Afganistán

 

No soy ningún internacionalista. Mi poco o mucho conocimiento en política nacional y la lectura de sus acontecimientos deriva de años de observación y seguimiento a lo que acontece en el escenario mexicano. Como no sea parcialmente y únicamente de Estados Unidos, por su obvia cercanía con nuestro país y su importancia en la palestra global, no he tenido esa disciplina en ámbitos internacionales.

Habiendo dicho esto, me parece importante tratar el tema de Afganistán. La nación del Oriente Medio acaparó reflectores cuando se anunció que finalmente Estados Unidos terminaría su intervención militar y retiraría sus tropas de suelo afgano. Luego su presencia se volvió aún más preponderante cuando la anunciada retirada fue un absoluto desastre, los talibanes recuperaban cada pueblo, ciudad y aldea que los norteamericanos dejaban atrás y circularon en internet los videos de cientos de afganos desesperados por subirse a cualquier avión que pudiera sacarlos del país.

Lo que debió ser un momento de triunfo, de misión cumplida y de paz, terminó metiendo a toda la región en la incertidumbre y dando la impresión de que se habían tirado veinte años de cruento conflicto para volver al punto de partida. Y da esa sensación porque, bueno, eso es exactamente lo que sucedió.

La intervención militar en Afganistán se dio como respuesta visceral a los atentados del 11 de Septiembre de 2001 y marcó el inicio de lo que entonces se llamó “La Guerra contra el Terrorismo”. Iniciarla fue un error, pero se hubiera requerido a un estadista con extraordinaria visión para encauzar a una solución más constructiva a un pueblo norteamericano herido y exigiendo represalias contundentes. George W. Bush no era ese estadista, así que los norteamericanos terminaron poniendo “botas en la tierra” en Oriente Medio. 

El objetivo inicial de la intervención era el exterminio de Al Qaeda, la detención de su líder y garantizar que el país afgano no pudiera ser utilizado como plataforma y punto de lanzamiento de actividades terroristas. Al pasar el tiempo, sin embargo, esa claridad se fue perdiendo. La guerra comenzó a costar vidas. Las tácticas de guerrilla del enemigo y el terreno agreste transformaron la que se suponía sería una operación militar limpia y breve en un conflicto poco convencional, largo y tedioso. 

Llegados a este punto, a Estados Unidos lo que le convenía era minimizar sus pérdidas, conseguir alguna victoria que pudiera presumir en casa para dar por cumplido el objetivo y retirarse. No funcionó así. Incluso la muerte del autor intelectual de los atentados que detonaron el conflicto, Osama Bin Laden, que se vendió como una gran victoria norteamericana, no funcionó para darle carpetazo final al asunto. La administración de Obama tuvo entonces todas las herramientas para poner una palomita al lado del pendiente, decir “ganamos” y retirarse con la frente en alto. Pero decidió no hacerlo.

A partir de ahí, la cosa se enturbia. ¿Qué estaban haciendo ahí las tropas estadounidenses? Se había alcanzado el objetivo punitivo previo, pero continuar bajo la vaga excusa de “acabar con el terrorismo” derivó en que cada líder militar o civil de la fuerza de ocupación tuviera su propia definición de lo que se pretendía. Y esa imprecisión o vaguedad les costó por lo menos diez años de “guerra” adicionales. Los norteamericanos estaban en el peor de los escenarios, con las tropas desplegadas y en la línea de fuego, pero sin un objetivo específico, medible, razonable en su alcance y un calendario claro. 

Cui bono. ¿Quién gana? ¿Quién se beneficiaba con la prolongación del conflicto? Argumentaría que las cadenas de suministro del aparato militar tuvieron una fuerte movilización política para prolongarlo. Era un buen negocio. Estados Unidos por si mismo constituye el 36% del gasto militar mundial. Pasó de gastar 370 mil millones de euros en 2001 a poco más de 650 mil millones en 2019. Es dinero que se inyecta en la economía a través de una larga cadena de contratistas y proveedores que generan empleos directos e indirectos. Con la prolongación de la guerra, los dueños de los negocios que fabricaban suministros al ejército se hacían ricos y el gobierno se aseguraba de que al menos una porción importante de la economía permaneciera activo.

Celebro la salida de Estados Unidos de Afganistán. No es suya, ni debe adjudicarse, la labor de ser la policía del mundo, o de “construir democracias aliadas” o de “garantizar los derechos” de la población de otras naciones. La intervención militar en Afganistán nunca debió ocurrir y no estaba justificada. Aplaudo la valentía de la actual administración de asumir el costo político de una retirada, pero me parece que la planeación y ejecución de la misma fue absolutamente terrible.

El asunto tiene muchísimas aristas, y en definitiva no es una foto nítida en blanco y negro como el clima político polarizado quiere hacernos pensar. Las consecuencias geopolíticas de esta decisión tampoco tardarán en aparecer, con Rusia y China probablemente incrementando su influencia en la región. Habrá que esperar y ver.

Riesgos y Responsabilidades

Creo que es la segunda vez que esta columna coincide con una declaración del presidente: “Tenemos que correr ciertos riesgos, como todo en la vida” dijo, respecto al regreso a clases presenciales para el ciclo escolar que inicia en septiembre. “No es sólo un asunto educativo, sino también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos sólo al Nintendo”

No le falta razón. Como con muchas otras cosas de nuestra “normalidad” que se han visto irremediablemente trastocadas, diecisiete meses de aislamiento ya tuvieron un impacto en nuestros niños y adolescentes. La profundidad y alcance de estos cambios no los alcanzaremos a medir sino hasta dentro de muchos años. Es imperativo que encontremos la manera de adaptarnos, como lo hemos hecho en otros ámbitos de la vida, para que nuestros niños puedan seguir desarrollando las herramientas sociales indispensables para vivir en comunidad, para que maduren su inteligencia emocional y sus habilidades interpersonales.

Siento que ahora mismo, más peligroso que el COVID, es la parálisis que el miedo al patógeno está generando en la sociedad. Para una enorme porción de la población, las únicas alternativas posibles son o el absoluto encierro hasta que la tormenta se calme por completo o la apertura indiscriminada y al diablo las consecuencias. Y si esos fueran mis horizontes, mexicanos, yo también estaría temblando en una esquina.

El tema es que después de 17 meses ya debería haberle quedado claro al menos entendido que lo que considerábamos “normal” hasta principios de 2020 ha quedado absolutamente obsoleto, impulsado por una revolución digital y en nuestras maneras de operar. Que hay que buscar maneras maneras de protegernos sin detenernos, o con mínima interferencia en nuestras actividades. Siempre y cuando abracemos esa responsabilidad individual y colectiva.

Y ahí es donde tengo diferencias con el titular del ejecutivo. Porque aunque su declaración es correcta, no llega a con la intención de impulsar la responsabilidad, sino de desembarazarse de la misma, de darle carpetazo al tema, lavarse las manos y pretender que ya quedó resuelto.

Porque podríamos tener un regreso seguro a clases, por ejemplo, si se decidieran a vacunar a los menores de edad. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en Estados Unidos) recomiendan que todas las personas de 12 años de edad o más se vacunen contra el COVID-19. Los niños de 12 años de edad o más puede recibir la vacuna contra el COVID-12 de Pfizer-BioNTech. Pero eso representa cargarle aún más la mano a una campaña de vacunación que avanza lento y se queda corta ante las necesidades reales. Prefieren lavarse las manos de esa responsabilidad y poner a Hugo López-Gatell a repetir como merolico que los niños no son especialmente vulnerables.

Podríamos tener un regreso seguro a clases, por ejemplo, si se habilitaran verdaderas medidas de prevención en las aulas y se invirtiera en las instalaciones para garantizar su limpieza. Pero en lugar de eso prefieren mandarle a cada plantel un litro de cloro, una jerga y tres cubrebocas para sentir que “cumplieron”.

Podríamos tener un regreso seguro a clases, si se hubiera vacunado al personal educativo con una vacuna adecuadamente probada y validada por las autoridades sanitarias, en lugar de hacerlo con un producto chino de dudosa calidad y que se adquirió a través de metodología turbia para engrosarle el bolsillo a algún político.

En fin, que sí, que tenemos que aprender a tomar riesgos. Pero hay de riesgos a riesgos. Y no me parece muy justo que el inquilino de Palacio decida poner en riesgo a millones de mexicanos porque no le da la gana cumplir con su responsabilidad más elemental.

¡Bonita cosa que un incompetente o incapaz decida a qué riesgos y cómo los voy a enfrentar!

No puedo evitar sino acordarme de otro personaje, también pequeñito pequeñito, pero afortunadamente ficticio, que con tal de conseguir lo que quiere declara muy orgulloso “Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar”

No bueno…

Addendum:

Por cierto, no sienta que se le cierra el mundo, o que se le acaban las opciones. Es esa apatía y desesperanza la que les permite a la clase política moverse a su antojo. Ya un juez federal ordenó ayer vacunar a un menor de 18 años contra Covid-19, primer caso del que se tiene registro público en la CDMX. El 31 de julio un juez de Querétaro ordenó vacunar a una menor de 16 años. Ambas declaraciones están en pugna, pero o nos hacemos responsables de nuestra propia reincorporación a la “normalidad” con las herramientas que tenemos a mano, o este gobierno nos las va a hacer pasar negras, mexicanos.

Las dos (Tremendas) Cortes

Esta semana se dieron dos pequeñas grandes tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Victorias que invitan a pensar que nuestro Poder Judicial aún tiene la independencia necesaria para hacerse valer en el acuerdo tripartita en el que está dividido el Estado en México.

En primer lugar, el ministro presidente de la corte, Arturo Zaldívar, rechazó ampliar su mandato y concluirá su periodo el 31 de diciembre de 2022, tal y como marca la Constitución. Por más que el presidente de la República hubiera preferido que Zaldívar extendiera su periodo dos años más para encabezar la “transformación” del Poder Judicial, y por más que impulsaran la reforma judicial con un artículo transitorio incorporado de última hora para darle un atisbo de “legalidad” al asunto, prevaleció la Carta Magna y el respeto a la ley.

Zaldívar se tardó, sin embargo. Estuvo cuatro meses con la novela de ver si se animaba o no, dando respuestas poco comprometedoras a preguntas expresas y eludiendo la cuestión (y la responsabilidad) como si no fuera él la figura central del asunto (o como si estuviera en duda lo inconstitucional de la maniobra).
Y es porque (sospecho) que estaba midiendo sus propias fuerzas y las del señor Presidente. Calibrando si su capital político les daba para mantenerlo en el asiento y capear el temporal, que se les vendría encima. En algún punto vio como se movían las cosas (probablemente con lo que pasaba en el TEPJF) y decidió que mejor se bajaba antes de perder el asiento definitivamente, como le sucedió a José Luis Vargas Valdez

Vargas presidió el TEPJF hasta que cinco de sus compañeros votaron por su destitución “debido al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias”. Como contexto: en febrero de 2020, la Unidad de Investigación Financiera denunció al magistrado debido a que se identificó que entre 2013 y 2017, cuadriplicó sus ingresos, recibió depósitos en efectivo, aportaciones de gobiernos estatales e hizo manejos millonarios en tarjetas de crédito sin dar de esto aviso conforme a la hacienda pública conforme marca la ley.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, sin embargo, exoneró al ministro de todo cargo, al (de manera muy conveniente) no hallar evidencia del delito de enriquecimiento ilícito. La UIF impugnó la decisión y presentó una segunda denuncia, con más evidencia. El caso se estaba volviendo insostenible y la negligencia de la fiscalía, evidente.

Vargas salió por la puerta de atrás, renunciando formalmente a su posición en medio de una crisis institucional. El presidente no tardó en atacar a su reemplazo, Reyes Rodríguez Mondragón, recordando en la mañanera que el presidente interino “lo había insultado” y exponiendo la imagen de un tuit del que no hay constancia que haya existido y que el mismo magistrado denunció como falso en su momento. Como para seguir haciendo ruido, pues.

Algo le salió mal al presidente y tal parece que el Poder Judicial se ha salvado de una nueva intentona por hacerle manita de puerco y ponerlo bajo la tutela del Poder Ejecutivo. Habrá que seguir atentos a lo que pueda llegar a ocurrir con ambos casos y nuevas ofensivas.

Las gaseras, el nuevo enemigo de papel

 

En cumplimiento con una “Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo”, publicada por la Secretaría de Energía (SENER) el pasado 28 de julio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció esta semana una regulación de precios máximos para el gas LP. El tope cambiará semanalmente y variará según la región del país. 

Este domingo primero de mes se publicó la primera tabla de precios que ya está vigente y será válida hasta el sábado 7 de agosto. Por qué decidieron darle un bajón del 10% al precio promedio del combustible registrado en julio y qué metodología siguieron para llegar a ese número es, hasta ahora, un misterio. Puede asumirse con cierta seguridad, sin embargo, que no se usó nada más complejo que el tanteómetro. Después de todo es la herramienta de preferencia en esta administración. Lo cual abre, por supuesto, toda una nueva ventana de discrecionalidad, opacidad y corrupción que antes no teníamos.

También, siguiendo la costumbre de este gobierno, es una medida ilegal. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde que salió publicada la mentada “Directriz” de la SENER, les recordó a todos los participantes que  “Dicho exhorto es contrario al mecanismo establecido en la Ley de Hidrocarburos para regular los precios del gas LP, el cual requiere de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia por parte de la COFECE como condición necesaria y previa a una regulación de precios”. Básicamente, que en todo este jaleo se saltaron a un órgano constitucional autónomo y una ley publicada en 2014. 

Y tiene su razón de ser que haya tantos candados para una regulación de este tipo, porque sí hay consecuencias naturales de cualquier control de precios. Si el precio establecido no alcanza a cubrir los costes de comercializar el producto y producir rentas, entonces nadie le entra al negocio y comienza la escasez. Que es algo que ya está sucediendo en el Valle de México, donde el Gremio Gasero Nacional lanzó una convocatoria a un paro de labores masivo. 

No, no están a punto de quebrar el 60% de las operadoras, ni 16,000 empleados se quedaron sin empleo de la noche a la mañana por esta medida, como algunos titulares alarmistas quisieran hacernos creer. Pero el accionar gubernamental ciertamente es comparable a arrojarle una llave de tuercas a una maquinaria en movimiento. Irremediablemente se atasca y de menos entorpece a su operación, cuando no detiene y desbarata el mecanismo completo. La solución a un problema casi nunca pasa por destruirlo todo en un arranque de ineptitud, se los aseguro.

La iniciativa privada naturalmentre no va a quedarse de brazos cruzados. Intempondrá amparos que, en vista de lo señalado por COFECE (que se saltaron la ley), deberían prosperar sin mayor problema. Pero para entonces el presidente habrá conseguido el objetivo: Se habrá inventado a un enemigo. A “los malos” de las empresas gaseras que no quieren perder sus utilidades y que perjudican “al pueblo”. A los jueces “corruptos”, que les conceden los amparos a cambio de sabrá Dios qué arreglo turbio. En fin, se habrá conseguido tela de dónde cortar, temas de qué hablar que no sean la pandemia, el estancamiento económico, el desastre de sistema de salud, o los elefantes blancos de su administración.

De mi se acuerda…