#YoDefiendoalINE

Lo diremos las veces que hagan falta: El INE es la plataforma, el firme sobre el que se sostiene la democracia en México. Y, dada la falta de condiciones democráticas y cultura ciudadana entre el grueso de la población mexicana, es el único parapeto que tenemos para defender tan importante institución: un gobierno que emane (y le rinda cuentas) a la ciudadanía. Por ello, la reforma electoral propuesta por el presidente resulta inaceptable y debe rechazársele con toda la energía que podamos convocar.

La iniciativa roba al Instituto de su indispensable autonomía, pues los Consejeros Electorales primero le deberían la nominación a alguien al interior del gobierno, y luego al ligar su posición a una elección popular, a una campaña y a compromisos adquiridos en la misma buscando apoyo. La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho hace una declaración contundente, señalando que se debe priorizar la imparcialidad y competencia profesional de los miembros de estos órganos electorales. Someterlo al voto ciudadano compromete ambos puntos, al no estar basada en “criterios profesionales” ni ofrecer “una representación equilibrada a todas las fuerzas políticas”. Doblemente grave el caso cuando se pretende utilizar el mismo fallido método para integrar a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

La propuesta también juega con los medios y la información, ampliando los tiempos en radio y televisión para los partidos y candidatos durante las campañas y relajando las reglas para difundir propaganda gubernamental. Efectivamente, el partido en el poder tendría de su lado muchas más oportunidades de hacer campaña desde el gobierno. Y la saturación de mensajes y spots contribuirían a reducir aún más la calidad del debate y las propuestas presentadas, reduciéndolas a un trajín hueco y estridente.

La reducción en el número de diputados locales y la eliminación de los organismos públicos locales, da cuenta del desinterés (cuando no desprecio) que tiene la actual administración por todo lo que no esté centralizado o se pueda decidir (léase, controlar) desde la capital. En el mismo sentido va la decisión de eliminar a “los Pluris”. No es que quieran ahorrarselos, es que quieren asegurarse de que el partido en el poder, permanezca en el poder. Hoy tenemos 5 listas regionales de representación proporcional, con 40 lugares cada una; en el nuevo esquema habría 32 listas; una por estado, pero algunas muy pequeñas, con muy pocos escaños en donde solo entrarían partidos grandes.

Del voto electrónico ni hablamos. Seguimos siendo el mismo país al que en el 88 se le cayó el sistema, que se sigue quedando sin suministro eléctrico de buenas a primeras y al que, muy recientemente, le hackearon los servidores de sus fuerzas armadas. Tampoco por ese lado hay garantía alguna, mucho menos con la presente administración.

Vivimos en un país en el que, mal que bien, podemos incidir en las decisiones que se toman desde el gobierno; podemos presionar a nuestras autoridades federales, pero sobre todo a las locales, para que nos tomen en cuenta. La reforma del presidente nos roba de la más cercana de esas opciones (las legislaturas locales) y amenaza también con hacer irrelevante el ejercicio ciudadano de ir a depositar nuestra voluntad en la urna, a través de una boleta.

Lo dicho, una y otra vez, al INE debe defendérsele a capa y espada. Usted ¿ya presionó a su diputado y a sus senadores? ¿ya le hizo saber su voluntad y en qué sentido debe ir su voto?

Robo legal

Mucho me temo que se está cocinando una crísis fiscal de espantosas dimensiones. Por más que nos repiten desde Palacio Nacional que se está ejerciendo el presupuesto con responsabilidad y disciplina; y que la austeridad republicana hace maravillas, sus acciones dan indicios de un panorama muy distinto: Están desesperados, tratando de sacar dinero hasta exprimiendo las piedras porque ya se acabaron todo.

Hoy en la Cámara de Diputados se aprobaron, con 366 votos en favor y 102 en contra, reformas fast track al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. El nuevo texto —iniciativa del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco— establece que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano para financiar labores de seguridad. Tan desesperados están por conseguir dinero que legislaron una manera de robar. 

Y si el concepto mismo de la ley es detestable —una reforma para hacerse de recursos sobre los que el Estado no tiene derecho alguno— es también mucho más impráctica de lo que el diputado Mier Velazco quiere hacernos creer. Se huele la desesperación en sus argumentos.

Asegura el diputado que pueden ser 10,000 millones de pesos disponibles “de inmediato”, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estiman que podrían ser más de 75 mil millones. Para enterarnos de cuántas cuentas realmente están en ese supuesto (seis años sin movimientos) y a cuánto ascendería el monto, es necesario contravenir el secreto bancario y la confidencialidad que los clientes de las instituciones financieras en este país esperan como parte del servicio contratado. Se desprende entonces que ni siquiera saben de cuánta lana estamos hablando o de si sería siquiera suficiente para hacer la diferencia en materia de seguridad. 

Segunda dificultad en establecer el monto a robar: ¿Y si se trata de una señora de la tercera edad que no puede ir a una sucursal?  ¿Una cuenta que está en litigio por herencia desde hace diez años? El diputado Mier parece muy seguro de que “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”. Ajá, y seguro esas cuentas están “abandonadas” ¿Verdad? Porque un negocio que en tres años genera el equivalente al 40% del PIB del País seguro tiene sus cuentas bancarias silenciosas como una tumba.

Entonces resulta que no hay un estudio real, un presupuesto firme del impacto de robarle a miles de mexicanos sus ahorros y el efecto positivo que se supone que tendría, porque no es lo que quieren. Lo que quieren es… lo que haya, la lana en efectivo y sin ningún tipo de control o etiqueta.

Porque esa es la otra. Conociendo a este Gobierno, no hay garantía alguna de que el dinero se vaya a usar para lo que la ley establece que se use, ni mecanismo para asegurar que no se vuelva una excelente manera de “redireccionar” recursos y justificar partidas para campañas, sobornos y corruptelas.

Y los detalles de la aprobación son igual de macabros. Reservas importantes fueron rechazadas o ignoradas. Como las de la diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, pero de última hora se decidió dar la mayor parte (50%) a la Federación, que no estaba originalmente contemplada. El diputado Román Cifuentes pidió que los recursos se destinen y administren por el Secretariado de Seguridad y no por la Secretaría de la Defensa Nacional (que controla a la Guardia Nacional). Y Blanca Estela Romo, solicitó considerar como casos especiales los de cuentas bancarias de personas desaparecidas y que por esa razón no fueron reclamados, casos en los que de debería dar esa posibilidad a sus familias.

Nada se admitió en la discusión. 

¿Entiende ahora por qué mi preocupación? ¿Por qué no me creo el discurso de la pobreza franciscana?

Lavarse las manos

Llevamos cuatro años de un gobierno que sistemáticamente ha aprovechado cada oportunidad y pretexto que tiene para implementar medidas y controles que resulten en la acumulación de poder, el aislamiento comercial y diplomático del país y el empobrecimiento económico de todos sus habitantes. Baste el botón de muestra de la pandemia y la infame declaración de que ésta había llegado “como anillo al dedo”, para llevar a cabo el plan de gobierno de la presente administración.

No es diferente ahora, que se cierne sobre la economía global una crisis multifactorial de inflación que amenaza con pulverizar los ahorros de millones de personas y dinamitar la capacidad adquisitiva de los (de por si precarios) salarios. En respuesta a una tasa inflacionaria que no habíamos visto en México desde hace treinta años, el régimen presentó el lunes el “Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía”, un remedo de parche de dudosa efectividad pero letales consecuencias. Vamos por partes.

Como la mayor parte de la presión inflacionaria proviene de los alimentos, el plan maestro se enfoca en ello. Además de fijar precios a doce productos de la canasta básica, propone extenderle a las empresas participantes del acuerdo una “licencia única universal” para que queden exentas de trámites y permisos, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del impuesto general de importación. Se confiaría en el empresario firmante para que las mercancías así comerciadas cumplan con las normas sanitarias, de calidad e inocuidad… aunque ya no haya quien lo regule.

No sólo la medida viola el piso parejo y de libre competencia, porque limita el “beneficio” sólo a las empresas alineadas al plan, dejando a las demás aún sujetas a un montón de reglas, trámites y condiciones. También pone en un riesgo potencial la salud de los mexicanos y la calidad de lo consumido, potencialmente permitiéndole la entrada al país y la circulación en los supermercados de producto caduco, carne insuficientemente congelada, vegetales con plagas o químicos. La falta de inspecciones fitozoosanitarias en los productos de importación supone también la posibilidad de que entrara un agente contaminante a nuestros ecosistemas y cultivos.

Otra consecuencia inmediata y lógica de la medida: Nuestros socios comerciales, con los que tenemos acuerdos de libre comercio y tránsito de mercancía, cuentan con que México realice estas revisiones y trámites para tener cierta seguridad de lo que circula en sus propios países. Si México deja de ofrecer esas garantías, les atendería la razón si quisieran cerrar sus propias fronteras. ¿Y qué haríamos entonces, si nuestro principal mercado de exportación decide que ya no quiere nuestros productos alimenticios?

Y en la otra cara de la moneda, en afán de combatir la falta de alimentos el Acuerdo también cancela la exportación (cosa que no se puede hacer, si tienes un Tratado de Libre Comercio vigente) de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos.

Imaginemos entonces al productor local de frijol, que sabe que en el país hay escasez. El Acuerdo le impide subir el precio local, pese a las presiones inflacionarias, pero tampoco puede exportarlo. ¿Si no puede venderlo al precio que espera y/o necesita, qué procede? ¿Que se pudra la producción? ¿O simplemente no siembra, empaca sus cosas y se va? En cualquier caso, la carestía permanece, la presión sobre los precios para conseguir lo poco que hay permanece o empeora… ¿Dónde quedó el esperado efecto “contra la Inflación y la Carestía”?

O no. A lo mejor resulta que podemos importar alimento de paupérrima calidad y dudoso valor nutricional, corriendo el riesgo de una o dos enfermedades de potencial pandémico en el proceso. Los productores locales pierden incapaces de competir, la economía nacional se empobrece y nuestros socios comerciales nos aíslan.

Facilitar los trámites para la exportación y comercio no es en principio una mala idea, pero ¿No era mucho más viable extender y fortalecer a la Secretaria de Agricultura, Senasica y Cofepris, para agilizar los ingresos de mercancía que simplemente tirar la toalla, dar la batalla por perdida y atenerse a la buena voluntad del empresario? ¿Por qué será que, a la primera dificultad, este gobierno insiste en soltar la responsabilidad que le toca y lavarse las manos?