miércoles, 28 de octubre de 2020

México: Federación Presidencialista

Andrés Manuel es presidente y el sistema mexicano moderno es presidencialista. Esto es decir que, con sus debidas consideraciones, las riendas del país están en manos de un sólo hombre. Así ha sido la vida política del México independiente desde su concepción: El caudillo, el hombre fuerte, el tensor entre las fuerzas políticas del momento como la pieza importante de todo el sistema para hacerlo moverse y avanzar. 

México es también una federación. Se rige por un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de Estados asociados en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central.

Estos dos axiomas no están contrapuestos entre sí, de hecho, hacen sinergia. Parte de la labor del presidente de la federación es funcionar como centro y armonizar las necesidades y demandas de los estados. Escuchar y trabajar con los gobernadores y el resto de las fuerzas políticas para avanzar en una dirección concreta es, literalmente, el trabajo del presidente. Cuando el tensor falla, cuando el presidente no preside, tenemos una situación como la actual.

El conflicto Gobierno Federal - Alianza Federalista que vemos hoy se desprende de una absoluta incapacidad, desinterés o desconocimiento de parte del más alto funcionario de la nación para realizar su trabajo dentro del sistema político nacional. Con él no hay acuerdo posible, ni diálogo. Con él no hay colaboración, hay sumisión y lealtad ciega a un cuestionable proyecto de nación, o se corre el riesgo de sufrir las consecuencias en la repartición de recursos federales. 

En estas circunstancias me parece de lo más razonable y natural que un grupo de actores políticos con un mandato constitucional y una responsabilidad con sus gobernados (y seguramente también, no me engaño, un interés electoral), decidan hacerle frente para hacer valer su sitio dentro de este concierto de fuerzas que Andrés Manuel debería estar dirigiendo y coordinando. 

¿En qué cabeza cabe que la persona que debe dirigir y decidir diga que no se reunirá con los gobernadores porque “hay que cuidar la investidura”? Es equiparable al director de un negocio que no se reúne con sus gerentes de área porque “no me vayan a ensuciar la oficina” o porque tiene miedo de que esos gerentes, eventualmente crezcan y lo reemplacen en la dirección (los ya mencionados intereses electorales). Ni en una empresa, ni en un país, eso es recomendable o sostenible.

Si, los gobernadores tendrán demandas, necesidad de apoyo económico para proyectos estratégicos de infraestructura como la Línea 4 del Tren Eléctrico en Jalisco. Pero esos proyectos son también oportunidades para trabajar juntos en beneficio de la población. Proyectos con los que, siendo inteligente, el gobierno federal podría también salir beneficiado en cuanto a su imágen entre la población local. Pero nada de esto parece tener importancia para el inquilino de palacio, 

La CONAGO comenzó su camino en 2001, durante el sexenio de Vicente Fox. Desde su formación ha sido una herramienta de coordinación entre los estados y la presidencia. A veces su participación ha resultado en un impulso en el bienestar de los mexicanos, en otras, ha entorpecido la implementación de proyectos que podrían haber rendido frutos (pregúntenle a Calderón y a las evaluaciones de confianza estandarizadas para las policías locales) El éxito o fracaso en la gestión de un presidente puede calificarse enteramente por su habilidad para actuar de tensor y mediador entre todas las fuerzas del país. En ese sentido, como en muchos otros rubros, la actual administración está quedando abrumadoramente a deber.




miércoles, 14 de octubre de 2020

Contra el cáncer, desfile de pretextos

El reclamo por la falta de medicamentos oncológicos cumple ya 712 días, según la cuenta del presidente de la organización en favor de los niños con cáncer Es Por Tu Amor, Emmanuel García. Durante todo ese periodo la administración lopista ha dado argumentos (pretextos) de todo tipo del por qué no cumple con su mandato constitucional (Art. 4°) de garantizar la salud: desde el combate a la corrupción, hasta la demonización de PiSA por supuestas prácticas monopólicas. Y en este concierto de justificaciones ridículas, quizá la última sea la que se lleva el pastel por inverosímil e incongruente.

Supuestamente, les robaron 37 mil dosis que ya tenían listas para entregar en las bodegas de la empresa Novag Infancias SA de CV. ¡Pero qué mala suerte! Excepto que, está medio raro ¿No?

En el informe proporcionado por el INSABI, se asegura que el medicamento llegó desde el 20 de septiembre, pero el parte aduanal de entrega a la institución está fechado casi un mes antes, el 28 de agosto. Por otro lado, el robo habría ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de octubre. ¿Qué hacían todavía con el medicamento en su poder quince días (o más) después de recibirlo? ¿Por qué no se había entregado? 
(Nota al pie la empresa responsable de la distribución es propiedad de Zoé Robledo, actual director del IMSS)

La COFEPRIS se entera de lo sucedido el día 7, pero nada se hace público hasta el 9, cuando pide a los padres afectados “darlo a conocer a la opinión pública” Uhm… ¿Por qué? ¿No eres tú la autoridad? ¿No tienes tú todos los elementos del caso y estás llevando a cabo la investigación correspondiente? Al final, el comunicado oficial no sale sino hasta el día 10, junto con la alerta sanitaria correspondiente.

Hasta ahora y basados en evidencia dura, el entramado revela un sorprendente (ni tanto) grado de incompetencia de parte de las autoridades, en primera instancia, para proteger y distribuir un medicamento que ya tenía comprado y que se requiere con urgencia, y después para reaccionar ante el hecho, avisar a la opinión pública y encontrar soluciones alternativas.

Pasando a terrenos meramente especulativos, la cosa podría ponerse aún peor. El robo cubre a la presente administración en varios frentes. Primero, frente a la sospecha de que el medicamento que se compró es inviable y quizá hasta ilegal. Ninguna de las marcas mostradas en el comunicado de Cofepris cuenta con un registro sanitario en México condición indispensable para su importación al país. ¿Cómo entonces lo metieron, pues?

También nos enteramos que Kemex (la empresa argentina fabricante) tuvo que retirar varios lotes de circulación en aquel país por temas de calidad. Sin el registro de la Cofepris no hay garantías de la calidad de lo que llegó a México. La historia del robo entonces les cubre las espaldas si lo comprado resulta defectuoso. Aún si encontraran el lote, por no poder garantizar que no lo hayan manipulado, se considera contaminado e inutilizable, sin tener que pasar por la vergüenza de admitir que compraron algo que no servía.

Y finalmente, coloca al presidente y a su gobierno en la posición cómoda de víctimas. “Está muy raro”, dice el presidente en la mañanera, achacándole el robo a esos “afectados, que se resisten a abandonar sus privilegios y la corrupción”, con lo que incluso un estrepitoso fracaso administrativo de su gestión le está reportando rédito político. 

Mientras tanto, el drama sigue, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer denunció que del 11 de diciembre de 2019 al 3 de septiembre de 2020, mil 608 niños han fallecido a causa de esa enfermedad. En el conteo realizado en su página web, se reportan también, 4 mil 289 nuevos casos detectados y 3 mil 216 diagnosticados en fase avanzada. Y este gobierno, por cualquier pretexto, sigue inoperante e indolente.



miércoles, 7 de octubre de 2020

La carrera por la intermedia ya empezó...

Puede que Andrés Manuel y MORENA no den pie con bola en esa importantísima labor que es ser y formar gobierno; trabajar para los mexicanos. Pero lo que sí saben hacer extremadamente bien es jugar al juego político-electoral y acomodarse para ganar cuanta ventaja sea posible en cada elección. Esto es, precisamente, lo que los vuelve tan peligrosos para el país: no necesitan hacer méritos gobernando bien. Como buen gobierno populista, la estrategia radica por entero en ganar elecciones exprimiendo al sistema.

Así, por ejemplo, y con el cuento de combatir la corrupción, han desmantelado programas que operaban con reglas claras y auditables para sustituirlos por un control directo y opaco de los recursos para hacérselos llegar “directamente a los beneficiarios”, como a las personas de la tercera edad. En el mejor de los casos este dinero, efectivamente llega a quien lo necesita. Pero también tiene una sorprendente tendencia a desaparecer. Tan solo en su primer año la presente administración pagó 593 millones de pesos en pensiones a beneficiarios inexistentes, según la Secretaría de la Función Pública. 
Tan solo en en los programas sociales para combatir la pobreza: adultos mayores, niños y personas con discapacidad, falta aclarar pagos por 1,460 millones de pesos.

Otra triquiñuela que están usando, revistiéndola de ejercicio democrático, es la degradación del concepto de consulta ciudadana, al utilizar el término en ejercicios que no cumplen con los requisitos y efectos que pide la Constitución.
En ese sentido, la administración morenista se anotó un tanto enorme al conseguir que seis de los once magistrados de la Suprema Corte votara por la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar expresidentes. No sólo por que se avaló un despropósito (que la aplicación de la justicia en este país sea selectiva y dependiente del resultado del voto popular) sino porque nuevamente, que la Suprema Corte la haya declarado “Constitucional” no quiere decir que vaya a seguir los protocolos de una consulta como dicta la ley. ¿Pero a poco no se oye bien bonito y le da cierto “caché”?

La siguiente jugada ya la dejó entrever Ricardo Monreal. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado señaló que está elaborando una iniciativa de reforma constitucional para permitir que la consulta se realice el mismo día de la elección. El argumento económico es innegable, la consulta (que, ya dijimos, es dinamita pura para nuestro Estado de Derecho) tendría un costo calculado de 8 mil millones de pesos, el equivalente a 1.5 veces la Estafa Maestra, o al costo combinado del Avión Presidencial y la Estela de Luz.
Si la oposición se niega a realizarla el mismo día que la elección, se le tachará de avalar el despilfarro, con el costo político que eso implica. Pero si lo permite, le estará permitiendo al gobierno federal hacer campaña para “promover la consulta” atacando directamente a expresidentes de partidos opositores. ¿No es una genialidad la maniobra?

Y mientras a la oposición le están ganando la elección a más de una año de distancia de que esta ocurra, seguimos sin tratamientos de quimioterapia, seguimos sin la seguridad y la paz prometida, seguimos con una crisis económica y de salud sin precedentes… ¿Exactamente qué está haciendo la “oposición”?