Penas, Justicia y Feminismo

Da mucho de qué pensar el hecho de que la oposición más organizada y el enemigo más férreo de la actual administración estén resultando ser las mujeres, enfurecidas con razón (así como deberíamos estar todos) por la situación de inseguridad en general y de violencia contra la mujer en particular.

El gobierno del presidente López ya no halla dónde meterse y capotea el temporal lo mejor que puede con sus tradicionales evasivas, decálogos de buenos deseos y designación de culpables; pero luego se autosabotea (o se descara, según se vea) al tratar a una reportera de “corazón” mientras esta le reclama acciones concretas.

Era urgente un pararrayos, una figura o propuesta que pudiera desviar la atención y cambiar el ciclo noticioso que, por la incesante actividad política de las feministas, ha puesto sus demandas al frente y al centro.

Así pues el Partido Verde, con una larga tradición de ser rémora y comparsa del poder desde que se formó, pagó esta semana las dádivas que Morena le ha dispensado al recoger del basurero y reciclar su propuesta de la pena de muerte; que antaño se enfocaba en asesinos y secuestradores y hoy quieren aplicarle a los feminicidas.

Sin entrar en discusiones sobre los pros y los contras de aplicar la pena máxima en nuestro país (Para el registro, yo estoy en contra) la propuesta demuestra que no entienden exactamente la raíz del problema y es esta: No hay justicia ni estado de derecho en este país. Al criminal le da exactamente lo mismo que la pena sea de diez, veinte, cincuenta años, toda una vida o una muerte expedita, porque sabe que no lo van a agarrar. Porque sabe que el 99% de los delitos en este país quedan impunes. 

Jugar a la ruleta rusa da risa cuando sólo hay una bala en un tambor con cien recámaras.

Así que no, mientras no se proponga y se construyan instituciones profesionales, con candados y contrapesos que garanticen su independencia y operación libre de corruptelas en la persecución de criminales y la impartición de justicia; mientras no se proponga y se construya un modelo que trabaje a profundidad en la educación de principios básicos de convivencia y respeto entre la población, y mientras no se combatan las causas reales de la desintegración social que impulsa a la gente a delinquir, a través de desarrollo económico, progreso y bienestar; mientras no se haga todo eso, hablar de penas más severas es una fabulosa manera de perder el tiempo.

El problema es que implementar todo lo que realmente se necesita implica, ahora sí, perder privilegios y margen de maniobra para, por ejemplo, dejar ir al hijo del Chapo. De parte de la clase gobernante, jamás llegará una propuesta del calado y la dirección necesarias (aunque hayan sido promesas de campaña, ¿verdad, Sr. Presidente?). Tendrán que venir de la ciudadanía y si las feministas se enfocan y lo consiguen, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, le habrán hecho un enorme regalo a México. 

Así que incluso si no eres feminista, o no concuerdas por completo con sus métodos, o con sus iniciativas. Plantéate que un sistema judicial que valga la pena y haga su trabajo y nos beneficia a todos, sin importar quién lo construya.

Fátima

Me costó trabajo empezar a escribir esta columna. 

Tenía un tema y tenía un ángulo, pero por alguna razón las palabras se negaban a acomodarse. Había que batallar con cada frase y cuando la concluía y las miraba me parecían un feo remedo de lo que había intentado. Fierros viejos que se han doblado, martillado y soldado por la fuerza para formar algo medianamente funcional, pero absolutamente horrendo, falso, grotesco.

Me obligué a reevaluar mi aproximación. A hacer tarea de autoconciencia y a descubrir qué era lo que en mi interior no estaba funcionando. Descubrí preocupado que la pieza sobre Fátima que debía escribirse desde el dolor, desde el shock y la tristeza no estaba encontrando punto de apoyo, porque yo no sentía nada de eso. No realmente.

Me alejé del teclado. Un poquito sorprendido, un poquito asqueado.

En México la violencia y la muerte han sido compañeras constantes desde hace ya varios años; ciertamente más de una década. Es cosa de todos los días encender la televisión, visitar el portal de internet, o sintonizar la radio para escuchar noticias de narcomensajes, descuartizados, embolsados, desaparecidos… Sin ir más lejos, en septiembre de 2018 nos enteramos que aquí en Jalisco un tráiler con 157 cadáveres se había paseado por al menos tres municipios. Una caja refrigerada de la Fiscalía del Estado estacionada donde fuera y que resguardaba los cuerpos de personas sin identificar y que no cabían en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

Con este bombardeo de noticias, la reacción natural es endurecerse, dejar de sentir por el otro; cerrarse a la tragedia ajena para poder vivir el drama propio. En ese contexto ¿Por qué me sorprendía que no pudiera hablar de Fátima con dolor, shock o tristeza? 

Cuando supe de Fátima la sumé a la lista de casos de terror que suceden en este país, a la estadística. No fue sino hasta que comenzó a ganar tracción el lunes en redes sociales que empecé a rumiar dedicarle este espacio semanal. 

Y originalmente la pieza estaba pensada para ser un ataque a la indolencia presidencial. A la persona que desde Palacio Presidencial y cuando le presionan por acciones concretas para evitar tragedias como esta suelta un decálogo improvisado, les pide a las feministas que “no le pinten los muros y las puertas”, o las acusa de ser “enviadas de grupos de poder para afectarlo”

Pero al momento de escribir me quedé pensando. ¿Y no es el monigote que despacha en Palacio un reflejo de todos nosotros, que lo pusimos ahí? ¿No es su indiferencia un espejo de la nuestra? 

Sientan, mexicanos. Esa es la tarea. 

Para resolver las graves problemáticas del país tenemos que entenderlas. Y durante años los estudiosos de las Ciencias Sociales han pugnado por una aproximación fría y distanciada. Pero el ciudadano no puede darse esos lujos. 

Para sentir esa presión por hallar soluciones cada día perdido nos tiene que doler, y para encontrar a alguien sensible, activo y propositivo a quien cruzarle la banda presidencial en el pecho tenemos que hacerlo brotar de entre nosotros, personas con esas características. Si con la tragedia de Fátima recuperamos eso, mexicanos, no encontraremos mejor manera de honrarla. 

El Circo Mañanero

La mañanera siempre ha sido un circo. Un acto de prestidigitación hábilmente orquestado para dominar y controlar los temas que están al frente y al centro en el debate nacional. Sin embargo, conforme la realidad los alcanza y es cada vez más dificil de ocultar (la violencia, los problemas en el sector salud, el estancamiento económico) el acto ha tenido que ir cambiando y adaptándose, haciéndose cada vez más exagerado, más grotesco, más burdo. Para muestra, sirva lo que pasó el lunes.

El lunes, durante la mañanera y frente a las cámaras, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), entregó un cheque por dos mil millones de pesos supuestamente recuperados de una investigación de combate a la corrupción.

Hasta ahí, varias preguntas y problemas. Para empezar: ¿de qué caso se trata? Una única investigación que resulta en la recuperación de dos mil millones de pesos no es cosa menor ¿quiénes son los implicados?. Segundo ¿cómo exactamente se “recuperó” este dinero?. ¿Se trata del dinero de un soborno que algún influyente ofreció a cambio de algún acuerdo con la autoridad? ¿Se trata de desvío de recursos públicos a una cuenta bancaria privada o de un partido político? Porque si es el segundo caso, ese dinero estaba etiquetado en el presupuesto y debe ser aplicado como estaba previsto, no reingresado a la mala a las arcas del “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado” ¿Cuáles son las particularidades del caso?

Pues resulta que no lo sabremos. El titular de la Fiscalía lo único que precisó es que no podía revelar información porque el caso apenas se va a consignar a tribunales y que el respeto al debido proceso no se los permite. ¡Esperen! ¿Entonces se está disponiendo de los bienes de un caso que ni siquiera es materia juzgada? ¿Y eso no es atentar contra el debido proceso? ¿Y si resulta que la persona o personas implicadas eran inocentes? ¿O que su pequeño acto circense efectivamente atentó contra el debido proceso y termina saliendo libre?

Luego están las declaraciones del mismo presidente, que vinieron a enturbiar todo el asunto aún más: "Ya nos sirve si son 2 mil millones de pesos para pagar los premios del avión presidencial. Y lo que obtengamos de la venta de los cachitos, de los boletos de la lotería, pues nos va alcanzar sin ningún problema para destinar 2 mil 500 millones de pesos de equipo médico”. 

Entonces, ¿van a guardar la lana hasta septiembre? ¿Qué hay de las apremiantes necesidades en materia de salud y el desabasto de medicamentos? Si tenemos dos mil millones de pesos hoy para atender esa demanda, ¿por qué esperar a que se vendan los mentados cachitos? Y por otro lado ¿la venta de “cachitos” no debería cubrir por lo menos los premios? ¿No era la idea terminar de pagar el avión presidencial con ese dinero?

Señor, señora que me leen. Si ustedes creen que un fiscal (cuya única responsabilidad legal es detener, reunir evidencia y llevar a juicio a delincuentes) le puede entregar al presidente, en mano, un cheque de 2 mil millones de pesos; que el dinero o el cheque es de verdad, que realmente vienen de decomisos y acciones judiciales; que Hacienda puede legalmente mirar todo esto como quien no tiene vela en ese entierro y que el presidente puede utilizar el dinero para lo que él quiera.... Si usted cree todo esto, entonces la ignorancia va ganando de manera avasallante y la mañanera esta cumpliendo cabalmente su función.

Oportunidad de Oro

“Primero los pobres” fue uno de tantos slogans y promesas con los que la campaña del hoy presidente ganó tracción y eventualmente las elecciones. El pasado 24 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso en bandeja de plata una oportunidad para que la actual administración respaldara esa consigna en los hechos y no únicamente en el discurso.

¿Qué decidieron los Ministros Fernando Franco, Yasmín Esquivel, Javyer Laynez y Pérez Dayán? Básicamente, pasaron una jurisprudencia (esto es, una indicación a los juzgados inferiores) que señala que las pensiones de las personas que empezaron a cotizar con la Ley del Seguro Social de 1973, pueden toparse a 10 Salarios Mínimos, porque así lo disponía el Art. 33 de dicha ley. Es decir, están poniendo por encima de la ley actual un artículo derogado en 1997.

¿Esto qué significa? Que si un trabajador comenzó a cotizar antes de junio de 1997 y él (y su patrón) siguen pagando y cotizando al IMSS con un tope de 25 salarios mínimos como sanciona la ley vigente, el Instituto puede pagarle la pensión tomando como base únicamente 10 salarios mínimos. ¿Y los otros quince? En el mejor de los casos se los ahorran, en el peor, vénganos tu reino.

En ocasiones anteriores (porque sí, esto pasó en juicios previos en 2010 y 2016 en los que se dictaron sentencias, así es como llegamos a esta jurisprudencia) el Instituto fue rápido en aclarar que no iba a limitar ni a reducir las pensiones y que la sentencias sólo aplicaban al quejoso. Daniel Karam y Mikel Arriola (Directores Generales del IMSS en 2010 y 2016, respectivamente) lo hicieron en una rueda de prensa y a través de boletines. No hubo mayor tema. Insistimos, eran sentencias.

En esta ocasión es una jurisprudencia, una indicación que de momento sólo tiene efectos al interior del Poder Judicial. La jurisprudencia no obliga al Instituto (un organismo independiente) a empezar a pagar las pensiones con 10 SM, pero ciertamente le permite empezar a hacerlo con la certeza de que la justicia fallará a su favor en cualquier demanda que los afectados puedan interponer para reclamar lo suyo.

Y aunque el funcionario Zoé Robledo hizo exactamente lo mismo que sus antecesores en la mañanera de ayer martes y salió a asegurarnos que no sucedería nada con las pensiones, la diferencia entre una sentencia y una jurisprudencia es esencial. Ya no es una aplicación específica, es una interpretación general de la ley. Y es evidente que el Instituto ha venido defendiendo ante los tribunales la aplicación del tope de 10 SM en el cálculos de las pensiones para los asegurados del régimen de transición para asegurar esa jurisprudencia.

El tema no es nuevo ni exclusivo de la presente administración, se viene arrastrando la problemática del tremendo pasivo que son las pensiones en este país desde hace al menos un par de sexenios. No deja de ser, sin embargo, una oportunidad de oro para que el gobierno morenista ponga algo en firme en donde no ha construido sino muros de saliva. Primero los pobres... y sus pensiones.