Lavarse las manos

Llevamos cuatro años de un gobierno que sistemáticamente ha aprovechado cada oportunidad y pretexto que tiene para implementar medidas y controles que resulten en la acumulación de poder, el aislamiento comercial y diplomático del país y el empobrecimiento económico de todos sus habitantes. Baste el botón de muestra de la pandemia y la infame declaración de que ésta había llegado “como anillo al dedo”, para llevar a cabo el plan de gobierno de la presente administración.

No es diferente ahora, que se cierne sobre la economía global una crisis multifactorial de inflación que amenaza con pulverizar los ahorros de millones de personas y dinamitar la capacidad adquisitiva de los (de por si precarios) salarios. En respuesta a una tasa inflacionaria que no habíamos visto en México desde hace treinta años, el régimen presentó el lunes el “Acuerdo de Apertura contra Inflación y Carestía”, un remedo de parche de dudosa efectividad pero letales consecuencias. Vamos por partes.

Como la mayor parte de la presión inflacionaria proviene de los alimentos, el plan maestro se enfoca en ello. Además de fijar precios a doce productos de la canasta básica, propone extenderle a las empresas participantes del acuerdo una “licencia única universal” para que queden exentas de trámites y permisos, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como del impuesto general de importación. Se confiaría en el empresario firmante para que las mercancías así comerciadas cumplan con las normas sanitarias, de calidad e inocuidad… aunque ya no haya quien lo regule.

No sólo la medida viola el piso parejo y de libre competencia, porque limita el “beneficio” sólo a las empresas alineadas al plan, dejando a las demás aún sujetas a un montón de reglas, trámites y condiciones. También pone en un riesgo potencial la salud de los mexicanos y la calidad de lo consumido, potencialmente permitiéndole la entrada al país y la circulación en los supermercados de producto caduco, carne insuficientemente congelada, vegetales con plagas o químicos. La falta de inspecciones fitozoosanitarias en los productos de importación supone también la posibilidad de que entrara un agente contaminante a nuestros ecosistemas y cultivos.

Otra consecuencia inmediata y lógica de la medida: Nuestros socios comerciales, con los que tenemos acuerdos de libre comercio y tránsito de mercancía, cuentan con que México realice estas revisiones y trámites para tener cierta seguridad de lo que circula en sus propios países. Si México deja de ofrecer esas garantías, les atendería la razón si quisieran cerrar sus propias fronteras. ¿Y qué haríamos entonces, si nuestro principal mercado de exportación decide que ya no quiere nuestros productos alimenticios?

Y en la otra cara de la moneda, en afán de combatir la falta de alimentos el Acuerdo también cancela la exportación (cosa que no se puede hacer, si tienes un Tratado de Libre Comercio vigente) de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizada en el envase de alimentos.

Imaginemos entonces al productor local de frijol, que sabe que en el país hay escasez. El Acuerdo le impide subir el precio local, pese a las presiones inflacionarias, pero tampoco puede exportarlo. ¿Si no puede venderlo al precio que espera y/o necesita, qué procede? ¿Que se pudra la producción? ¿O simplemente no siembra, empaca sus cosas y se va? En cualquier caso, la carestía permanece, la presión sobre los precios para conseguir lo poco que hay permanece o empeora… ¿Dónde quedó el esperado efecto “contra la Inflación y la Carestía”?

O no. A lo mejor resulta que podemos importar alimento de paupérrima calidad y dudoso valor nutricional, corriendo el riesgo de una o dos enfermedades de potencial pandémico en el proceso. Los productores locales pierden incapaces de competir, la economía nacional se empobrece y nuestros socios comerciales nos aíslan.

Facilitar los trámites para la exportación y comercio no es en principio una mala idea, pero ¿No era mucho más viable extender y fortalecer a la Secretaria de Agricultura, Senasica y Cofepris, para agilizar los ingresos de mercancía que simplemente tirar la toalla, dar la batalla por perdida y atenerse a la buena voluntad del empresario? ¿Por qué será que, a la primera dificultad, este gobierno insiste en soltar la responsabilidad que le toca y lavarse las manos?