Las consecuencias económicas y sociales que pueda tener el modelo de gobierno de Andrés Manuel y sus curiosas prioridades al momento de asignar recursos a uno u otro proyecto federal; ciertamente pueden ser graves. Apenas el jueves, por ejemplo, se pagaron 34 mil millones de pesos a los tenedores de Fibra E por invertir en un aeropuerto que ya no se va a construir (efectivamente tirándolo a la basura). La cifra equivale a 68 mil casas de interés social. Otro ejemplo: ProBeis, la nueva y flamante Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México, que reportará directamente al presidente, tendrá un presupuesto de 500 millones de pesos anuales, pero los 72 albergues para mujeres violentadas dejarán de recibir los 346 mdp porque procurarán ahora “dárselo directamente a las víctimas” (no importa si el dinero no las saca de su situación, o si el marido luego les saca el dinero a golpes). Ya mejor ni hablar del recorte a los programas contra el VIH, o a las Estancias Infantiles.
Si, las decisiones del presidente son poco comprensibles, pero eventualmente reversibles, cuando la ciudadanía quiera y se imponga y vuelva la razón. Habrá un daño cuantificable y un país empobrecido, pero seguiremos en pie y podremos reconstruirnos.
El verdadero problema está en cómo está empujando estos cambios y en las consecuencias que eso pueda tener para nuestro estado de derecho. El presidente se ha enfocado en eliminar programas y recortar presupuestos a los que deja en pie, para concentrar los recursos en sus proyectos personales. . De los 20 nuevos programas sociales, 19 se están o diseñando sin reglas de operación y bajo esquemas discrecionales de distribución. No tienen, pues, ni cómo ni a quién rendirles cuentas; ventajas que sí ofrecían los programas como los refugios o las estancias infantiles.Esto significa que el equivalente al presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública (365 mil millones de pesos) se ejercerá en completa opacidad.
Por cierto, los “Servidores de la Nación” (así les dicen) que están recorriendo el país y levantando el Censo para los programas sociales, no son miembros del INEGI o siquiera de la Secretaría de Gobernación; son voluntarios de Morena. Por lo que ni siquiera el padrón de beneficiarios será transparente. Y presidencia valida y asienta el peligroso antecedente. ¿Al gobierno entrante le parecerá de lo más normal hacer lo mismo? ¿Es esta la nueva manera de hacer las cosas en México?
¿Qué hay de las encuestas populares que Presidencia ha organizado? Igualmente opacas, sin la menor de las garantías de certeza y sin poder consultar más resultado que el que presidencia ofrece en sus conferencias mañaneras. La última, en Morelos, para decidir si se avanzaba con la construcción de una termoeléctrica, estuvo plagada de irregularidades, destrucción de las casillas y boletas e incluso el asesinato de Samir Flores, principal activista político en contra de la medida. ¿Será este el estándar de “democracia” de una nación que la había venido construyendo desde hace casi 30 años?
Y hablando de democracia y legalidad. ¿Sabía usted que, a pesar de lo clara que es la ley al respecto, hoy el PES tiene la posibilidad de recuperar su registro como partido político? Nuevas “interpretaciones” a la ley existente, señalan que, técnicamente, el partido tiene más representación que otras fuerzas políticas y que ese sólo hecho basta. A pesar de que no consiguieron, por si mismos, suficientes electores el 1ero de julio.
El daño económico y social a nuestro país puede ser grande, pero remontable. El daño a nuestras instituciones y el desprecio por nuestras leyes echa por tierra el desarrollo que por lo menos durante 50 años (si no me voy más lejos, hasta finales de la revolución) había hecho nuestro país para pasar de ser una nación de caudillos a una nación de instituciones. Eso es lo que está verdaderamente en juego.
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