Desaparecidos

Tras una misión de investigación en septiembre, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) publicó ayer un informe que desnuda las carencias de nuestro país en la lucha contra ese azote. Usa palabras muy medidas, pero no hay manera de tapar el sol con un dedo. Describe las investigaciones solamente como “inadecuadas”, pero el número de desapareiciones le resulta “alarmante” y ciertamente señala la “impunidad casi absoluta” resultante.

El de las desapariciones es quizá uno de los flagelos más duros que pueden tocar a una familia. Mientras que la pérdida y la angustia de un asalto o incluso un secuestro son terribles, si la cosa sale bien la pérdida es económica y la angustia es pasajera, hay al menos una salida en el horizonte. Pero la absoluta incertidumbre que embarga a los familiares de las víctimas de desaparición se prolonga por años y no deja un camino más o menos claro, aunque sea tortuoso, para resolver la circunstancia.

Sabemos que desde el año pasado México superó los cien mil desaparecidos oficialmente registrados. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene documentado que van al menos 42 mil desaparecidos en lo que va del sexenio, el equivalente a un poco más de una persona por hora.

Note, sin embargo, que como bien señala la investigación del CED de la ONU, la la metodología utilizada por el Registro Nacional es deficiente. Sólo cuenta a las personas que permanecen desaparecidas. Si mañana encontráramos a todos dirían que la cifra es cero. Difícilmente pues, tenemos una fotografía del fenómeno completo.

Hay otros problemas que la cifra por sí misma no recoge. Obviando que posiblemente cientos de miles de personas no tengan quién las reporte como desaparecidas, el Comité encontró que las autoridades federales en México no pueden garantizar la fiabilidad de los datos recolectados. Subrayó la "resistencia de algunas autoridades" locales a compartir información con ese registro nacional (la llamada cifra negra), o la "poca claridad" sobre la proporción de los casos registrados que podrían corresponder a desapariciones forzadas.

¿Cómo limitarse sólamente a la cifra de los desaparecidos actualmente, si México está viviendo también una crisis forense de proporciones difíciles de aquilatar? 89% de los más de 53 mil cuerpos y restos humanos encontrados y almacenados en laboratorios y centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.

La presente administración, como con tantas otras problemáticas que es demasiado inepta o demasiado indolente para resolver, ha recurrido a la estrategia común de la deflexión y el refugio audaz en el cinísmo. La única reacción desde presidencia, fugaz como la de una tortuga adormilada, fue la de anunciar la realización de un nuevo censo “casa por casa”, tras llamar al censo actual “excesivo y desactualizado”. Ya se imaginará cómo cayó esa declaración entre los colectivos de familiares buscadores.

Al presidente se le hace bolas el engrudo hasta los 43 con los que lucró políticamente, pero la realidad es que nos faltan muchos más. Miles más. Y no exigirlos con el mismo entusiasmo y la misma saña que a esos 43 es una falta de atención que merece inmediata corrección. Nadie merece esa angustia.