El Gran Hermano

Esta semana algunos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos presentaron una denuncia formal ante la PGR. Alegan haber sido víctimas de espionaje digital por parte del gobierno federal; luego de que se dieran a conocer los resultados de una investigación realizada por tres organizaciones: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC. Les hackearon los teléfonos, vaya.

No es un caso aislado. Aparentemente, se trata ya de una actividad sistemática hacia quienes por sus posturas y poder de convocatoria, pudieran catalogarse como “incómodos” para el régimen. Así lo sostiene Mario Patrón, del Centro ProDH: “una práctica contra quienes [...] podemos poner en riesgo a quienes se sienten observados con nuestro trabajo desde la corrupción, la rendición de cuentas, el periodismo o la defensa de los derechos humanos”

Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, gente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad o el mismo Centro ProDH estarían entre la lista de 88 casos confirmados.

1984 no debía ser un manual de instrucciones

La acusación es grave y pone a México en el ojo del huracán frente a diferentes organizaciones internacionales. Porque haya sido o no el gobierno el perpetrador de los hackeos, no está garantizado en México el más sencillo derecho a la privacidad. Eso, para la Alianza Internacional de Gobierno Abierto, por ejemplo, es inaceptable.

La Alianza es una iniciativa de múltiples paises que tiene como objetivo propiciar compromisos concretos de los gobiernos  para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza.

México fue uno de los ocho países fundadores de dicha organización. El 20 de septiembre de 2011, el Presidente Felipe Calderón, presentó ante la Alianza el plan de acción de nuestra nación, donde se comprometía a: Aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos y aumentar la rendición de cuentas. En palabras del Presidente “esta iniciativa ayudará a fortalecer los lazos de confianza entre el Estado y los ciudadanos en México”

¡Qué cambio tan drástico en apenas seis años! De usar la tecnología para poner herramientas al alcance de la ciudadanía para auditar y vigilar al gobierno, a utilizarla para intimidar a los periodistas responsables de desenmascarar actos de corrupción o abusos de las autoridades.

México no puede permitirse dar un paso atrás en su lucha contra la transparencia y la rendición de cuentas (ya de por sí, con trabajos nos toca dar un paso adelante cada sexenio). No sólo por conservar la credibilidad frente a su ciudadanía, que ya sabemos que poco les importa, sino por cuidar su credibilidad frente a otros países.

La alianza la conforman 75 naciones y hasta ahora los únicos antecedentes son dos: El gobierno de Azerbayán (expulsado por violentar derechos de organizaciones civiles en mayo de 2016) y Hungría (expulsada en diciembre del mismo año por no respetar los estándares de transparencia establecidos por la organización) ¿Queremos sumarnos a la lista negra?

Ojalá el gobierno diera una respuesta más convincente a las acusasiones que tres tristes párrafos en donde se limita a decir “no hay pruebas”; obteniendo con ello el beneficio de la presunción de inocencia (es inocente hasta que se demuestre lo contrario) que, por ejemplo, no ofrece a sus propios ciudadanos. No levantemos el dedo del renglón, no podemos permitírnoslo.