¿Mas federalismo?

Stephen Hawking, brillante y mundialmente famoso astro-físico, respondió alguna vez con ironía que si era cierto que el gobierno estaba encubriendo información sobre extraterrestres, estaba haciendo un mejor trabajo con ello que con cualquier otra cosa.

Y es que después de la muerte y el pago de impuestos, que la burocracia yerre y el gobierno eche a perder algo ocupa la tercera posición en la lista de cosas seguras en esta vida.

Hablo concretamente del Seguro Popular, que hasta hace unos días daba servicio a unas 775 mil personas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Todos estos beneficiarios de un día para otro se quedaron sin la atención gratuita que se supuestamente deben recibir. ¿Por qué? Nadie lo tiene muy claro.

Lo que se sabe es que hay dos partes en conflicto: por un lado los Municipios, por otro lado los responsables federales de la administración del programa de salud. Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque alegan que se les debe alrededor de 448 millones de pesos entre los cuatro, como compensación por los servicios que han prestado a través de sus diferentes unidades de salud afiliadas al programa.

El Seguro Popular, sin embargo, tiene otra versión. Sostiene que dichas unidades de salud perdieron la acreditación de Instalaciones de Calidad, luego de las reformas a la Ley de Salud de 2014, de las que se dio aviso oportuno a las cabeceras municipales.

¿Quién tiene la razón? Imposible saberlo. A mi parecer, ninguno. Creo que el conflicto es esencialmente un juego de "vencidas" a ver quién cede primero a las exigencias del otro. Me parece curioso, por ejemplo, que Tonalá (el único municipio gobernado por el PRI en la ZMG), no tenga este inconveniente y esté operando con normalidad; mientras que el resto de las cabeceras municipales están peleando por recursos federales. Me parece una curiosa coincidencia también que el punto en conflicto sea una iniciativa esencialmente panista: el Seguro Popular.

Bien puede ser que los municipios estén intentando jalar agua (y recursos federales) a su molino; también puede tratarse de un traspié del gobierno federal a los gobiernos de la oposición. En ambos casos se está usando a la ciudadanía (y la presión que esta pueda ejercer para que se restablezca el servicio) como herramienta de negociación. La salud de los derechohabientes, créame, está muy lejos de ser la prioridad de estos dos grupos; por más que así lo expongan en sus bonitos discursos.

La separación del gobierno en tres niveles evita que se acapare y centralice el poder, acerca a los gobernantes a las bases y permite que los problemas locales sean atendidos por personas cercanas al problema. Sin embargo, también fomenta la duplicidad de funciones, genera más burocracia, más gasto y a veces genera este tipo de conflictos en donde todos pierden; el ciudadano de a pie el primero.

En general, mientras menos centralizado está un gobierno y la toma de decisiones, mejor. Así que quizá convendría replantearnos el modelo, pugnar por que las alcaldías no dependan tanto de los ingresos federales y darles herramientas para que trabajen eficientemente, reduciendo al mismo tiempo la injerencia del gobierno estatal y federal.

Diputados Huérfanos

Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín

Vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.

Presente:

Disculpe que haga de usted un ejemplo. Todo lo que aquí voy a decir es perfectamente aplicable a todos sus compañeros legisladores, pero me ensaño con usted porque tuvo la mala idea de dar declaraciones desafortunadas a un periodista de Mural y quiso la suerte que encontrara la nota en su versión electrónica.

Le escribo con respecto al "pequeño" bono de fin de año que usted y el resto de los diputados se asignaron. Casi sin pensarlo, como si fuera lo más natural del mundo, decidieron enriquecerse a razón de 180 millones de pesos: una parte para los coordinadores parlamentarios, otra para cada diputado de manera individual. El monto, por supuesto, es completamente discrecional; puede gastarse en lo que a cada quien le venga en gana.

Entiendo, sin embargo, que pueda alegar que la labor del legislador es de vital importancia para el país (opinión que rechazo tajantemente) y que es menester retribuir acordemente a los esforzados asambleístas. Pero la Ley Orgánica del Congreso no reconoce estas subvenciones extraordinarias, ni las justifica en modo alguno. El bono es además claramente adicional a lo que puedan recibir por su aguinaldo como asalariados. ¿De dónde pues se agarran para sostener este despropósito?

Lo cito:

"Si tenemos esa partida, es porque nos corresponde de alguna manera [...] Trabajo bien aquí, hago la parte que me corresponde. [...]Lo que la Cámara fije, es lo que nos corresponde a los diputados"

Que no pueda expresar con claridad y contundencia por qué les corresponde ese estipendio ya es bastante elocuente por sí mismo. Pero sus intentos por hacerlo son francamente risibles. Que haga bien su trabajo, en lo que le toca, no es digno de reconocimiento alguno, mucho menos de un bono tan jugoso; es el mínimo indispensable que se le exige. Mínimo por el cual, por cierto, ya se le paga una contraprestación (su sueldo) que tampoco es nada despreciable.

En cuanto a la otra excusa; difícilmente se sostiene cuando la Cámara está integrada por esos mismos diputados ¿No cree? No hable de "la Cámara" como si fuera un ente aparte.

La realidad es que es un gasto injustificable. Ni son las personas más preparadas (explíqueme cómo una Licenciatura en Derecho y un Posgrado en Derecho Parlamentario lo volvieron el perfil ideal para dirigir la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano los últimos tres años), ni han realizado una labor extraordinaria (le recuerdo que la actual legislatura llegó al puesto en Septiembre, hace menos de 4 meses) ni está el horno para bollos (el salario mínimo en México de 2015 a 2016 se incrementó en tres flamantes pesos)

Remata "Lo que no haría es tomar dinero de otra partida que no me corresponde " ¡Menos mal! ¿También merece un bono por ello?

Un favor, señor Diputado, la próxima vez que dé declaraciones, no sea un huérfano, tenga tantita madre.

Atte:

Alejandro Lozano

Uno Opina

Petróleos Mexicoamericanos

Despertamos el viernes con la noticia de que montaron en Estados Unidos una gasolinera que despacha combustible usando la marca PEMEX. Es la primera de las cinco que los mandamases de la petrolera nacional pretenden instalar al norte del río Bravo. Según ellos, se trata de un programa piloto que intenta medir qué tan bien puede competir la marca nacional con las extranjeras; anticipándose a que en 2018, según lo establece la Reforma Energética, tendrá que competir en territorio nacional con esas mismas marcas. Hasta ahí, todo en orden.

No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que se empezara a divulgar evidencia de que allá en Texas PEMEX estaba vendiendo el litro de gasolina en poco menos de siete pesos, la mitad de lo que se paga de este lado de la frontera. Toda vez se supo semejante disparidad de precios, a los mexicanos nos ganó la cerrazón y avanzó la ignorancia; con estridencia.

A todos se nos ocurrió exigir que se igualaran los precios de inmediato, pero nadie recordó que en Estados Unidos el precio de la gasolina es flotante, que depende en buena medida del precio del crudo (que, les recuerdo, está en mínimos históricos a menos de 30 USD el barril); que goza de condiciones de competencia en donde varias empresas pueden jugar con el precio para conseguir clientes y en donde tienen la capacidad para refinar la materia prima con relativa facilidad y a bajo costo. Por si eso no fuera suficiente, la tasa de impuesto a la gasolina en Estados Unidos es el equivalente a $1.7 pesos por litro, muy por debajo de los $5.4 pesos por litro con los que gravan el combustible aquí en México.

En nuestro país el precio de la gasolina es constante y fuertemente regulado por el gobierno, hay un único proveedor del combustible y mucha de nuestra producción de petróleo debe refinarse en el extranjero (precisamente con nuestros vecinos del norte) e importarse de regreso, ya procesado. ¿Cómo esperamos pues un precio que compita si las condiciones son tan abismalmente distintas?

"¿Entonces por qué está PEMEX vendiendo en Estados Unidos a precios competitivos?" me preguntarás. Y la respuesta es, porque no lo está haciendo.

La gasolina que se vende bajo la marca PEMEX en Estados Unidos sigue siendo refinada localmente, con materia prima extraída allá. Lo único que hizo la petrolera nacional fue llegar a un acuerdo con el franquiciatario para que vistiera sus colores con el fin de estudiar cómo le iba a la marca. Ni le paga nada a PEMEX, ni PEMEX le paga nada al dueño de las bombas. Al menos no por la gasolina que coloca.

Todo mundo eligió ignorar las diferentes circunstancias y condiciones que envuelven a la industria petrolera en uno y otro país.  No sé si habrá sido un orgullo nacionalista herido, o si el grueso de la población sintió que la petrolera nacional les estaba clavando una puñalada artera por la espalda al ofrecerle mejores precios a los gabachos; pero lo que yo vi en redes sociales es un enorme ejemplo de incongruencia.

Por un lado la disparidad de precios provoca indignación, por otro, esos que critican la disparidad protegen a capa y espada las circunstancias monopólicas que la producen porque ¿Cómo se va a privatizar el recurso nacional?. ¿Cómo ahí qué, pues?

PD: Un día como hoy, pero de hace un año, vio la luz este pequeño proyecto en donde suelto una diatriba ocasional que nadie pidió. Nos faltó constancia para llenar las 52 semanas que tiene el año con el mismo número de entradas, pero ahí vamos. Esperamos hacerlo mejor este segundo año. A mis cuatro lectores ¡Muchas gracias por acompañarme!

Con el apagón ¿Qué cosa sucede?

Una de las características más emblemáticas del capitalismo de compadrazgo, tan común en México y tan frecuentemente confundido con el capitalismo de libre mercado, o capitalismo libertario, es que permite e incentiva el cochupo entre el gobierno y el empresario.  La empresa usa al gobierno, y el gobierno se deja usar a cambio de módicas y nada legales contribuciones.

Por ejemplo, una empresa de alimentos puede impulsar una iniciativa que obligue a las empresas a pasar una costosa certificación sanitaria para vender alimentos. Puede pretender que busca la salud de la población general, pero en realidad la ley cumple otro propósito: evitar que pequeños productores puedan hacerle competencia en mercados locales, porque no pueden costearse la certificación. Un soborno por aquí, un soborno por allá, el discurso apropiado del político en turno y voila, habemus ley.

Cuando el sector es especialmente grande o poderoso, este tipo de compadrazgos se vuelven cosa común; indispensables incluso.

Para nadie es un secreto que el sector de las telecomunicaciones en México es jugoso, muy jugoso. Guerras, figurativas y no tanto, se han librado por el control de las bandas de frecuencia telefónica, televisiva y radial.

Para que tenga una idea, querido lector, el 95% de los hogares en México cuenta con una televisión (muy por encima del 45% del teléfono fijo). Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (Conaculta, 2010) el 90% de los entrevistados ve televisión; el 40% lo hace por más de dos horas al día y "Ver televisión" es la respuesta más socorrida a la pregunta: En su tiempo libre ¿cuáles son las actividades que prefiere hacer?

Con esas condiciones la competencia por la audiencia es férrea y como es una prerrogativa gubernamental el definir sobre cómo se utilizan estas bandas, no sorprende en absoluto la existencia de las llamadas tele-bancadas;  legisladores acomodados estratégicamente en sus curules por las mismas empresas en competencia. No sorprende encontrar capitalismo de compadrazgo.

Por eso, siempre que anuncian legislación nueva o reformas a la Ley de Telecomunicaciones, hay que tomarlas con cuidado; sobre todo si el discurso para promoverlas es cómo va a beneficiar a la población. El ejemplo más reciente es el apagón analógico.

Nos quieren vender la idea de que tendremos más canales, con servicios interactivos (menús, opciones de audio y subtítulos) y mejor calidad de imagen y todo esto sin costo para el usuario; la llamada "televisión abierta"

Pero aunque la señal sea gratis, la mayoría de las familias tendrá que desembolsar para conseguir un televisor digital, o por lo menos un adaptador. El productor de dichos aparatos es uno de los grandes ganadores de esta "modernización"

El gobierno federal tampoco ha salido perdiendo. Cierto, ha tenido que desembolsar 27 mil millones de pesos del dinero del contribuyente; pero la publicidad de entregar más de 9.7 millones de televisores digitales con el lema del sexenio "Mover a México" ¿Quién la quita?

La llamada "modernización" no moderniza la calidad del contenido, pero sí encarece la infraestructura necesaria para producir y transmitir televisión en México, poniendo más barreras de entrada a un negocio ya dominado por Televisa y TV Azteca, limitando la creación de empleos, chupando recursos que no se están invirtiendo en nada productivo.

Cuando el gobierno y la empresa se ponen de acuerdo en beneficio del consumidor, tiemble, va usted a ser asaltado.