Probablemente la mejor muestra y ejemplo de la absoluta ineptitud de este gobierno es el uso de las fuerzas armadas como operadores de prácticamente todas las iniciativas importantes del sexenio.
Se está militarizando el servicio público en México. Pero las razones detrás de dicho fenómeno tienen más que ver con la naturaleza de las fuerzas castrenses y la incapacidad del inquilino de Palacio Nacional para alcanzar cualquier objetivo de manera democrática; a través de la negociación, el diálogo y los acuerdos de mayorías.
El ejército está obligado a guardar incuestionable obediencia y por la naturaleza rígida de su estructura de mando y su entrenamiento para la guerra, a ser brutalmente efectivo en llevar a cabo las órdenes recibidas.
“Levántese aquí un aeropuerto”, “Si, comandante. Así se hará” Y se hará, aunque las instituciones civiles adviertan de su inviabilidad técnica, aunque los actores económicos principales (las aerolíneas) expresen reservas de la viabilidad financiera.
“Constrúyase aquí una refinería” “Si, comandante. Aquí la levantaremos” aunque el desafío logístico sea inmenso por la ubicación y las inundaciones constantes, aunque el plan de negocio de construir una refinería para PEMEX no tenga sentido
“Instálense las vías para un tren turístico en medio de la selva, y ustedes lo han de operar”, “Gracias, señor presidente. Delo por hecho”, aunque el espíritu y el temple de la soldadesca nada sepa de la calidez y atención al detalle que necesita la industria turística.
El ejército no cuestiona una orden recibida, sencillamente no está en su ADN. Para el presidente el ejército es un martillo, una herramienta relativamente fácil de usar, con la que puede pasar por encima (y a veces destrozar) los matices y complejidades inherentes a un gobierno civil democrático y plural.
Tiene mucho de irónico que “el gobierno más democrático de la historia” se vea tan dependiente de esta herramienta autoritaria. Y quizá la dependencia ni siquiera sea por una vena autoritaria del mandatario, sino por su absoluta incapacidad de operar herramientas más discretas, más finas, como un desarmador, una llave de tuercas o un cautín, que no sólo serían más efectivas, sino que no destrozarían el andamiaje político del país.
Piénselo. Empezó el 11 de mayo de 2020 cuando, incapaz de lidiar con las tareas de seguridad Pública, se publicó el acuerdo presidencial por el que se ordenó disponer hasta el 27 de marzo de 2024 de la fuerza armada permanentemente para dichas tareas (El acuerdo fue detenido por un recurso de inconstitucionalidad y probablemente la SCJN lo discuta durante el primer trimestre de 2022)
Luego vimos la asignación de los proyectos de infraestructura federales y cuando los cuestionamientos y los amparos empezaron a llegar, la designación de dichos proyectos como “de seguridad nacional”. ¡Qué útil es el martillo —debió pensar el inquilino de Palacio Nacional— que todo lo allana! Una lástima para él que apenas ayer, un ministro de la Corte concedió la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, de manera inmediata deje de surtir efecto su decretazo. El Ejecutivo federal no tiene atribuciones para realizar esta clasificación (“de seguridad nacional”) sin cumplir los parámetros establecidos en la ley de la materia. Pero insisto: el Ejecutivo es inoperante, obtuso y la ley le irrita y le resulta extraña. No sabe trabajarla, sólo sabe usar el martillo.
Hace un par de semanas nos enteramos también de la designación del general Pedro Lohmann Iturburu, exmilitar, como nuevo director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Un exmilitar es el nuevo encargado de la distribución de medicamentos en México, ese tema que en los últimos meses le ha ido pesando tanto al presidente de México.
Y apenas ayer, el pleno del Senado aprobó por 78 votos a favor y 20 en contra reformas a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. La reforma le permitirá al Secretario de la Defensa Nacional, descargar sus tareas militares a una comandancia, mientras él se concentra en la cada vez más abultada baraja de temas que el ejército maneja en la administración pública federal. “La dualidad de responsabilidades hacen del titular del ramo un funcionario comprometido en su totalidad para atender la actividad pública de la dependencia federal y la operativa de la fuerza armada.”
No es militarización, es supina ineptitud, es inexcusable incompetencia. Cuando lo único que sabes usar es el martillo, todos los problemas te parecen clavos.
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