Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña de 36 años y quien residía en México como refugiada, fue asesinada por policías de Tulum, Quintana Roo. En el video que se hizo viral el pasado 27 de marzo se la ve boca abajo, esposada y con la rodilla de una mujer policía en el cuello. La posterior necropsia concluyó que la causa de muerte fue “una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra”
Evidencia que posteriormente salió a la luz, como el video de seguridad del OXXO en donde fue arrestada, no demuestra que Victoria Esperanza haya cometido algún delito, o que su actitud y disposición fuera en absoluto violenta, peligrosa o impredecible. Aún así, la justificación de los oficiales fue que estaba “alterando el orden” ¿Por qué exactamente, fue arrestada, sometida y asesinada?
Por varias razones, quizá la principal de ellas el que no tenemos, desde hace años, cuerpos policiales confiables, bien entrenados y capacitados en casi ningún nivel de la estructura de seguridad pública. No digamos ya en temas de protocolos de actuación en situaciones de crisis y respeto a los derechos humanos, sino en los procesos más elementales de su trabajo diario. Una encuesta realizada a las corporaciones estatales en 2019 por la organización Causa en Común reveló que el 65% de los policías no contaban con capacitación respecto a las audiencias que se realizan ante un juez, el 52% aseguró que no se le instruyó para dar primeros auxilios y el 45% no recibió un aprendizaje para recibir denuncias, 29% no recibió ningún curso de perspectiva de género y el 19% apuntó que no tuvo adiestramiento en el uso de la fuerza y sobre la detención de una persona.
Los estados y las corporaciones policiacas buscan cuerpos, cifras que poder presumir, pero una vez que reúnen los números, no se preocupan por darles el seguimiento ni armar verdaderamente un equipo que tenga las herramientas para que haga cumplir la ley y proteja al ciudadano. No hay un plan de carrera ni una progresión nacional dentro del cuerpo. Por no mencionar las carencias materiales y presupuestales a las que deben hacer frente. En resumen las corporaciones policiacas están abandonadas a su suerte.
Otra de las razones, aunque duela reconocerlo, puede haber sido la discriminación y racismo sistémico intrínseco del país, vulgarmente conocido como “colorímetro”. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017) hizo público que el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró haber sufrido discriminación de algún tipo durante el último año, el 56% de estos, señaló que fue por su apariencia y tono de piel. La encuesta también ofrece reveladores datos sobre lo que los mexicanos consideramos “comportamiento aceptable” para los nacidos en el extranjero. La idea de que el maltrato y posterior asesinato de Victoria Esperanza haya sido motivado por ser mujer, salvadoreña o por su tono de piel no puede ni debe descartarse a la ligera.
Finalmente, porque no hay consecuencias para los culpables. No es la primera vez que se ha reportado abuso policial por parte de ese estado. En noviembre elementos de la Policía municipal de Benito Juárez, (también en Quintana Roo), realizaron disparos para dispersar una manifestación en el palacio municipal para exigir el esclarecimiento del feminicidio de Bianca Alexis. En Febrero la policía de Tulum, detuvo a una pareja homosexual (y extranjera) bajo la premisa de que “no podían besarse en público porque había niños presentes” (no hay nada en el código penal al respecto que justifique el levantón)
Hace poco menos de un año comenzaban las protestas masivas de Black Lives Matter por el asesinato de George Floyd. A pesar de transformarse en un hito importantísimo del 2020 y de nuestra cercanía con los Estados Unidos, los eventos invitaron poco a la reflexión de este lado del Rio Bravo. Quizá abrir los ojos a las tragedias y al abuso que ocurre con frecuencia en nuestro territorio finalmente nos empuje a la reflexión y, más importante, a la acción.
