Mucho me temo que se está cocinando una crísis fiscal de espantosas dimensiones. Por más que nos repiten desde Palacio Nacional que se está ejerciendo el presupuesto con responsabilidad y disciplina; y que la austeridad republicana hace maravillas, sus acciones dan indicios de un panorama muy distinto: Están desesperados, tratando de sacar dinero hasta exprimiendo las piedras porque ya se acabaron todo.
Hoy en la Cámara de Diputados se aprobaron, con 366 votos en favor y 102 en contra, reformas fast track al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito. El nuevo texto —iniciativa del coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco— establece que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano para financiar labores de seguridad. Tan desesperados están por conseguir dinero que legislaron una manera de robar.
Y si el concepto mismo de la ley es detestable —una reforma para hacerse de recursos sobre los que el Estado no tiene derecho alguno— es también mucho más impráctica de lo que el diputado Mier Velazco quiere hacernos creer. Se huele la desesperación en sus argumentos.
Asegura el diputado que pueden ser 10,000 millones de pesos disponibles “de inmediato”, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estiman que podrían ser más de 75 mil millones. Para enterarnos de cuántas cuentas realmente están en ese supuesto (seis años sin movimientos) y a cuánto ascendería el monto, es necesario contravenir el secreto bancario y la confidencialidad que los clientes de las instituciones financieras en este país esperan como parte del servicio contratado. Se desprende entonces que ni siquiera saben de cuánta lana estamos hablando o de si sería siquiera suficiente para hacer la diferencia en materia de seguridad.
Segunda dificultad en establecer el monto a robar: ¿Y si se trata de una señora de la tercera edad que no puede ir a una sucursal? ¿Una cuenta que está en litigio por herencia desde hace diez años? El diputado Mier parece muy seguro de que “En el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito, que provienen de la delincuencia organizada”. Ajá, y seguro esas cuentas están “abandonadas” ¿Verdad? Porque un negocio que en tres años genera el equivalente al 40% del PIB del País seguro tiene sus cuentas bancarias silenciosas como una tumba.
Entonces resulta que no hay un estudio real, un presupuesto firme del impacto de robarle a miles de mexicanos sus ahorros y el efecto positivo que se supone que tendría, porque no es lo que quieren. Lo que quieren es… lo que haya, la lana en efectivo y sin ningún tipo de control o etiqueta.
Porque esa es la otra. Conociendo a este Gobierno, no hay garantía alguna de que el dinero se vaya a usar para lo que la ley establece que se use, ni mecanismo para asegurar que no se vuelva una excelente manera de “redireccionar” recursos y justificar partidas para campañas, sobornos y corruptelas.
Y los detalles de la aprobación son igual de macabros. Reservas importantes fueron rechazadas o ignoradas. Como las de la diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, pero de última hora se decidió dar la mayor parte (50%) a la Federación, que no estaba originalmente contemplada. El diputado Román Cifuentes pidió que los recursos se destinen y administren por el Secretariado de Seguridad y no por la Secretaría de la Defensa Nacional (que controla a la Guardia Nacional). Y Blanca Estela Romo, solicitó considerar como casos especiales los de cuentas bancarias de personas desaparecidas y que por esa razón no fueron reclamados, casos en los que de debería dar esa posibilidad a sus familias.
Nada se admitió en la discusión.
¿Entiende ahora por qué mi preocupación? ¿Por qué no me creo el discurso de la pobreza franciscana?
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