Nos levantamos este martes con la noticia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había decidido, con cuatro votos a favor y tres en contra, echar para atrás la decisión del INE de negarle a Jaime Rodriguez Calderón, “El Bronco”, su oportunidad de aparecer en la boleta electoral de este primero de julio.
En el mejor de los casos, es una noticia desafortunada, un tirón de orejas al INE y golpe bajo a su credibilidad como organizador y árbitro de la contienda electoral. Eso no le ayuda a nadie. En el peor de los casos, es una verdadera tragedia porque es el mismo tribunal aplastando la normativa electoral para meter al candidato como cuña a diez días de arrancada la contienda.
Si la votación hubiera sido unánime, la lógica indicaría que entre los magistrados hay certeza absoluta de que algo se pasó por alto, que algún principio se ignoró o quebrantó y que se cometió una injusticia. Pero la decisión fue dividida (bastante reñida, además) y eso necesariamente implica que la fortaleza del argumento legal utilizado para resucitar las aspiraciones presidenciales del Bronco está lejos de ser la ideal; que da lugar a diferentes interpretaciones vaya, y por lo tanto, a especulación.
El argumento, señaló el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, es que el quejoso no contó con elementos suficientes para ejercer su derecho a defenderse, alegando omisión y arbitrariedad por parte de la autoridad electoral.
La presidenta del Tribunal, Janine Madeline Otálora, sin embargo; votó en contra de la resolución pues en repetidas ocasiones Rodriguez Calderón no aprovechó su derecho de audiencia cuando el INE estaba haciendo las evaluaciones preliminares.
¿Y de qué se tendría que defender el Bronco, de haberlo hecho todo a la derecha?
Según enumera el periódico Reforma, tendría que haber respondido por dos cuestiones, la calidad de las firmas recolectadas y la forma en que se hizo con ellas.
Tendría que haber explicado por qué el 58% de las firmas que recolectó fueron apócrifas. 810 mil no fueron encontradas en la lista nominal de electores. 158 mil fueron simulaciones de firmas. 205 mil fueron fotocopias de firmas. 23 mil documentos presentados no eran válidos.
Por otro lado, al hacer auditoría de su precampaña y su proceso de recolección de apoyos se detectó que: 17 millones de pesos fueron provenientes de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil pesos fueron triangulados por empresas sospechosas, omitió reportar gastos por 1.6 millones de pesos; además de acusársele de usar a funcionarios del gobierno de Nuevo León en días y horas hábiles para recabar las firmas.
La sentencia no acredita que “El Bronco” haya conseguido las firmas válidas suficientes, tampoco valida que su manejo financiero haya sido conforme a derecho y verdaderamente ciudadano. Se sostiene únicamente en la “presunción de que el aspirante cuenta con el numero necesario para alcanzar su registro”
Entiendo que la presunción de inocencia sea importante, pero no se vale que en su nombre se pisotee la legalidad. La investigación no está concluida, la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) sigue realizando indagatorias y el Bronco, hasta que el proceso no se aclare, no debería tener forma de estar en la boleta. Porque si lo hubiera hecho a la derecha, ni siquiera habría necesitado para defenderse un “debido proceso”
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