Honor a quien honor merece

 

En la madrugada del domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas; un grupo de jóvenes salió de un antro a eso de las cuatro de la mañana, subieron a una Chevrolet Silverado blanca y se dispusieron a volver a casa. Fueron interceptados en el camino por una camioneta del ejército que, sin mediar palabra, abrió fuego. Cinco personas murieron, uno más está en coma en el hospital. 

Cuando se percataron del error, los militares amagaron al único sobreviviente, Alejandro Pérez, de 21 años. Le amedrentaron, amenazaron de muerte y obligaron a declararse culpable a sí mismo y a sus compañeros de haber ido huyendo del lugar y de haber disparado primero. 

El mismo domingo el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó de los hechos. Testimonios de vecinos recogidos por la organización señalan que los militares ejecutaron a dos de los cinco jóvenes, a pie de calle, ya fuera del vehículo. El testimonio de Alejandro es aterrador: “Cuando ya salí de la camioneta, escuché que los militares decían, ’¡Mátenlo, mátenlo!’ Me pusieron pecho a tierra. Luego aún escuché dos disparos más, y ya al rato vi a mi hermano tirado en el piso”.

Tristemente esta pesadilla no es un caso aislado. El ejército ha tenido una relación tensa con Nuevo Laredo desde que se hizo cargo de las labores de seguridad en la ciudad, refugio y centro de operaciones del Cartel del Noreste. Es un ejemplo vivo de cómo nuestras fuerzas armadas ni están capacitadas para la labor, ni están mejorando la situación ahí donde actúan.

Lo que más enerva del asunto es la actitud del alto mando militar. Al martes siguiente, la SEDENA dio a conocer una versión “oficial” de los hechos que contrasta muchísimo con lo que el Comité de DH, Alejandro y otros testigos exponen. En su comunicado, la dependencia reconoce que militares dispararon a los jóvenes. 

“Personal militar realizaba un reconocimiento cuando oyeron disparos de arma de fuego, poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon”, se lee. “Posteriormente visualizaron un vehículo tipo pick up con siete individuos a bordo, que se trasladaba a exceso de velocidad, con luces apagadas y sin placas (…) Aceleraron (…) Deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. Al escuchar el estruendo, personal militar accionó sus armas”.

Entiendo que el ejército proteja a los suyos. Entiendo que la labor de los soldados es de alto riesgo, que meses de jugarse el pellejo noche tras noche en tierra caliente puede freírle a los soldados los nervios y agotarlos física, emocional y mentalmente. Entiendo y agradezco el sacrificio. Pero el orgullo nubla. La absoluta incapacidad para reconocerse rebasados impide que se tomen medidas que mejoren la situación. Circunstancias como esta deberían hacer del ejército el primer interesado en que se le quite de las manos esta responsabilidad, a través de una transición gradual a fuerzas de seguridad mejor preparadas. De lo contrario, el ciclo de tragedias no parará de repetirse. 

Ahora, honor a quien honor merece. Nunca creí ver en esta administración a alguien que tuviera las agallas de pararse frente a una institución tan favorecida por el presidente y en ese sentido, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, me ha sorprendido gratamente. 

“No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados” declaró este miércoles. El subsecretario reconoció que hay elementos en la investigación que acreditan que los jóvenes no iban armados. “Todos tienen derechos, pero quienes infringen la ley deben cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe de abordar las cadenas de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas sino de la cadena de mando en este operativo”

La declaración pone a Encinas directamente encontrado con otro elemento de peso del gabinete, el Secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval. Una jugada política peligrosa, considerando la estrecha relación entre éste y la presidencia y que se puede comprobar con la miriada de nuevas responsabilidades (y jugosos negocios) que la presente administración le ha conferido.

Ojalá Encinas se mantenga firme y su investigación llegue hasta las últimas consecuencias. Los muertos, Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Ángel Suárez Castillo, no merecen menos. Y es una oportunidad de demostrar congruencia, después de todo, si en algún caso hemos tenido la certeza de que #FueElEstado, es este, más que en ningún otro.