Urge lana y urge desbaratar al único Poder que puede todavía meterle un susto al oficialismo. Por eso la cargada, evidentemente retaliatoria, contra el Poder Judicial de la Federación.
Un Fideicomiso es como un fondo de ahorro, un instrumento financiero en los que una institución, pública o privada, puede hacer cochinito destinado para un fin específico. En el caso gubernamental, los fideicomisos se alimentan de recursos presupuestales, aprobados por la Cámara de Diputados. Mientras no se gasten, los ahorros generan rendimientos. Esto le da a las instituciones mayor control de los recursos, más allá de los vaivenes políticos y la discusión anual entre partidos para asignar el presupuesto.
Básicamente, los fideicomisos le dan independencia y opciones a sus administradores. Y como esta administración está toda dedicada a retirar ambas y garantizar una dependencia y sumisión absolutas al Poder Ejecutivo en todos los niveles, deben desaparecer.
Son trece fideicomisos los que la reforma morenista pretende desaparecer para “recuperar” (léase, “agandallarse, fuera de presupuesto y escrutinio”) 15 mil 434 millones de pesos. El punto contencioso es que más de la mitad estos recursos están enfocados a pagar pensiones “complementarias”, adicionales a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos.
Y si, el presidente se escuda en que la Auditoría Superior de la Federación ya dijo que desde la creación de los fideicomisos se estableció que estas pensiones complementarias no eran obligatorias ni permanentes. El tema es, según la ley laboral, una vez creados, aunque no fueran “obligatorios” los fideicomisos, se genera una obligación para con los trabajadores. Y si no hay fideicomisos ¿De dónde va a salir la lana? Es prácticamente un hecho pues, que sí se afecten los derechos de los trabajadores. Pero, es que es año de Hidalgo…
Uno de los argumentos oficiales del gobierno guinda para empujar la extinción de estos instrumentos, es la opacidad con la que se manejan y el potencial manejo corrupto de sus recursos. Curioso, cuando menos, que ese mismo argumento no parezca aplicar igual para todos. La Secretaría del Bienestar, por ejemplo, tiene un fideicomiso ‘del Bienestar’ para garantizar la entrega del programa de apoyo.
Y de los Fideicomisos de Morena mejor ni hablamos. El gran fraude del fideicomiso “Por los demás” le valió al partido una sanción de parte del INE. Hay evidencia fehaciente de que hubo operación carrusel para introducir y legitimar dinero de dudosa procedencia al sistema financiero, pero no hay evidencia de que nada de eso se haya usado para aliviar a los damnificados del terremoto del 2017.
Más recientemente (finales del 2020), el partido creo el fideicomiso F4117560, con el fin de adquirir, renovar o reconstruir inmuebles y contratar arrendamientos operativos y financiamientos. Según datos de fuentes periodísticas, un año después el fideicomiso ya contaba con 1,239.4 millones de pesos. Era más grande que el presupuesto anual del INAI, por ejemplo, ese que tan amargamente se quejan de lo caro que nos sale.
Y, como cereza del pastel, en lugar de ser ejemplo de transparencia en el manejo de recursos, en 2022 el Comité de Transparencia de Morena, con la unanimidad de sus integrantes, aprobó la determinación de su Secretaría de Finanzas para declarar reservada por dos años la información referente al fideicomiso.
Con toda esta acusación de malos manejos y corrupción en cualquier fideicomiso que no manejen ellos ¿No será que el león morenista cree que todos son de su condición?
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