Fallas de orígen, la Constitución de la CDMX

No me cabe la menor duda de que la Reforma Política del Distrito Federal será causa de intenso estudio de parte de todos los analistas y estudiantes de ciencia política en el futuro. Representó un triunfo tremendo para la izquierda, en concreto para Miguel Ángel Mancera, quien fue quien la propuso originalmente. Se trata, además, de un experimento histórico en México el hecho de que un grupo ubicado mayoritariamente en el extremo izquierdo del espectro político tenga en sus manos la formación desde sus cimientos de lo que es, efectivamente, el estado número 32 de nuestra federación.

La #ReformaPolítica de la #CDMX traerá más autonomía y participación ciudadana en las acciones de gobierno #mm pic.twitter.com/P7tE4zuh8q

— Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 20 de enero de 2016

Desafortunadamente, el hecho de que darle rienda suelta a la izquierda con una responsabilidad de semejante calibre sea un experimento histórico en México, no significa que lo sea a nivel mundial, donde ya varias naciones tienen sus muy duros antecedentes, ahí están Rusia, Cuba, China, Corea del Norte, Venezuela, Bolivia... ¿Nota cierto patrón? Ninguna de ellas ha logrado hacer funcionar el modelo.

Conforme avanza la conformación de esta nueva entidad federativa nos empezamos a percatar de que lo que se vendió como el siguiente gran paso para el desarrollo de nuestra capital, ser una trampa mortal para todos sus habitantes. Lo que les vendieron como la oportunidad de libertad y autodeterminación se tradujo en la obligación sujetarse al capricho de una Asamblea Constituyente que —ya lo dijeron el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia— no tiene representación ciudadana efectiva debido a que los integrantes de la misma serán elegidos sólo por partidos políticos. (Se vieron bien demócratas, las izquierdas)

Así tenemos joyas como el artículo 21 inciso C, fracciones 1 y 7 del proyecto de Constitución; que indican, respectivamente que “la Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad” y que: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad.”  O maravillas como lo expuesto en su artículo 22, que reconoce: "la actividad económica como un bien público que debe ser tutelado. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional",

Enunciados que básicamente no reconocen la propiedad privada, que atentan contra principios básicos de competencia económica o que dan pie a nuevos impuestos que no tienen ninguna razón de ser porque ya se cobra un impuesto predial sobre el valor de nuestras propiedades. Esto es lo que exuda la propuesta de Constitución Política de la Ciudad de México y es para alarmar a todos los habitantes de la capital, desde Polanco y la Condesa hasta Peralvillo y la Merced.

Es tiempo de reconocer que la Ciudad de México, como entidad federativa, tiene fallas de origen. No se diseñó con la intención de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino como instrumento político para disparar la carrera de su actual jefe de gobierno. No sólo es un golpe mediático que puede presentar como logro en una futura (pero no tan hipotética) campaña por la presidencia. También le da acceso, como la imagen de su tweet tan claramente expone, a más presupuesto federal y a más libertad de recaudación (indispensables para financiarse) así como a más libertad para gastarlo (indispensable para desviarlo hacia su campaña).

¿Qué se puede hacer? Estar atentos, tratar de hacer ruido y ser escuchados. Pero si la legislación pasa, el amparo ante disposiciones inconstitucionales es una opción. Lo mismo con la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, que se ha vuelto refugio del mentadísimo impuesto a la plusvalía.

No, no les corresponde únicamente a los capitalinos esta defensa de nuestros derechos más elementales. Lo que hoy aplican ahí, mañana podría ser iniciativa de ley en otros Estados. ¿Vamos a permitirlo?