Asedio a la libertad de expresión

Muchas veces hemos insistido en este espacio que el político es un juego de apariencias; que quien sepa y pueda controlar la manera en que lo perciben, por si mismo y en relación con el resto de los jugadores, es quien jugará con ventaja. Para ello, los actores políticos se valen de narrativas; historias más o menos basadas en los acontecimientos reales que van contándole al público y sobre las que van acomodando las cosas según les conviene. De esa manera pudo nuestro actual presidente, por ejemplo, posicionarse desde el lejano 2004 como el héroe del “pueblo bueno”, opuesto a una “mafia del poder” corrupta que conjuraba “complots” para desaforarlo y sacarlo de la carrera presidencial, o robarle las elecciones dos veces. "Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad", decía Joseph Goebbels, propagandista Nazi.

Parte de construir esa narrativa, sin embargo, pasa por asegurarte de que tu versión es la que predomina en medios, que sea de la que se habla, vaya. Esta necesidad es doblemente imperante si pretendes construirla a nivel nacional y directamente proporcional a cuán alejada esté dicha versión de la realidad que pretendes cubrir. En ese sentido, a la presente administración le resulta punto más que indispensable controlar a los medios.

Comenzaron con la mañanera, que no es otra cosa que su manera de marcar agenda. ("Respetuosamente les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa") Pero haciendo agua en todos los frentes: económico, de salud, de seguridad y ahora en el del supuesto combate a la corrupción (el videoscándalo es un torpedo que estalló debajo de la línea de flotación del gobierno federal) la lucha por controlar el discurso es cada vez más férrea y hoy por hoy, amenaza a la libertad de expresión, básica en cualquier democracia.

El jueves pasado, la Secretaría de la Función Pública acusó a la Revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, de falsificar un comprobante del INFONAVIT “para ocultar sus deudas en aportaciones patronales” y obtener “adjudicaciones millonarias”. La sanción, publicada en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe a todas las dependencias del gobierno contratar servicios de ningún tipo con Nexos, además de imponerle a la publicación una multa que ronda el millón de pesos.

Es un intento burdo por acallar una voz crítica (que lo ha sido de todos los gobiernos, desde su fundación en 1978) que, por mencionar dos afrentas recientes, se atrevió a publicar datos que dejan adivinar la verdadera dimensión de la pandemia del COVID-19 en México y cuestiona, con información en mano, la política en materia energética de la administración Morenista. (Recomiendo encarecidamente revisar el blog “Taller de Datos” de dicha casa editorial, no tiene desperdicio)

La adjudicación “millonaria” a la que se refiere la SFP tiene un monto de apenas $66,000 pesos más IVA. El supuesto ocultamiento de deuda se debe, con toda probabilidad a un error de administración que quedó resuelto frente a la autoridad correspondiente hace dos años. Tan seguros están de ello, que los abogados de Nexos están prestos para defender la cargada. Por mi parte tengo mucho interés en ver en qué acaba el asunto. A Manuel López y su gobierno, cualquier confrontación por la vía legal le causa escozor y temblorina en las piernas y esta se trata de una batalla definitoria por un pilar indispensable en cualquier país democrático y abierto.