragedia

El uso político de las tragedias en este país es, en sí mismo, una tragedia. El ejemplo más vigente de esto es el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Independientemente de los detalles, fue un horror creado por personajes con poder, jugando con las vidas de connacionales como piezas de su tablerito de ajedrez. El responsable último de la muerte de los 43 normalistas no fue un capo criminal, un influyente político, o el líder de una agrupación política que tiene cooptadas nuestras escuelas normales; aunque todos ellos jugaron su parte y deben ser señalados y juzgados en lo que les toca. No, el responsable último fue la absoluta falta de estado de derecho y gobernabilidad institucional, así como la ley de Herodes, el mercado de favores, compromisos, chantajes y amenazas entre grupos políticos y actores con influencia que funcionan como su pobre sustituto. Un irregular andamiaje de poder blando que no le permite al país alcanzar las altas cotas de progreso y bienestar que todos deseamos.

En su lugar, el juego de poder continuó. El movimiento político recién constituido en partido (Morena), utilizó la tragedia como escaño y ariete para sus propios fines, convenciendo a buena parte de la población de que la responsabilidad única recaía en el Gobierno Federal, en su titular, el presidente Peña y en la opción política que él representaba. Consiguieron opacar y hacer olvidar el hecho de que por entonces ellos gobernaban Iguala a nivel municipal y Guerrero a nivel estatal. Sembraron la duda en toda investigación y rechazaron cualquier conclusión a la que estas llegaran. Literalmente no dejaron morir el tema y al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” le prestaron vida artificial para exprimirle cada gota de rédito político que pudieran. El esclarecimiento de los hechos fue uno de las promesas que los llevaron finalmente a la presidencia de la república. Y la conformación de la “Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa” no fue sino el siguiente paso lógico en esta narrativa.

Ahora están en el poder, ahora el tema les incomoda y necesitan darle muerte y sepultura. Ahora es también el momento de dar resultados, urgidos como están de victorias, aunque sean simbólicas, para ocultar los fracasos en tantas áreas del presente sexenio. Así pues, agitan nuevamente la bandera de Ayotzinapa para crédito político.

La versión de los hechos que presentó Alejandro Encinas y la que presentó Murillo Karam es esencialmente la misma y difiere en apenas detalles. Los estudiantes fueron entregados por policías municipales a cierto grupo grupo criminal bajo el conocimiento y amparo de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Siempre se supo que los normalistas estaban muertos. Siempre se supo que intentaron secuestrar camiones.

El sacrificado para hacernos creer que ahora sí fue en serio la investigación es Jesús Murillo Karam, quien entonces fuera Procurador General de la República. No eche campanas al vuelo aún, mi estimado lector. También en el caso de Rosario Robles Berlanga fue simbólico, para pretender que algo se hacía para perseguir “La Estafa Maestra”. La ex-Titular de la Secretaria de Desarrollo Social salió libre esta misma semana, después de tres años, sin que pudieran imputarle crimen alguno. Con Murillo Karam pasará igual. La única evidencia que tienen es una declaración del mismo Murillo, en una rueda de prensa, en la que dijo que "se hacía cargo" de la investigación. No, pos sí...

Se trata, como le digo, de mero uso político de las tragedias y escándalos del acontecer nacional. No hay interés en cambiar la dinámica, porque este irregular poder blando y la relativa impunidad con la que opera les queda muy cómodo a todos los actores. Si va a venir esta transición a un México de instituciones fuertes y estado de derecho, no vendrá desde arriba, tendrá que llegar desde las bases, desde el ciudadano. Ya va siendo hora.

Comunicarse con violencia

Voy a partir en el entendido de que los acontecimientos de la semana pasada deben ser catalogados como terrorismo, toda vez que cumplen al pie de la letra la definición de la palabra: Se trató de una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y orientados a presionar una agenda  o enviar un mensaje político, al intimidar aa los adversarios o a la población en general.

Chihuahua, Jalisco, Baja California y Guanajuato vivieron jornadas terroríficas de quemas, balaceras y bloqueos. En Ciudad Juárez una tienda de conveniencia fue incendiada con una bomba molotov, una pizzería fue baleada, cuatro establecimientos más fueron rafagueados; un camión fue quemado y los delincuentes lanzaron una cabeza humana. A lo largo de la semana, los ataques causaron la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y cuatro empleados de una emisora de radio.

Desconozco las razones de este súbito acto sincronizado de violencia y he escuchado cuanta teoría e hipótesis extraña se le pueda ocurrir. Desestimo sólo las más descabelladas que, tristemente con este gobierno de caricatura, son las menos. Todas suenan minimamente plausibles.

En mi lectura, la que me suena más razonable es la que propone que Estados Unidos está usando cuanta herramienta dispone para apretar al Gobierno de México y que este dé resultados en el tema de seguridad. En respuesta a la presión, y débil por el lado comercial y el T-MEC, la actual administración hace de tripas corazón y medio le entra con algunos operativos tímidos a incomodar a los carteles… y aquellos truenan indignados, porque el acuerdo de abrazos-no-balazos que se pregonó no se está respetando.

Suena plausible porque nuestro vecino tiene elecciones intermedias en noviembre y con una economía débil, alta inflación y otra serie de problemas, los Demócratas necesitan una victoria que presumir, un capo qué desfilar frente a las cámaras. Suena posible porque fue exactamente eso lo que ocurrió en su momento con el Chapito en Sinaloa. Suena probable porque también en esta ocasión corren los rumores y versiones extra oficiales de que se detuvo a Ricardo Ruiz (el Doble Erre) y Gerardo Gonzalez (el Apá) en el operativo del día 11 en Jalisco, pero que al final se les dejó en libertad

Se trata ciertamente, de mera especulación. Lo que es un hecho es que el Estado, quien debiera poseer el monopolio del uso de la violencia, está absolutamente rebasado por un crimen organizado que se comunica y lo amedrenta con actos de terror. Durante el Informe de Seguridad en respuesta a los hechos violentos, Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa, afirmó que los delincuentes que incendiaron vehículos e inmuebles buscaron dar “la percepción de que falta seguridad”. Dos pesitos de vergüenza, General. No lo intentaron, lo consiguieron. Y el mensaje sonó fuerte y claro.

Peor aún el comunicado de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, intentando proyectar fuerz, insistiendo en que las fuerzas del orden estarían listas para defender a la población; pero casi rogándole al crímen organizado que le cobrara “las facturas” sólo a los que no se las paguen. Una alcaldesa, flanqueada por ejército, normalizando el cobro de piso y legitimando públicamente la extorsión por parte del crimen organizado. A ese nivel, las cosas.

El Presidente ha dicho en repetidas ocasiones que la violencia se dá únicamente cuando más de un grupo se pelea la plaza. Su tirada parece ser normalizar una suerte de “reparto” que deje satisfechos a los grupos delincuenciales en una suerte de “Pax Narca” Los dichos y actitudes tibios desde posiciones de autoridad del Estado Mexicano parecen reforzar esta visión. Pero los grupos con poder siempre están buscando maneras de ganar espacios a través de la violencia y el caos. 

Ojo al escenario en 2024. Lo que estamos viendo pueden ser llamadas a misa y ensayos. Viendo la actitud sumisa del aparato mexicano, me queda claro que habrá regiones muy puntuales de nuestro querido donde el crímen organizado no permitirá que haya elecciones libres. Hay que minimizar estas zonas, reclamar el tema de seguridad y estado de derecho como columna vertebral de cualquier propuesta política y hacérselos entender a los partidos  a través de las elecciones intermedias en 2023. No está fácil, pero se puede y urge hacerlo.