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En un evento masivo patrocinado y controlado hasta el más mínimo detalle por el partido en el poder, el presidente López puede acomodar la información para decir verdades a medias, mentiras completas y pretender que todo va viento en popa. La realidad, sin embargo, es pertinaz e inclemente.

El mismo día en que López pretendía llenarse de gloria en un evento de campaña (llamémoslo como es) inconstitucional (transgrede el artículo 134 de nuestra Carta Magna, por usar recursos públicos para promoción personalizada); el presidente recibió dos noticias. La primera, que los analistas del Banco de México habían recortado, por novena ocasión consecutiva, la expectativa de crecimiento de este año. La dejaron en un magro 1.13%., bien lejos de esa promesa de campaña del 4% en el primer año.

La segunda noticia fue más grave. Llegó desde Estados Unidos, con quien ya se sabe que las relaciones bilaterales están sostenidas con alfileres a causa del actuar impredecible del presidente Trump. 

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el grupo de cabildeo más grande de aquel país, representante ante el gobierno norteamericano de los intereses de numerosos negocios y asociaciones profesionales, envió un comunicado en donde pide al gobierno mexicano y a la CFE reconsiderar su postura de llevar a arbitraje contratos ya firmados con empresas nacionales y extranjeras para la instalación de gasoductos en territorio nacional. 

La CFE, dirigida (es un decir) por Manuel Barlett, lleva con el tema más de una semana. A su entender, los contratos firmados son “leoninos”, por lo que exige se renegocíen algunas clausulas y les sean devueltos pagos que se hicieron por adelantado.

Independientemente de si tienen razón o no (que no, no la tienen) la medida tomada por la CFE pone de nuevo bajo sospecha al gobierno de López y pone muy nerviosos a los inversionistas. El mensaje que se envía es que, incluso si hay un contrato firmado, el gobierno mexicano se reservará el derecho de renegociarlo o cancelarlo si los términos en algún momento le incomodan.

Con esas perspectivas ¿Quién en su sano juicio invertiría en México? ¿Quién le entra a construir una refinería, o un Tren Maya, o un aeropuerto en Santa Lucía a sabiendas de que el gobierno puede firmar de un humor y amanecer de otro?

Abrir frentes de batalla con empresas privadas que podrían poner en riesgo inversiones en sectores clave (la construcción del ducto, sin ir más lejos) es darse un balazo en el pie de proporciones espectaculares. ¿Y todo por recuperar unos pagos que se hicieron por adelantado?

Ahora, pelearse con una empresa norteamericana es una cosa. Pero que la empresa empiece a mostrar músculo e involucre a la Cámara de Comercio norteamericana es harina de otro costal. Es una organización de cabildeo, dedicada a influir en la toma de decisiones de Washington y tiene un presupuesto calculado de más de 130 millones de dólares para hacerlo. Lo único que tendrían que hacer para meternos en aprietos es ofrecer una fracción de dicho presupuesto en apoyo a la campaña de reelección de Trump, a cambio de que éste tome una postura firme respecto a los contratos que la CFE pretende revisar. ¿Ve cuan rápido puede deteriorarse el tema, querido lector? ¿Alcanza a dimensionar las consecuencias políticas, económicas y sociales que tan tremendo encontronazo provocaría? 

Estaría bien que el actual presidente en funciones empezara a plantearse el tema, yo digo.

Addendum:
Esta columna descansará las próximas tres semanas. ¡Nos volvemos a leer el miércoles 31 de julio!