Tienen razón quienes afirman que la escalada en la violencia criminal en el país la detonó originalmente el expresidente Calderón. Su solución al problema del narcotráfico en México fue bienintencionada pero simplista, y en muchos sentidos terminó empeorando la situación.
Habiendo dicho esto, conviene también apuntar que se equivocan rotundamente quienes pretenden, al día de hoy, cargarle al expresidente la responsabilidad de un conflicto que se ha transformado y adaptado radicalmente en los siete años y siete meses desde que terminó su sexenio.
Ni Peña, ni López (en especial López), tienen derecho a sentirse engañados. Como candidatos sabían a lo que se enfrentaban y en teoría diseñaron estrategias para solucionar los problemas del país, propuestas por las que finalmente fueron elegidos para el cargo. El fracaso de una administración pasada no justifica ni perdona el fracaso de la administración presente. Parafraseando una conocida cita: No se “heredan” problemas, se postulan para corregirlos.
En ese sentido, el fracaso de López en su combate a la delincuencia organizada será sólo de López y de la incapacidad de su administración para articular una estrategia coordinada con el resto de los niveles de gobierno. Para ejemplo, baste el jaleo que se organizó esta semana con “El Marro” y sus familiares.
Con pompa y circunstancia anunció la SEDENA el 20 de junio el resultado de un operativo que habían realizado junto con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guanajuato para detener a “presuntos integrantes de la delincuencia organizada”, un delito federal. Como ya es costumbre, se armó jaleo, quema de vehículos y tal. Pero por esta vez, al menos, las autoridades no cedieron ni protagonizaron otro Culiacanazo y los dejaron libres.
¿A quiénes pescaron? Entre otras personas, a la mamá, la hermana y la prima de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima. ¿Y qué pasó? Pues nada, porque en todo el operativo no había nadie con una carpeta de investigación completa. Por el delito, era la Fiscalía General de la República la responsable de llevar el proceso sin embargo no lo hizo. Los militares y la guardia nacional entregaron a las sospechosas a la fiscalía local y se lavaron las manos. Y finalmente la Fiscalía del Estado, con evidencia circunstancial, no tuvo más remedio que soltarlas en menos de una semana.
Nueva Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, ejército en las calles, abrazos no balazos; no habrá estrategia que funcione mientras el sistema siga operando sin inteligencia y con tantos vericuetos burocráticos que sea imposible pescar a alguien importante y mientras las autoridades no hagan su debida diligencia y tengan la investigación armada y su información lista para llevar a juicio y condenar a los que sí (de chiripa) pescan.
Mientras tanto, la violencia sigue. El Cártel de Santa Rosa de Lima es relativamente nuevo, entrando principalmente en el lucrativo negocio del robo de combustible en 2017 y haciéndose con el control de buena parte de Guanajuato. Su enfrentamiento con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que quiere la plaza y el negocio del huachicol, ha dado lugar a feroces enfrentamientos en el Estado y es evidencia de que la supuesta lucha contra el robo de combustible que nos dejó sin gasolina a principios del año pasado, fue pura palabrería. Es un escenario muy diferente al que tenía Calderón en el lejano 2006, agravado por una administración que lejos de resolver, sólo está sumando al problema. .
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