En cumplimiento con una “Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo”, publicada por la Secretaría de Energía (SENER) el pasado 28 de julio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció esta semana una regulación de precios máximos para el gas LP. El tope cambiará semanalmente y variará según la región del país.
Este domingo primero de mes se publicó la primera tabla de precios que ya está vigente y será válida hasta el sábado 7 de agosto. Por qué decidieron darle un bajón del 10% al precio promedio del combustible registrado en julio y qué metodología siguieron para llegar a ese número es, hasta ahora, un misterio. Puede asumirse con cierta seguridad, sin embargo, que no se usó nada más complejo que el tanteómetro. Después de todo es la herramienta de preferencia en esta administración. Lo cual abre, por supuesto, toda una nueva ventana de discrecionalidad, opacidad y corrupción que antes no teníamos.
También, siguiendo la costumbre de este gobierno, es una medida ilegal. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde que salió publicada la mentada “Directriz” de la SENER, les recordó a todos los participantes que “Dicho exhorto es contrario al mecanismo establecido en la Ley de Hidrocarburos para regular los precios del gas LP, el cual requiere de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia por parte de la COFECE como condición necesaria y previa a una regulación de precios”. Básicamente, que en todo este jaleo se saltaron a un órgano constitucional autónomo y una ley publicada en 2014.
Y tiene su razón de ser que haya tantos candados para una regulación de este tipo, porque sí hay consecuencias naturales de cualquier control de precios. Si el precio establecido no alcanza a cubrir los costes de comercializar el producto y producir rentas, entonces nadie le entra al negocio y comienza la escasez. Que es algo que ya está sucediendo en el Valle de México, donde el Gremio Gasero Nacional lanzó una convocatoria a un paro de labores masivo.
No, no están a punto de quebrar el 60% de las operadoras, ni 16,000 empleados se quedaron sin empleo de la noche a la mañana por esta medida, como algunos titulares alarmistas quisieran hacernos creer. Pero el accionar gubernamental ciertamente es comparable a arrojarle una llave de tuercas a una maquinaria en movimiento. Irremediablemente se atasca y de menos entorpece a su operación, cuando no detiene y desbarata el mecanismo completo. La solución a un problema casi nunca pasa por destruirlo todo en un arranque de ineptitud, se los aseguro.
La iniciativa privada naturalmentre no va a quedarse de brazos cruzados. Intempondrá amparos que, en vista de lo señalado por COFECE (que se saltaron la ley), deberían prosperar sin mayor problema. Pero para entonces el presidente habrá conseguido el objetivo: Se habrá inventado a un enemigo. A “los malos” de las empresas gaseras que no quieren perder sus utilidades y que perjudican “al pueblo”. A los jueces “corruptos”, que les conceden los amparos a cambio de sabrá Dios qué arreglo turbio. En fin, se habrá conseguido tela de dónde cortar, temas de qué hablar que no sean la pandemia, el estancamiento económico, el desastre de sistema de salud, o los elefantes blancos de su administración.
De mi se acuerda…
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