Quiero abordar hoy, de nuevo, el tema de la militarización de una función gubernamental fundamentalmente civil.
Lo sé. Se me acusará de andar siempre con la misma cantaleta, de parecer disco rayado y de ser repetitivo en mis temas. Se vale tener esa opinión y me disculpo por ello. Pero es necesario dejar constancia de cada nueva responsabilidad y prebenda otorgada a nuestro “pueblo uniformado”, porque alimenta y fortalece mi impresión de que la relación entre la jerarquía castrense y el titular del ejecutivo (que también funge como comandante supremo de las fuerzas armadas) está fundamentalmente torcida y es peligrosa.
A principios de mes, discretamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) comenzó a informar a las empresas interesadas en participar en las licitaciones dependientes del programa de mantenimiento y conservación de carreteras federales 2024, que se cancelaban los concursos en marcha. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se había reservado “por causas de fuerza mayor” los 11,000 millones de pesos que se habían presupuestado para este fin.
He sostenido desde el principio del sexenio que el objetivo de la presente administración es el aislamiento y empobrecimiento sistemático de la población mexicana. Creo que nada puede evidenciar más esa intención que la cancelación del mencionado programa. ¿Qué otro objetivo puede tener la decisión de dejar sin mantenimiento 42 mil kilómetros de carreteras libres de peaje, que no sea el brutal aislamiento de las comunidades y la complicación en el intercambio de bienes y personas a lo largo y ancho del país? No es que sean ejemplares –documentos de la misma SICT describen su estado actual como “de malo a muy malo”– pero entre tener una manutención mediocre a no tenerla, prefiero evidentemente la primera opción.
Días después de que se hiciera pública esta información, y ante la inconformidad en redes. El presidente anunció que los que se harían responsables del mantenimiento de los caminos serían los uniformados de verde olivo; acusando, como siempre y como siempre sin pruebas, a la rampante corrupción y contratos leoninos con los prestadores de servicios privados que compiten en las licitaciones. A tal efecto, se les tenía destinada una partida presupuestaria adicional de 5,000 millones de pesos, independientes y aparte de lo que la SHCP se había “reservado” de la SICT, que nadie sabe dónde quedó.
Dejemos de lado el hecho (que no me explico) de que una dependencia de gobierno (SHCP) eche por tierra, con la mano en la cintura, el presupuesto avalado por el Poder Legislativo. Sin más justificación que las vagas “causas de fuerza mayor” que aduce y en franca violación al principio de representación y de división de poderes sobre el que se sostiene nuestra estructura gubernamental.
El presidente admite su derrota y su ineptitud con cada aspecto de la vida pública que no puede someter a un control administrativo civil que garantice que no sufra de corruptelas. Prefiere engrosar el presupuesto a los militares, que no tienen obligación alguna de lanzar licitaciones transparentes, ni están sujetos a los organismos de fiscalización internos. Así pues, las carreteras se suman a la construcción del Tren Maya, la administración de las Aduanas, el manejo y usufructo de nueve aeropuertos, una aerolínea, hoteles, caminos a zonas arqueológicas, parques ecológicos, sucursales del Banco del Bienestar y otra miríada de contratos y negocios.
La estructura de mando del ejército no es mágicamente inmune a los vicios y pasiones humanas, y el uniforme militar no está blindado contra la corrupción. De hecho, su especial circunstancia de no tener que rendir cuentas como el resto de los organismos civiles los hace quizá, más vulnerables. Por otro lado la abundancia de la que ahora goza la alta cúpula y los elementos cercanos al Secretario de la Defensa, no se ve reflejada en mejores condiciones para el soldado raso, que seguramente no se enlistó para cumplir su sueño de construir carreteras.
La estructura de mando entre un cartel y el ejército no son muy distintas y una vez que el ejército alcanza una independencia financiera y una libertad administrativa tal que sus líderes pueden empezar a comprar voluntades, no se sorprenda si lentamente la institución gubernamental se transforma en una criminal.
Que se me haga la boca chicharrón, pero que tampoco digan que no se podía prever.
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