Politizar la tragedia

El uso político de las tragedias en este país es, en sí mismo, una tragedia. El ejemplo más vigente de esto es el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Independientemente de los detalles, fue un horror creado por personajes con poder, jugando con las vidas de connacionales como piezas de su tablerito de ajedrez. El responsable último de la muerte de los 43 normalistas no fue un capo criminal, un influyente político, o el líder de una agrupación política que tiene cooptadas nuestras escuelas normales; aunque todos ellos jugaron su parte y deben ser señalados y juzgados en lo que les toca. No, el responsable último fue la absoluta falta de estado de derecho y gobernabilidad institucional, así como la ley de Herodes, el mercado de favores, compromisos, chantajes y amenazas entre grupos políticos y actores con influencia que funcionan como su pobre sustituto. Un irregular andamiaje de poder blando que no le permite al país alcanzar las altas cotas de progreso y bienestar que todos deseamos.

En su lugar, el juego de poder continuó. El movimiento político recién constituido en partido (Morena), utilizó la tragedia como escaño y ariete para sus propios fines, convenciendo a buena parte de la población de que la responsabilidad única recaía en el Gobierno Federal, en su titular, el presidente Peña y en la opción política que él representaba. Consiguieron opacar y hacer olvidar el hecho de que por entonces ellos gobernaban Iguala a nivel municipal y Guerrero a nivel estatal. Sembraron la duda en toda investigación y rechazaron cualquier conclusión a la que estas llegaran. Literalmente no dejaron morir el tema y al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” le prestaron vida artificial para exprimirle cada gota de rédito político que pudieran. El esclarecimiento de los hechos fue uno de las promesas que los llevaron finalmente a la presidencia de la república. Y la conformación de la “Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa” no fue sino el siguiente paso lógico en esta narrativa.

Ahora están en el poder, ahora el tema les incomoda y necesitan darle muerte y sepultura. Ahora es también el momento de dar resultados, urgidos como están de victorias, aunque sean simbólicas, para ocultar los fracasos en tantas áreas del presente sexenio. Así pues, agitan nuevamente la bandera de Ayotzinapa para crédito político.

La versión de los hechos que presentó Alejandro Encinas y la que presentó Murillo Karam es esencialmente la misma y difiere en apenas detalles. Los estudiantes fueron entregados por policías municipales a cierto grupo grupo criminal bajo el conocimiento y amparo de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Siempre se supo que los normalistas estaban muertos. Siempre se supo que intentaron secuestrar camiones.

El sacrificado para hacernos creer que ahora sí fue en serio la investigación es Jesús Murillo Karam, quien entonces fuera Procurador General de la República. No eche campanas al vuelo aún, mi estimado lector. También en el caso de Rosario Robles Berlanga fue simbólico, para pretender que algo se hacía para perseguir “La Estafa Maestra”. La ex-Titular de la Secretaria de Desarrollo Social salió libre esta misma semana, después de tres años, sin que pudieran imputarle crimen alguno. Con Murillo Karam pasará igual. La única evidencia que tienen es una declaración del mismo Murillo, en una rueda de prensa, en la que dijo que "se hacía cargo" de la investigación. No, pos sí...

Se trata, como le digo, de mero uso político de las tragedias y escándalos del acontecer nacional. No hay interés en cambiar la dinámica, porque este irregular poder blando y la relativa impunidad con la que opera les queda muy cómodo a todos los actores. Si va a venir esta transición a un México de instituciones fuertes y estado de derecho, no vendrá desde arriba, tendrá que llegar desde las bases, desde el ciudadano. Ya va siendo hora.

Comunicarse con violencia

Voy a partir en el entendido de que los acontecimientos de la semana pasada deben ser catalogados como terrorismo, toda vez que cumplen al pie de la letra la definición de la palabra: Se trató de una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y orientados a presionar una agenda  o enviar un mensaje político, al intimidar aa los adversarios o a la población en general.

Chihuahua, Jalisco, Baja California y Guanajuato vivieron jornadas terroríficas de quemas, balaceras y bloqueos. En Ciudad Juárez una tienda de conveniencia fue incendiada con una bomba molotov, una pizzería fue baleada, cuatro establecimientos más fueron rafagueados; un camión fue quemado y los delincuentes lanzaron una cabeza humana. A lo largo de la semana, los ataques causaron la muerte de 11 personas, entre ellas un niño y cuatro empleados de una emisora de radio.

Desconozco las razones de este súbito acto sincronizado de violencia y he escuchado cuanta teoría e hipótesis extraña se le pueda ocurrir. Desestimo sólo las más descabelladas que, tristemente con este gobierno de caricatura, son las menos. Todas suenan minimamente plausibles.

En mi lectura, la que me suena más razonable es la que propone que Estados Unidos está usando cuanta herramienta dispone para apretar al Gobierno de México y que este dé resultados en el tema de seguridad. En respuesta a la presión, y débil por el lado comercial y el T-MEC, la actual administración hace de tripas corazón y medio le entra con algunos operativos tímidos a incomodar a los carteles… y aquellos truenan indignados, porque el acuerdo de abrazos-no-balazos que se pregonó no se está respetando.

Suena plausible porque nuestro vecino tiene elecciones intermedias en noviembre y con una economía débil, alta inflación y otra serie de problemas, los Demócratas necesitan una victoria que presumir, un capo qué desfilar frente a las cámaras. Suena posible porque fue exactamente eso lo que ocurrió en su momento con el Chapito en Sinaloa. Suena probable porque también en esta ocasión corren los rumores y versiones extra oficiales de que se detuvo a Ricardo Ruiz (el Doble Erre) y Gerardo Gonzalez (el Apá) en el operativo del día 11 en Jalisco, pero que al final se les dejó en libertad

Se trata ciertamente, de mera especulación. Lo que es un hecho es que el Estado, quien debiera poseer el monopolio del uso de la violencia, está absolutamente rebasado por un crimen organizado que se comunica y lo amedrenta con actos de terror. Durante el Informe de Seguridad en respuesta a los hechos violentos, Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa, afirmó que los delincuentes que incendiaron vehículos e inmuebles buscaron dar “la percepción de que falta seguridad”. Dos pesitos de vergüenza, General. No lo intentaron, lo consiguieron. Y el mensaje sonó fuerte y claro.

Peor aún el comunicado de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, intentando proyectar fuerz, insistiendo en que las fuerzas del orden estarían listas para defender a la población; pero casi rogándole al crímen organizado que le cobrara “las facturas” sólo a los que no se las paguen. Una alcaldesa, flanqueada por ejército, normalizando el cobro de piso y legitimando públicamente la extorsión por parte del crimen organizado. A ese nivel, las cosas.

El Presidente ha dicho en repetidas ocasiones que la violencia se dá únicamente cuando más de un grupo se pelea la plaza. Su tirada parece ser normalizar una suerte de “reparto” que deje satisfechos a los grupos delincuenciales en una suerte de “Pax Narca” Los dichos y actitudes tibios desde posiciones de autoridad del Estado Mexicano parecen reforzar esta visión. Pero los grupos con poder siempre están buscando maneras de ganar espacios a través de la violencia y el caos. 

Ojo al escenario en 2024. Lo que estamos viendo pueden ser llamadas a misa y ensayos. Viendo la actitud sumisa del aparato mexicano, me queda claro que habrá regiones muy puntuales de nuestro querido donde el crímen organizado no permitirá que haya elecciones libres. Hay que minimizar estas zonas, reclamar el tema de seguridad y estado de derecho como columna vertebral de cualquier propuesta política y hacérselos entender a los partidos  a través de las elecciones intermedias en 2023. No está fácil, pero se puede y urge hacerlo.

Guardia Militar Nacional

Puro atole con el dedo resultó el cuento de una Guardia Nacional civil. Lo supimos desde su concepción. Desde que para justificarla y sostenerla tuvieron que hablar de un “cuerpo civil con disciplina militar” o de un “cuerpo militar con mando civil” entre otras tantas frases huecas y contradictorias. 

Sin embargo en su momento nos quedamos tranquilos. Habían agregado un rengloncito al décimo párrafo del artículo 21 de nuestra Constitución: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.” y nos sentíamos seguros. Se nos hizo fácil dar por zanjado el asunto. 

Hicimos mal, no sólo porque por ese entonces debíamos ya estar advertidos de la tendencia del nuevo presidente a hacer caso omiso de la ley, si esta no conviene a sus intereses; sino porque nunca le dimos seguimiento al asunto. Hoy una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción nos revela que el 59% de los integrantes de la Guardia Nacional son militares que jamás dejaron de pertenecer (y de cobrar su sueldo) a la SEDENA. Que no ha pagado un quinto para el acondicionamiento de los 190 cuarteles. Todas sus instalaciones han sido pagadas y son propiedad de la SEDENA. Que del presupuesto de la Guardia Nacional jamás se ha ejercido un centavo para la adquisición de materiales, equipo o vehículos; todo lo ha pagado la SEDENA con recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar

Es la escenificación de una ficción. La intención nunca fue el establecimiento de una institución civil sólida o una herramienta contra el narcotráfico. La intención es fortalecer al ejército. Lo ha sido durante todo el sexenio con este y otros proyectos, como la construcción y operación del Tren Maya o del Aeropuerto Felipe Ángeles

Se le ha ido dando al ejército mayor influencia y responsabilidad en tareas que para nada le competen. La pregunta es ¿por qué?. ¿Qué interés, o qué miedo tiene el presidente que necesita el apoyo de los militares con tanta desesperación?

Hay quien opina que se trata de un estratagema 2024 para sostener con las armas lo que no será sostenible en las urnas. Lo creo posible, pero descabellado. Salvo la disensión interna, nada apunta a que el partido en el poder vaya a perder la grande y la oposición partidista  formal, aunque ladre mucho, está mordiendo poco. Hay maneras más sutiles y menos costosas de afianzar una sucesión en el corto plazo.

Presiento que es más bien un tema de efectivo y de manejo del mismo; así como (quizá) de algún acuerdo con el narcotráfico. SEDENA no se rige con las mismas reglas de transparencia exigibles al resto del gobierno federal, de ahí que quieran establecer que todo es materia de “seguridad nacional”. Por otro lado, no sería la primera vez que nos enteramos de un vínculo entre el Ejército Mexicano y el Crimen Organizado. Ahí está el caso del general Cienfuegos y las presurosas diligencias que hizo la actual administración para traerlo a México y liberarlo de toda acusación, luego de que los Estados Unidos lo detuviera. 

No, el enjuague que se traen con el ejército va más allá de un “seguro de vida” electoral, es algo más turbio que merece más atención de la que ha recibido hasta ahora. También merece atención la pregunta: si la Guardia Nacional desde un principio fue militar, pagada por militares a través de un esquema oculto a la ciudadanía que funcionaba relativamente bien... ¿Por qué la insistencia en sacarlo a la luz y transferirla formalmente a la SEDENA, incluso por encima de la ley? ¿Quién quiere o necesita el reconocimiento?

Estemos atentos, mexicanos. Es un tema de mucho más fondo del que le estamos dando crédito.

Se rompió la mística...

El presidente llegó al poder esgrimiendo la bandera democrática. Su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se acomodó en la narrativa como el David democrático, contra los Goliats oligarcas y marrulleros: El Goliat PRI, el Goliat PAN, el Goliat INE, el Goliat “Mafia-del-Poder”, el Goliat “Inserte-aquí-al-villano-en-turno”.

Morena alimentó esta narrativa con las mentiras mil veces desmentidas de los fraudes electorales del 2000 y el 2006. De tal suerte que cuando finalmente obtuvo el poder (más por demérito ajeno que por mérito propio), pudo presumirla como el justo triunfo de la voluntad popular; a la que finalmente se le había permitido expresarse. Esto, pese a que la elección que finalmente los llevó al poder fue esencialmente la misma en su proceso y organización, que las dos anteriores.

Una vez entronizado Andrés Manuel y el movimiento quisieron seguirse colgando de esa narrativa. Iniciativas como las consultas populares para la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el Tren Maya, el juicio a los Ex-Presidentes, no fueron sino maneras de continuar envolviéndose de esa mística de que, ahora sí, Morena había traído la democracia a México y era su principal promotor.

No importaba que la democracia en el país hubiera sido una victoria colectiva resultado de años de esfuerzos desde finales de los ochentas, cristalizada con el nacimiento del INE en 1990 y la primera Cámara de Diputados sin mayoría absoluta para el PRI en las elecciones federales de 1997. No importaba que esa misma democracia fuera la que les permitió llegar al poder. No importaba que algunas de las consultas no tuvieran nada que ver con las facultades gubernamentales que la Constitución les otorga (como decidir si se construía o no una planta cervecera de Constellation Brands en Baja California)

Lo que importaba era la mística, la imagen, el discurso…

Bueno, pues este fin de semana ese discurso de rompió definitivamente.

Morena llevó a cabo sus elecciones internas, en medio de disturbios e irregularidades. El partido que se presumía garante de la democracia se descubrió como el nido de ratas, chapulines y mercenarios políticos que siempre fue: una amalgama de intereses y ambiciones vagamente unidos con el pegamento de la popularidad del presidente.

Durante el sábado y domingo, militantes de Morena participaron en la realización de 300 asambleas distritales en todo el país, con el objetivo de iniciar con el proceso de renovación de los órganos de dirección de este partido político a nivel estatal y nacional. Los elegidos en este proceso tendrán un papel clave en la repartición de candidaturas para las elecciones del 2023 y 2024, por lo que no es cosa menor.

El saldo es lamentable, el partido de los  paladines democráticos se llenó de denuncias de toda índole: boletas falsas, robo y destrucción o quema de urnas y papelería electoral, embarazo de urnas, acarreos, compra del voto, conatos de violencia, intervención de funcionarios públicos o uso de recursos públicos, distribución de papeles para “orientar” el voto, exclusión de escrutadores responsables del cómputo para que no lo atestiguaran… en fin.

El golpe a la legitimidad de los resultados, pero sobre todo a la imagen del movimiento y del futuro candidato presidencial, no es menor. El presidente tuvo que salir a desmentir y minimizar en la mañanera, la Fiscalía General de la República tuvo que anunciar que aún mantenía las carpetas de investigación contra Peña Nieto (sin avanzarlas nuca) en fin, hubo que poner a trabajar la caja china.

Conociendo al grueso de la población mexicana, funcionará. El impacto real será mínimo. Por eso veo necesarias estas líneas, para que el cochinero no pase desapercibido, ni sea olvidado y nadie salga con el cuento barato del “no podía saberse”