¿Defendemos a los narcotraficantes?

Cada semana se engrosa el expediente de evidencia que respalda lo que esta columna ha venido advirtiendo: el ejército mexicano es ya una fuerza política de consideración en este país. Ayotzinapa, tragedia en la que las fuerzas castrenses están irremediablemente involucradas, es el origen del nuevo botón de muestra.

Resulta que después de un mes de presiones y choques con Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República y personaje impresentable del régimen, renunció a su cargo el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. El fiscal dirigía las pesquisas desde junio de 2019 y parecía contar con la confianza de las familias de los 43 y de sus abogados. Pero, como le comenté desde agosto, al gobierno le urgía dar carpetazo al asunto y anotarse una victoria política, sacar tajada de la tragedia. 

Alejandro Gertz Manero habria exigido a Gómez Trejo que apurara el caso contra Jesús Murillo Karam, el chivo expiatorio elegido para el sacrificio político. Aunque Murillo Karam ya era un objetivo de la Unidad Especial de Investigación y Litigio que dirije Gómez Trejo, la investigación no estaba lista, ni la carpeta lo suficientemente sólida. Se les iba a escapar la presa, así se lo explicó Gómez Trejo a Gertz, pidiéndole tiempo adicional. El Fiscal General de la República no oyó razones, o priorizó el impacto político de la maniobra por encima de la procuración de justicia. Apartó a la Unidad Especial del proceso, detuvo a Murillo Karam el 19 de agosto y puso el caso en manos de Asuntos Internos.

Asuntos Internos hizo un trabajo infame con el expediente, al punto que el el juez les jaló las orejas a los fiscales en varias ocasiones porque no parecían siquiera estar enterados del contenido de sus propias carpetas y expedientes. Vaya, hasta qué punto habrá sido descuidado el jucio que ayer, una jueza otorgó la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de Jesús Murillo Karam por los delitos que se le imputan. Absoluto desastre.

Con ese antecedente y la piedra en el zapato de que estaban interfiriendo en sus investigaciones, Omar Gómez Trejo continuó trabajando… hasta el 15 de septiembre, fecha en que se enteró que el juez Segundo de Distrito, Enrique Beltrán Santes, canceló 21 órdenes de aprehension que ya estaban liberadas desde el 19 de agosto a solicitud expresa, así es, del agente de la Fiscalía General de la República en el juzgado. La cancelación de las órdenes beneficia a 16 militares y cinco servidores públicos del estado de Guerrero en funciones en septiembre de 2014.

Entonces y en resumen: en un caso que deja en evidencía los nexos entre el ejército mexicano y grupos criminales dedicados al narcotráfico, que ha levantado ámpula entre la sociedad y sido una espina en el costado de dos gobiernos distintos (Peña y AMLO), la Fiscalía General de la República no sólo no procura justicia, sino que la entorpece y protege a los militares. En palabras de Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete, parecía que había “un mínimo avance con este gobierno”, pero éste se vino atrás cuando parecía que iban a tocar al Ejército mexicano.

¿Por qué? ¿Qué está en juego? ¿Qué se le debe al ejército que además de colmarlo de regalos y negocios, se le deba proteger. ¿Por qué no se permite que se aplique la ley sobre sus elementos? ¿Es posible que la institución pudiera estar tocada, comprometida de manera extraña con el crimen organizado?

Explicación no pedida, acusación manifesta, dicen. ¿A cuenta de qué fue necesario que saliera el Presidente de México, desde la primera tribuna del país, a defender al General Cienfuegos y llamar “basura” los expedientes que armó la DEA en su contra? Visto todo lo visto ¿Se hace evidente por qué la DEA desconfiaba del ejército y prefería trabajar con la Marina, en quien si confiaba?

Urge una purga y una limpieza a fondo en las fuerzas castrenses, mexicanos. Urge como para antes del año electoral en donde, sospecho con zozobra, pudieran ser factor.