Hace aproximadamente un año, cuando se hablaba de la venta del avión presidencial, titulé una de estas entradas “La austeridad sale carísima”, hoy añadimos un corolario. Si la austeridad sale carísima, la incompetencia le duplica el costo.
El drama del ciberataque a Pemex es una crisis en curso que comenzó hace ya más de diez días, pero que tiene su explicación en el ahorcamiento financiero al que se sometió a Petróleos Mexicanos desde la administración pasada y en el primer año de este gobierno. Con reducciones drásticas en el tema de seguridad informática so pretexto de austeridad y con el despido de personal clave por la misma causa, programas de actualización de infraestructura informática que se pusieron en marcha desde 2014 fueron poco a poco borrados de facto por la falta de recursos. Personal de Pemex consultado por Excélsior, y que solicitó el anonimato, afirma que desde diciembre no se pagan los más elementales servicios antivirus.
Siguiendo el guión de otras crisis (como el Culiacanazo) la actual administración federal ha salido a ofrecer y enmendar varias versiones, de tal manera que la cronología exacta o la información real de lo que ocurre al interior de la empresa paraestatal más importante del país es un misterio.
Sin embargo, algo de los hechos se puede reconstruir. Los ataques iniciaron el sábado 9 de noviembre. Para el domingo 10 supimos que se trataba de un ransomware, un tipo de virus que encripta la información y la vuelve inaccesible a menos que cedas a las demandas del pirata informático y pagues lo que te solicite de recompensa. Para el lunes 11 tenemos la primera versión oficial. El virus supuestamente sólo afectó al 5% de las computadoras de la empresa y ningún área de su operación estaba en riesgo. Sin embargo al día siguiente, martes 12, nos enteramos que los ciberdelincuentes están solicitando 5 millones de dólares de recompensa.
Aquí toca hacer la pregunta obvia: Si el ataque fue prontamente contenido y no afectó la operación de Pemex. ¿Por qué están tan confiados los delincuentes como para demandar tan extraordinaria suma? Si creen tener suficiente palanca para presionar al gobierno por esa cantidad, la lógica me invita a pensar que el ataque fue más exitoso de lo que la versión oficial nos quiere hacer creer.
El presidente y la secretaria de energía, Rocío Nahle, insisten en que el ataque “no fue tan grave”, pero conforme fueron pasando los días nos fuimos enterando de la magnitud del problema. Ha habido denuncias por retrasos en el llenado de pipas, afectación en mediciones de combustibles, problemas en el sistema de citas de hospitales de la paraestatal y áreas administrativas detenidas en diversos complejos de Pemex.
Más interesante todavía es el hecho de que corren versiones de que el hackeo pudo haber sido un sabotaje interno. Esta hipótesis cobra fuerza porque el ciberataque coincide en tiempo con una solicitud de información que le hizo la Fiscalía General de la República a Pemex por una investigación está realizando. Precisamente el 8 de noviembre (un día antes del inicio del drama) se llevó a cabo un operativo con guardias y agentes de la FGR para recabar información de la Subdirección de Finanzas en un intento por reunir pruebas y esclarecer actos de corrupción de administraciones pasadas.
El gobierno tiene de dos sopas para escoger: O hackearon la empresa paraestatal más grande e importante del país por incompetencia franca y explícita, o está coludido para evitar que se investiguen actos de corrupción de la administración peñista..
¿Cuál de las dos es, entonces? Con el tiempo seguramente lo sabremos, aunque para entonces quizá sea muy tarde. Usted ¿Qué opina?
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