Politizar la tragedia

El uso político de las tragedias en este país es, en sí mismo, una tragedia. El ejemplo más vigente de esto es el asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Independientemente de los detalles, fue un horror creado por personajes con poder, jugando con las vidas de connacionales como piezas de su tablerito de ajedrez. El responsable último de la muerte de los 43 normalistas no fue un capo criminal, un influyente político, o el líder de una agrupación política que tiene cooptadas nuestras escuelas normales; aunque todos ellos jugaron su parte y deben ser señalados y juzgados en lo que les toca. No, el responsable último fue la absoluta falta de estado de derecho y gobernabilidad institucional, así como la ley de Herodes, el mercado de favores, compromisos, chantajes y amenazas entre grupos políticos y actores con influencia que funcionan como su pobre sustituto. Un irregular andamiaje de poder blando que no le permite al país alcanzar las altas cotas de progreso y bienestar que todos deseamos.

En su lugar, el juego de poder continuó. El movimiento político recién constituido en partido (Morena), utilizó la tragedia como escaño y ariete para sus propios fines, convenciendo a buena parte de la población de que la responsabilidad única recaía en el Gobierno Federal, en su titular, el presidente Peña y en la opción política que él representaba. Consiguieron opacar y hacer olvidar el hecho de que por entonces ellos gobernaban Iguala a nivel municipal y Guerrero a nivel estatal. Sembraron la duda en toda investigación y rechazaron cualquier conclusión a la que estas llegaran. Literalmente no dejaron morir el tema y al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” le prestaron vida artificial para exprimirle cada gota de rédito político que pudieran. El esclarecimiento de los hechos fue uno de las promesas que los llevaron finalmente a la presidencia de la república. Y la conformación de la “Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa” no fue sino el siguiente paso lógico en esta narrativa.

Ahora están en el poder, ahora el tema les incomoda y necesitan darle muerte y sepultura. Ahora es también el momento de dar resultados, urgidos como están de victorias, aunque sean simbólicas, para ocultar los fracasos en tantas áreas del presente sexenio. Así pues, agitan nuevamente la bandera de Ayotzinapa para crédito político.

La versión de los hechos que presentó Alejandro Encinas y la que presentó Murillo Karam es esencialmente la misma y difiere en apenas detalles. Los estudiantes fueron entregados por policías municipales a cierto grupo grupo criminal bajo el conocimiento y amparo de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Siempre se supo que los normalistas estaban muertos. Siempre se supo que intentaron secuestrar camiones.

El sacrificado para hacernos creer que ahora sí fue en serio la investigación es Jesús Murillo Karam, quien entonces fuera Procurador General de la República. No eche campanas al vuelo aún, mi estimado lector. También en el caso de Rosario Robles Berlanga fue simbólico, para pretender que algo se hacía para perseguir “La Estafa Maestra”. La ex-Titular de la Secretaria de Desarrollo Social salió libre esta misma semana, después de tres años, sin que pudieran imputarle crimen alguno. Con Murillo Karam pasará igual. La única evidencia que tienen es una declaración del mismo Murillo, en una rueda de prensa, en la que dijo que "se hacía cargo" de la investigación. No, pos sí...

Se trata, como le digo, de mero uso político de las tragedias y escándalos del acontecer nacional. No hay interés en cambiar la dinámica, porque este irregular poder blando y la relativa impunidad con la que opera les queda muy cómodo a todos los actores. Si va a venir esta transición a un México de instituciones fuertes y estado de derecho, no vendrá desde arriba, tendrá que llegar desde las bases, desde el ciudadano. Ya va siendo hora.