De la ASF y otras instituciones autónomas.

Mucho hemos hablado y recalcado en este espacio la importancia de gozar de instituciones sólidas y un sistema de equilibrios que mantengan equilibrado el poder. Al principio de esta semana, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de 1,523 auditorías que realizó al Gobierno Federal únicamente correspondientes a 2019, se hizo evidente por qué.

La ASF es un órgano autónomo que fiscaliza la cuenta pública, es decir, todo el manejo de recursos públicos federales, independientemente de quién lo maneje o administre. Incluso si eres un particular que funge únicamente como proveedor gubernamental, si se te paga con fondos públicos estás sujeto a la vigilancia de la ASF.

Es una de esas instituciones que nació en la terrible “época neoliberal”, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda con la intención de asegurarse que el Gobierno no fuera al mismo tiempo juez y parte. Y la verdad no lo ha hecho mal. Por ella nos enteramos de los escandalazos de la Estafa Maestra, la Casa Blanca y la Estela de Luz.

A lo que vamos entonces ¿Qué encontró la ASF en las auditorías que realizó apenas durante el primer año de la presente administración? En corto, irregularidades que alcanzarían los 67 mil 498 millones de pesos en diferentes programas y proyectos de la cuarta transformación.

Con pelos y señales (si se me permite la expresión coloquial): Empleos fantasma, becarios de más de 29 años e incluso fallecidos que seguían cobrando en “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 75 millones de pesos por aclarar en la construcción de Dos Bocas, que comenzó a construirse sin estudios de impacto ambiental y que con toda probabilidad no estará lista en 2022 como se había prometido. Obstáculos a la libre competencia en la nueva modalidad de compra consolidad para las instituciones de salud y ningún ahorro comprobable. 44 mil 364 millones de pesos es que las instituciones públicas de la Federación gastaron de manera irregular (y otro tanto de aportaciones federales que Estados y Municipios no pudieron acreditar). Además de la flagrante negativa a colaborar con las auditorías de parte de la Secretaría de la Función Pública de Irma Eréndira Sandoval. Ya saben, ese organismo que sí depende y le reporta al presidente y que se supone que tiene el encargo de combatir la corrupción.

Al gobierno federal todo esto claramente le caló y ni tardo ni perezoso salió el presidente en su mañanera a desmentir y minimizar con el ya clásico y cansino “Yo tengo otros datos”, en particular sobre la piedra angular del reporte de la ASF: el cálculo del sobrecosto de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en Texcoco, que estimó en 330 mil millones de pesos, en lugar de los 100 mil millones que había pronosticado el Gobierno.

Ojo al dato, porque son números ridículamente grandes. Quizá le convenga pensar en ellos en relación a otros escándalos muy sonados. Según la ASF, cancelar el NAICM salió en el equivalente a 2,364 casas blancas de EPN; o a 47,500 Estafas Maestras, por la que tienen detenida a Rosario Robles, o 135 años de pagarles su pensión a ex presidentes, o 520 Pemex-gates, de los de Lozoya y Odebrecht. ¿Alcanzamos a dimensionar mejor de cuánto estamos hablando?

Las instituciones sólidas, los contrapesos, la fiscalización y los organismos de control son nuestros aliados, mexicanos. Son un un bozal y un “estatequieto” para cualquier gobierno, guinda o de cualquier otro color. Por lo mismo, me parece terrible que, bajo fuerte presión gubernamental, la ASF haya cedido y admitido públicamente que a la mejor había tenido “errores metodológicos”. Significa que el poder la alcanzó y que una herramienta poderosa con la que contábamos para mantener al poder a raya desde hace años (y que dio resultados palpables) está ahora en entredicho.

No dejemos que esta ola de pura narrativa (porque así gobierna Andrés Manuel, con saliva) desmonte y distraiga el legítimo reclamo de que todo esto se esclarezca y se transparente al 100% ¿No era esa la bandera de este gobierno?