La lucha contra la pandemia de Covid-19 probablemente va a tener un efecto bola de nieve y consecuencias que se seguirán sintiendo alrededor del mundo mucho después de haber superado la crisis de salud pública.
Uno no puede sencillamente paralizar toda la actividad de un país por un periodo prolongado de tiempo y reanudarlo como si nada hubiera pasado. Empresas y negocios, especialmente los microempresarios (léase, la fonda de la esquina, la abarrotera de Don Víctor y el pequeño taller de reparación de electrodomésticos de don Chuy) viven al día y van a sufrir por no tener los ingresos de los que dependen. Empresas igualmente pequeñas, pero que ya manejan alguna nómina y gastos más robustos corren el riesgo muy real de quebrar. A todo esto, se le añade un ambiente internacional complicado, que ya daba muestras de desaceleración económica incluso antes de comenzar con la emergencia sanitaria.
No me malinterpreten, no hay economía que valga una vida. Y el combate al virus merece ahora nuestra atención y compromiso completo, aunque haya que lidiar luego con sus funestas consecuencias. Pero si estamos ya viendo el panorama ¿por qué no empezamos a prepararnos para él?
Ahí es donde me llama la atención la actitud de la presente administración.
En estas circunstancias, la teoría económica generalmente aceptada (Keynesiana) indica que es necesario tomar medidas llamadas “anticíclicas”. Es decir, empezar a gastar para reactivar la economía, para que el dinero fluya y para que exista liquidez: Aliviar un poco la carga fiscal (que es a veces parte importante del gasto de la iniciativa privada) atraer inversión y sí, aceptar que habrá que operar con déficit al menos por un tiempo.
Que el presidente prometió en campaña no endeudarse y no puede operar con déficit, está bien. Es más, lo aplaudo. Pero eso significa que va a necesitar más que nunca a la iniciativa privada para reactivar la economía y apretarse el cinturón en serio en la administración federal. Y no está haciendo ni lo uno ni lo otro.
La única “medida” que ha tomado es adelantar las pensiones de las personas de la tercera edad y garantizar los programas sociales, lo que no es muy esperanzador. Y en cuanto a su relación con la industria privada, pues… recientemente anunció la cancelación de una inversión privada de mil quinientos millones de dólares en Mexicali que contaba ya con todos sus permisos y todos los requisitos legales; todo con base en una consulta de fiabilidad dudosa y en la que no participó ni el 5% del padrón electoral de la ciudad.
¿Con qué confianza se queda el inversionista privado de meter su dinero en México si, a pesar de seguir todas las reglas y lineamientos y pasar por todos los vericuetos legales, pueden echar abajo tu plan de negocio con una ocurrencia? ¿Quién va a querer invertir en esas condiciones?
Y no piensen ni por un momento que saldrá gratis. Con todos los pelos de la burra en la mano Constellation Brands (la empresa que construía la planta cervecera) puede ampararse de la decisión y solicitar compensación. Y así, por un delirio en un conflicto imaginado, la administración federal tendrá que destinar recursos a compensar a una empresa privada gigantesca, en lugar de dedicárselo a sus ciudadanos (y es un gobierno de izquierda y antineoliberal, dicen). Todo esto, en el contexto de unas de las peores crisis de salud y económicas de la última década.
¿Ven por qué nos preocupamos?
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